Territorio retira el control urbanístico a Catral porque tiene 1.270 casas ilegales

La Generalitat retiró ayer las competencias urbanísticas al municipio alicantino de Catral, gobernado por los socialistas, por no atajar la "proliferación" de casas ilegales en su término. El consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, justificó la drástica medida, sin precedentes, en la existencia de al menos 1.270 casas sin licencia levantadas sobre suelo no urbanizable y en el parque natural de El Hondo. La decisión tomó por sorpresa al alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez, que afirmó que negociaba una solución. Los socialistas exigieron al consejero la misma contundencia en localidades del PP.

La notificación de rechazo del concierto previo llegó a Catral el pasado 22 de septiembre

El consejero aseguró que Catral ha experimentado un crecimiento "desordenado y completamente excesivo", y que la intervención de la Generalitat era "inaplazable" ante la falta de reacción del Ayuntamiento. Según sus datos, en 2002 había 358 viviendas ilegales, una cifra que en 2005 alcanzó las 1.270 y probablemente se haya sobrepasado ya. Las casas se han construido sin ningún tipo de licencia, planeamiento o servicios en suelo no urbanizable y en terreno protegido del parque natural de El Hondo. González Pons destacó que la ocupación ilegal de suelo en Catral se ha multiplicado por cuatro y afecta a casi tres millones de metros cuadrados.

La Generalitat conocía la situación urbanística de Catral, por denuncias de afectados a la justicia y al menos un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que ya urgió a actuar en octubre de 2004. González Pons argumentó que la consejería ha estado en contacto con el Ayuntamiento desde principios de legislatura y le exigió la redacción de un concierto previo, el documento de directrices de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Catral lo presentó el 5 de mayo de 2005, y la consejería tardó más de un año en rechazarlo. Según el consejero, el pasado 24 de julio descartó el documento porque no contemplaba más del 50% de las casas ilegales y no aportaba salidas urbanísticas. La notificación oficial no llegó a Catral hasta el 22 de septiembre.

González Pons envió ayer al Ayuntamiento al director territorial de Alicante y a la Policía Autonómica para notificar al alcalde que le retira las competencias de ordenación urbanística y le da un mes para redactar otro concierto. De ser insatisfactorio, la Generalitat asumiría también las competencias de planeamiento y no descarta pedir al Gobierno la disolución de la Corporación, como en el caso de Marbella, recalcó el consejero. El expediente se remitirá a la Fiscalía por un posible delito contra la ordenación urbanística. El consejero no quiso señalar al alcalde o a las constructoras, pero sí acusó al Ayuntamiento socialista de "dejadez".

"Espero que esta actuación tenga un carácter ejemplarizante", enfatizó González Pons, quien enarboló la bandera del rigor urbanístico justo un día antes de la moción de censura del PSPV-PSOE contra el presidente del Consell, Francisco Camps, y después de meses de denuncias de la oposición al PP por el desaforado desarrollo urbanístico de los últimos años en la Comunidad Valenciana. La política urbanística del PP mereció el año pasado la censura del Parlamento Europeo, que recibió más de 15.000 quejas de afectados.

El consejero admitió que hay otros municipios valencianos con construcciones ilegales, pero no quiso ponerles nombre y consideró que "ni de lejos" incumplen la normativa como Catral. Los socialistas lanzaron inmediatamente una larga lista de casos que afectan a municipios del PP y exigieron al Consell la misma contundencia. El primero fue el alcalde afectado, José Manuel Rodríguez, quien manifestó su sorpresa por la medida y se preguntó "por qué no se ha hecho antes, cuando en realidad desde que finalizó 2005 hay muchas menos viviendas irregulares". Rodríguez calificó la decisión de González Pons "de una oportunidad política escandalosa" y aseguró que las viviendas están en pleno proceso de regularización. El alcalde explicó que acordó con la consejería incluir las casas ilegales en la revisión del PGOU, y que en una carta del 19 de septiembre pidió información sobre el concierto a la consejería, que contestó el día 22 -el Consell dice que avisó de su decisión en julio por teléfono-. En la contestación, la consejería rechaza el documento e insta al Consistorio a rehacerlo para "minimizar el impacto territorial" de los núcleos irregulares. Menos de dos semanas después ha asumido las competencias. "Es increíble, por un lado nos abren la puerta a poner fin al caos, y ahora asumen ellos la disciplina urbanística", criticó Rodríguez, que no pudo especificar el número de casas ilegales. El Ayuntamiento, alegó el alcalde, se ha visto "desbordado" por la "brutal presión urbanística" y citó los casos de Dolores, Almoradí, Orihuela o Callosa del Segura, que "están igual, pero al estar gobernados por el PP no se comenta".