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El Gobierno hará las obras prometidas, pero "quizá no en el plazo previsto"

El acuerdo alcanzado el pasado julio por el Ministerio de Fomento y la empresa Duch preveía destinar los 1.200 millones de plusvalías del ministerio a diversas mejoras en la red ferroviaria madrileña. La ministra, Magdalena Álvarez, aseguró que las obras estarían terminadas en "cuatro años y medio" y subrayó que, de esa forma, los beneficios de la operación revertirían "íntegramente a los madrileños". Pero Ayuntamiento y Comunidad denuncian que todas las inversiones anunciadas estaban ya comprometidas por el Gobierno, y que éste se servía así de un proyecto común para financiar obras propias sin tener que costearlas con cargo a los presupuestos.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, afirmó ayer que las obras se harán "en cualquier caso", aun en el supuesto de que la Operación Chamartín quede nuevamente bloqueada. Pero añadió: "Quizá no sería en los plazos previstos inicialmente". Es decir, que la parálisis de la Operación Chamartín retrasaría la ejecución de obras que el ministerio anunció, en algunos casos, hace meses.

Esas obras son básicamente las siguientes: la construcción de la nueva estación de Chamartín, el túnel de ancho internacional entre Atocha y Chamartín, el nuevo acceso ferroviario a la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas, la remodelación íntegra de toda la red -líneas, señalización, material-, una nueva estación en Fuencarral y otra en Hortaleza. En total, 950 millones de euros. Con los otros 250 millones se levantarían 2.000 viviendas de precio protegido.

Los gobiernos de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón exigen, por el contrario, que las plusvalías de la Operación Chamartín sirvan para pagar nuevas infraestructuras "en la zona que se va a desarrollar", no para financiar obras de Renfe.

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