EU acusa a De Miguel de acumular año y medio expedientes de menores sin resolver

La Consejería de Bienestar Social, que dirige Alicia de Miguel, tiene sobre la mesa un millar de expedientes sin resolver que afectan a menores "que tienen que salir de su entorno, algunos de ellos, por riesgo de violencia física o acoso", según denunció ayer la concejal de EU-L'Entesa en el Ayuntamiento de Valencia, María Victoria González. Los informes los remiten a la consejería los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia y, en algunos casos, están parados "año y medio", aseguró González. Un problema que la edil achacó "a la falta de personal y de medios" de la Generalitat.

La concejal de Progreso Humano, Marta Torrado, del PP, "es conocedora de toda esta situación, pero no hace nada porque en la Generalitat gobierna el PP. Estoy convencida de que si al frente del Consell estuviera otro partido político, la concejal ya habría puesto el grito en el cielo y estaría exigiendo soluciones inmediatas", subrayó la representate de EU-L'Entesa. María Victoria González fue más allá en su denuncia, y acusó a Bienestar Social de enviar a menores tutelados en centros de acogida a sus casas durante el verano por falta de sustitutos para los educadores que se toman vacaciones. Y lo hace, según la concejal, "a pesar de existir informes negativos de los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia que recomiendan que no se haga".

La consejería no quiso pronunciarse ayer sobre las denuncias de EU-L'Entesa. Bienestar Social aseguró el miércoles que ha incrementado los recursos de protección de menores: de 76 centros y 1.539 plazas en 1996 se ha pasado a 142 centros con sitio para 2.200 niños. Un aumento insuficiente, según EU-L'Entesa, como demostró hace unos días el hecho de que dos hermanos de 13 y 15 años recogidos por desamparo por la Policía Local fueran rechazados en dos centros de recepción de la provincia de Valencia y la ciudad -Monteolivete y Godella- por falta de sitio. Acabaron en un tercer centro en Alboraia, que atiende sólo a menores de siete años, criticó González. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia intervienen anualmente en unos 1.500 casos de menores que necesitan ayuda o protección, pero los centros dependen de la consejería.

La concejal también se refirió al caso del campamento infantil de Bronchales (Teruel), organizado por el Ayuntamiento a través de una contrata y que fue disuelto la semana pasada por la Guardia Civil porque el director estaba en busca y captura por un supuesto delito. Los 38 menores, de familias con pocos recursos, se apuntaron a un campamento dirigido por la empresa Activa, pero esta subcontrató el encargo con una firma que no estaba dada de alta. La concejal Marta Torrado ha cerrado el asunto con un apercibimiento a Activa, que no comunicó la conflictiva subcontratación, criticó González.

El PSPV consideró "vergonzoso" el silencio de la alcaldesa, Rita Barberá, en torno a este caso.