El TSJ anula un acuerdo municipal de La Vila que permitió construir 5.000 viviendas
El Ayuntamiento llevará al próximo pleno una propuesta para intentar subsanar la irregularidad
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado "nulo de pleno derecho" el acuerdo municipal de aprobación de Plan Parcial 1 de La Vila Joiosa (Marina Baixa) que afecta a 5.000 viviendas ya finalizadas y habitadas en la Cala de Finestrat por defectos formales en la tramitación. La sentencia fue emitida el 27 de junio y notificada al consistorio el pasado martes día 11 de julio. El pleno del Ayuntamiento de La Vila Joiosa aprobó el 4 de julio de 2002 el plan de mejora 2 del sector PP-1, con los 10 votos favorables del Partido Popular.
El TSJCV estima que el acto de aprobación "se ha producido con infracción de las reglas de funcionamiento de este órgano municipal, pues el acuerdo se adopta con tan solo diez votos favorables, cantidad inferior a la mayoría absoluta" ya que en el Ayuntamiento de La Vila son 21 ediles. La nulidad determina a su vez que el acto de aprobación definitiva del Consell, también objeto del recurso, ya que "no puede aprobar definitivamente por sí la ordenación sin la fijación válida de la voluntad municipal sobre la que se rige la voluntad autonómica para componer el acto aprobatorio", según dicta la sentencia.
El consistorio y la Consejería de Territorio, ambos gobernados por el PP, alegaron ante el tribunal que la mayoría cualificada tan sólo se necesita para la aprobación del PGOU, y que esta actuación es un Plan Parcial de Mejora. El alto tribunal en cambio considera que la propuesta "en cuanto que modifica el plan general tiene la condición sustantiva de instrumento de ordenación urbanística", y añade que "en caso contrario devendría nulo en cuanto se opusiera al plan general".
El recurso contencioso administrativo planteado por un particular hace cuatro años ha dejado en situación ilegal una de las principales zonas de desarrollo del municipio, e impide, según la oposición, que el consistorio pueda otorgar licencias en la zona, "al quedar fuera del planeamiento urbanístico vigente", indicó un edil, que alertó de que el Ayuntamiento tampoco podrá cobrar impuestos a unas viviendas que "no figuran en el planeamiento aprobado".
El concejal de Urbanismo, Amadeo Sánchez, presentó ayer a la comisión informativa de Urbanismo por vía de urgencia una propuesta similar al Plan de Mejora ahora anulado. Los representantes del PP votaron favorablemente ante el estupor de la oposición, que conoció de esta forma la sentencia y carecía de la información necesaria para pronunciarse. La iniciativa de Sánchez se produjo tan solo dos días después de conocer la resolución del TSJCV y con la finalidad de poder aprobarla en el pleno del 20 de julio, y obtener, ahora sí, una mayoría cualificada que pueda restablecer la legalidad. El proceso se demorará varios años, ya que deberán cumplir los plazos de exposición pública requeridos por la ley, y dar traslado posteriormente a la Consejería de Territorio para la ratificación.
Los tres partidos en la oposición (PSPV, Bloc e Iniciativa Independiente) anunciaron la intención de pedir al secretario municipal un informe preceptivo legal sobre este proceso. "No nos sirve el mismo convenio, porque se redactó y aprobó en base a la LRAU, mientras ahora está en vigor la nueva Ley Urbanística Valenciana. No lo vemos claro. En caso de un cambio de gobierno el año que viene podríamos alegar y no aceptar esa propuesta. ¿Qué pasaría entonces con las viviendas?", se preguntó un concejal de la oposición.
Al lado del polémico Atrium
El PP-1, conocido como Cales y Atalayes, contempla 4.747 viviendas sobre una extensión de 1.046.920 metros cuadrados, lo que afecta, según el PGOU a una población de 10.681 personas. Sin embargo, esta no es la primera irregularidad urbanística que se detecta en el municipio gobernado por José Miguel Llorca, del PP. A escasos metros de allí se encuentra el sector de La Cala, con el Hotel Atrium Beach paralizado por múltiples irregularidades y con una orden de demolición parcial por exceso de edificabilidad. Tras la elaboración de un Plan de Reforma Interior Municipal la consejería de Territorio impuso una multa de 12 millones de euros y obligó a la mercantil Hotel Luna, propietaria del inmueble, a derribar alrededor de un tercio del exceso de construcción, es decir, 14.470 metros. Los trabajos de demolición empezaron hace unos meses aunque se interrumpieron por problemas técnicos en el funcionamiento de los robots.
La presión urbanística se ha incrementado en esta pequeña cala. En La Vila se ha transformado el paisaje de la zona en los últimos cuatro años, con una tala de árboles masiva en la zona de la Torre de l'Aguiló, tal y como han denunciado los ecologistas. El PGOU de La Vila Joiosa aprobado en 1999 está en pleno desarrollo, con 17 de los 37 planes parciales en alguna fase de desarrollo, lo que representa la urbanización en 7,3 millones de metros cuadrados en la población.
Cuando el PGOU se haya desarrollado en su totalidad, la capital histórica de la Marina Baixa alcanzará los 80.000 habitantes, tres veces más de los que tiene en la actualidad.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Villajoyosa
- TSJCV
- Bloc
- Infracciones urbanísticas
- Benidorm
- Política nacional
- PSPV-PSOE
- Corrupción urbanística
- Provincia Alicante
- PGOU
- Delitos urbanísticos
- PSOE
- Planes urbanísticos
- Corrupción política
- Comunidad Valenciana
- PP
- Tribunales
- Política autonómica
- Vivienda
- Poder judicial
- Ayuntamientos
- Comunidades autónomas
- Desarrollo urbano
- Partidos políticos
- Corrupción