El Tribunal Electoral de México rechaza el recuento voto a voto exigido por López Obrador

El candidato izquierdista sufre un varapalo en su intento de anular las elecciones presidenciales

El izquierdista Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México y líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sufrió ayer un duro revés en su pretensión de anular el resultado oficial de las elecciones presidenciales del 2 de julio. El Tribunal Electoral (Trife) rechazó por unanimidad su exigencia de hacer un recuento total de los votos emitidos en los comicios. Los siete magistrados, que no encontraron pruebas de las supuestas irregularidades denunciadas por López Obrador, ordenaron un nuevo recuento en menos del 9% de las 130.000 mesas electorales.

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"Esta decisión es legalmente endeble, no tiene argumentación suficiente y de fondo", dijo López Obrador a sus seguidores, a los que anunciará, hoy, "las nuevas acciones de protesta".

Los magistrados votaron a favor de la resolución preparada por el presidente del Tribunal, Leonel Castillo, según la cual "no procedió la acumulación de todas las impugnaciones", tal y como había solicitado la coalición Por el Bien de Todos, que encabeza el PRD, "al no existir un respaldo en doctrina y jurisprudencia". La decisión se fundamenta en el hecho de que la alianza que postuló a López Obrador no presentó reclamaciones legales en los 300 distritos, sino únicamente en 230, de las cuales varias decenas fueron rechazadas por carecer de fundamento. Así las cosas, el recuento se realizará en 11.839 de las 130.477 mesas electorales (un 9,07% del total), es decir, en 149 distritos.

Una de las razones de fondo esgrimidas por los magistrados es que no hay pruebas de las "supuestas irregularidades" denunciadas por la coalición Por el Bien de Todos, cuyos representantes abandonaron la sala de plenos del Tribunal cuando se dieron cuenta que la decisión no correspondía a sus deseos.

El magistrado presidente defendió además la integridad del sistema electoral mexicano. Leonel Castillo recordó que son los ciudadanos, escogidos por sorteo y capacitados, los encargados de las urnas y del escrutinio, bajo la supervisión de los partidos. Y esto, señaló, hace inviable un fraude. "Los ciudadanos proporcionan la certeza del proceso de cómputo", dijo.

La decisión de los magistrados, cuyas resoluciones son inapelables, significa la pérdida de un segundo asalto para López Obrador en su batalla por revertir el resultado de las presidenciales. Su primer revés ocurrió cuando el Instituto Federal Electoral (IFE) informó de que el conservador Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN) superaba al candidato de la izquierda por una diferencia de 234.934 votos (un 0,58% de los sufragios).

El viernes, víspera del anuncio del Tribunal, Andrés Manuel López Obrador había reiterado su demanda de un recuento general "voto por voto", pues no acepta el resultado de una jornada que observadores extranjeros y nacionales calificaron de ejemplar.

Amenazas veladas

El izquierdista no quita el dedo en el renglón y asegura que fue víctima de un fraude, que quedaría al descubierto si se abren todos los paquetes electorales y se recuentan los sufragios. De manera velada, lanzó una amenaza, cuando dijo: "Lo saben los magistrados, lo sabemos todos, porque es un asunto de sentido común. Si se quiere resolver el problema no hay que andar con indecisiones y con medias tintas, nada de que sólo una pequeña parte de los paquetes electorales. Queremos la apertura de todas las casillas [mesas]... No es exagerado decir que el destino de la vida pública de México está en sus manos". Las reacciones fueron inmediatas. El Tribunal, que permanece resguardado por centenares de policías y en cuyas instalaciones un grupo de militares vigila los paquetes que han sido trasladados a la institución, fue escenario de airadas protestas de simpatizantes de López Obrador, que gritaban insultos de "vendidos", "rateros" y "traidores" a los magistrados.

En cuanto la resolución se conoció en la plaza del Zócalo, escenario del campamento central de "resistencia civil" instalado desde el 30 de julio por miles de seguidores del líder izquierdista, se levantó una ola de repudio, con consignas como "si no hay solución, habrá revolución". Todo en espera de recibir las instrucciones de Andrés Manuel López Obrador, que en un primer momento rechazó la resolución judicial y llamó a seguir con las protestas.

Los magistrados Mauro Reyes, Eloy Fuentes, Alfonsina Navarro, Fernando Ojesto, Jesús Orozco y Alejandro Luna votaron a favor del documento presentado por el presidente, Leonel Castillo, quien expuso entre otras cosas que en la demanda de la coalición "no se evidenciaron las supuestas irregularidades, por las cuales habría una intervención indebida de funcionarios gubernamentales federales", ni tampoco "su pretensión en el sentido de que el número de votos nulos era atípico, con relación, incluso, con los sufragios obtenidos por los candidatos no registrados".

Acusaciones sin efecto

Incluso puso de manifiesto que algunas de las "irregularidades graves señaladas por el actor o denunciante", es decir la coalición Por el Bien de Todos, correspondían a la etapa de precampaña o a la campaña, sin que ello alcanzara o tuviera impacto en el proceso de escrutinio y cómputo. Se refirieron así a las supuestas campañas difamatorias contra el abanderado de la coalición, provenientes, según él, de "sectores gubernamentales, religiosos o empresas extranjeras".

La sesión pública del tribunal se prolongó por espacio de dos horas y cada uno de los magistrados fijó su postura. El nuevo escrutinio comenzará el próximo miércoles, 9 de agosto, y se desarrollará hasta el domingo de forma ininterrumpida y bajo la supervisión de autoridades, notarios, jueces y representantes de los partidos, tras lo cual el Tribunal debe emitir un fallo.

Germán Martínez, representante del Partido Acción Nacional, en una primera reacción calificó el falló como correcto, pues consideró que respalda el escrutinio realizado por el IFE. "Estamos seguros de que se ratificará con solidez la victoria de Felipe Calderón", añadió, y pidio a López Obrador que respete la decisión de los jueces y demuestre su compromiso con la legalidad.

El PRI acepta el fallo

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aceptó ayer el fallo del Tribunal Electoral, que desestimó hacer un recuento total de los votos de las elecciones presidenciales del pasado 2 de julio en México, informa Efe. Con la aprobación de un recuento parcial adoptado se hizo "una correcta interpretación de los procedimientos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)", dijo el PRI en un comunicado en el que también señala que la determinación de contar "tan elevado número de paquetes electorales garantizará la certeza en el total de las casillas" y dará certidumbre a la pasada elección, la más reñida en la historia reciente de México.

El PRI, partido que gobernó México de 1929 a 2000 de forma ininterrumpida, cree que el fallo "muestra una consistencia lógica suficiente para dar certeza al conteo voto por voto realizado en las casillas [mesas electorales]".

Tras quedar tercero en la carrera presidencial de los pasados comicios, el PRI parece abocado a una profunda renovación. El partido espera que el recuento parcial "permita construir un ambiente de diálogo político y ejercicio pleno de la pluralidad democrática rumbo al cambio de gobierno". La formación sigue siendo la segunda fuerza política en el Senado, por detrás del Partido Acción Nacional (PAN) de Felipe Calderón. En la Cámara de los Diputados será la tercera fuerza política en la próxima legislatura, que comienza el 1 de septiembre. Tras el PAN está la coalición de López Obrador.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0005, 05 de agosto de 2006.

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