Barça, elecciones por orden judicial

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona se celebrarán en breve, probablemente en septiembre, y no en junio de 2007 como había dispuesto la junta que preside Joan Laporta. Esa es al menos la consecuencia más inmediata de la resolución adoptada por Roberto García, titular del Juzgado de Primera Instancia número 30 de Barcelona, ante la demanda presentada por un socio basada en que considera que han sido incumplidos los estatutos del club. La sentencia, de 29 folios, condena al FC Barcelona a "abrir un proceso electoral para la renovación de la junta directiva de forma inmediata".

El juez entiende que el mandato de la junta, que tomó posesión el 22 de junio de 2003, "finalizó a todos los efectos en fecha de 30 de junio de 2006". En definitiva, el embrollo se produce porque los estatutos del Barça determinan que se cuenta como un año de mandato el periodo previo al 30 de junio -aunque se trate sólo de ocho días-, mientras que la junta estima "ilógico y erróneo" identificar un ejercicio económico con un año de mandato.

La resolución fue comunicada a ambas partes ayer al mediodía. El club no se pronunció hasta varias horas después. Lo hizo para anunciar la convocatoria, mañana con carácter de urgencia, de una reunión de la Junta Directiva en la que se debatirán las decisiones a adoptar. Contra la sentencia cabe un recurso de apelación en un plazo máximo de cinco días desde que fue notificada y que, en su caso, deberá resolver la Audiencia Provincial de Barcelona. Sin embargo, en el seno de la junta de Laporta, y a la vista de la sentencia, se considera que lo más prudente es convocar ya las elecciones. Además, el abogado del socio demandante, Juan Manuel de Foronda, ha anunciado que pedirá la "ejecución provisional de la sentencia" en el caso de que el Barcelona decida recurrir.

El fallo del juez Roberto García rechaza los argumentos de la directiva del Barcelona, defendida por el bufete de abogados de Miquel Roca Junyent y que fue avalada por un informe de la Secretaria General de L'Esport de la Generalitat, y condena al club al pago de las costas. Rechaza uno de los argumentos esgrimidos por la directiva: la existencia de un acuerdo adoptado por la asamblea general de compromisarios por el que fue autorizada a convocar las elecciones en 2007.

El varapalo a las tesis del club podría conllevar consecuencias más graves si algún socio denuncia a la directiva, sentencia en mano, ante el Tribunal Català de L'Esport (TCE). Este Tribunal archivó la semana pasada la denuncia de otro socio contra la directiva pero en su resolución argumentó que, pese a considerar que la directiva de Laporta ha cometido "un incumplimiento flagrante de los estatutos", criterios de "prudencia e intervención mínima" le hacían archivar la denuncia a la espera de que se pronunciase la justicia ordinaria. Sin embargo, en dicha resolución, el TCE se declaró competente para depurar responsabilidades e imponer las sanciones pertinentes si la jurisdicción civil coincidía, como ha sido el caso, en que se ha producido un incumplimiento grave de los estatutos del club. Fuentes del TCE, que no puede sancionar de oficio, explican que una nueva denuncia del mismo u otro socio del Barcelona podría desembocar en la inhabilitación de la junta de Laporta por un periodo de un año a perpetuidad por incumplimiento estatutario grave. En ese caso, Laporta sólo podría presentarse a la reelección si lograra del Tribunal Superior de Cataluña la suspensión cautelar de la sanción.

La situación provoca perplejidad y preocupación en la afición del Barça que no entiende por qué, tras un año triunfal en el que el equipo ha conquistado la Copa de Europa y la Liga y en la que la entidad ha llegado casi a 150.000 asociados, se produce un revés tan perjudicial para el club. Incluso se abre un interrogante sobre la validez de las disposiciones de la junta, entre las que están los fichajes, desde que, según la sentencia, finalizara su mandato el pasado 30 de junio.