Trasmediterránea denuncia trabas para operar en Melilla

Acciona Trasmediterránea ha denunciado que está teniendo dificultades para desarrollar la actividad de sus buques en Melilla con el nuevo contrato de servicios público que acaba de ganar a la firma Balearia, de la que tiene el 40% empresario balear naviero y hostelero Abel Matutes que fue ministro de Asuntos Exteriores con el anterior Gobierno del PP. El propio director general de Acciona Trasmediterránea, Juan Saéz, ha señalado que no entiende las continuas pegas y dificultades que ponen tanto los responsables de Puerto de Melilla como los responsables políticos de la Comunidad Autónoma. Parece como si quisieran que el contrato lo hubiera ganado Balearia, se afirma en la empresa.

Acciona Trasmediterránea, la empresa naviera que controla la familia Entrecanales desde su privatización en julio de 2002, se ha adjudicado el concurso de servicio público convocado por el Ministerio de Fomento para realizar el transporte de viajeros para cinco años desde la Península y Ceuta y Melilla. La adjudicación se ha logrado en dura pugna con Balearia, su gran competidor en este sector.La pugna comercial entre ambas empresas ya viene de lejos, aunque se ha recrudecido en el último ejercicio debido a que Balearia denunció a Trasmediterránea ante los órganos de Competencia cuando esta última adquirió el pasado mes de marzo la firma naviera Euroferrys. Finalmente, el Tribunal de Defensa de la Competencia autorizó en junio pasado la compra de esta empresa pero le impuso una serie de condiciones que limitan su actividad.

El contrato que ahora se ha adjudicado Trasmediterránea tiene una duración de cinco años que comenzaron a contar el pasado 1 de octubre. Trasmediterránea ya había ganado el del anterior periodo de cinco años en el que no tuvo a ningún competidor. Sin embargo, para la adjudicación de este último contrato sí se ha producido una fuerte batalla en varios frentes, según fuentes conocedoras del proceso de adjudicación. El monto del contrato del estrecho asciende a 41,6 millones de euros para todo el periodo y no cubre el segmento de carga que está totalmente liberalizado y que no está sometido a concurso.