Un dirigente nacional del PP avala ante el juez que Camps anulara la asamblea de Elche

Al quinto intento y tras el aviso del juez de no tolerar más aplazamientos, ayer se celebró el juicio por la pelea de militantes del PP de Elche ocurrida hace dos años en las votaciones para elegir los compromisarios que acudirían al congreso provincial. Zaplanistas y campistas evidenciaron su fractura total en el juzgado y se echaron mutuamente la culpa de la trifulca. En su declaración como testigo, el coordinador territorial de la secretaría de Organización Nacional del PP, José María Arribas, explicó que el órgano competente para decidir sobre la asamblea era el regional.

De esta forma el dirigente nacional del PP dio la razón a los militantes afines al que fuera delegado del Consell en Elche Manuel Ortuño, quienes impugnaron las votaciones ante la presunta manipulación de los censos y en contra de la opinión de los zaplanistas.

El responsable de organización llegado de Madrid tuvo que esperar hasta última hora de la tarde para realizar su declaración ya que el juicio se prolongó durante más de nueve horas. Arribas fue citado ya que, en su declaración, la responsable local del PP cuando se celebró la asamblea aseguró que había mantenido una conversación telefónica con él y le había instado a que, a pesar de la impugnación, siguieran las votaciones. Arribas declaró ante el juez que efectivamente esto es así, pero reconoció que nadie le había informado del hecho de que Enrique Crespo, secretario regional de Organización del PP, había decidió la suspensión excepcional de la asamblea "ante la imposibilidad de garantizar la integridad física y los derechos de los militantes". Arribas añadió que la entonces responsable local, Josefa Martín, "sólo le dijo que había tensión" pero "no le informó de altercados concretos".

Mientras el juez trataba de dirimir en el proceso sobre los delitos de lesiones, amenazas y coacciones entre los militantes del PP ilicitano, (para ello, además de un buen número de testigos, se visionaron las grabaciones aportadas por los abogados de las imágenes grabadas por las televisiones locales), los denunciados y denunciantes lo que trataban era de que se determinase quién tenía la potestad de suspender o no la asamblea. La lucha entre campistas y zaplanistas, entre afines a la dirección regional de Ripoll o a Ortuño (suspendido cautelarmente de militancia por insultar a Enriqueta Seller), era encarnizada y no se prevé calma de cara a la vuelta del verano, momento en el que deberá convocarse asamblea local.

Los militantes del PP de Elche acabaron la noche del 22 de noviembre en comisaría y en el hospital y dos años después ventilan su división interna en el juzgado. El de ayer es sólo uno de los dos procesos judiciales que hay abiertos a raíz de lo sucedido en la asamblea del 22 de noviembre en Elche.

El segundo proceso es la denuncia presentada por Ortuño por presunta manipulación del censo de militantes ilicitanos. Ortuño sostiene que por la mañana del día de la asamblea había un listado y por la tarde se cambió por otro. El juez solicitó a la dirección del partido en Madrid una copia autentificada. Según Ortuño, este listado sigue siendo falso, mientras que según los zaplanistas, es el mismo listado que se llevó a la votación, documento que fue triturado pero que se recogió en bolsas y que el juez tiene como prueba. En este juicio, Manuel Ortuño ha solicitado la comparecencia del secretario de Organización Nacional del PP, Ángel Acebes, así como la del consejero Miguel Peralta, entonces secretario de organización provincial.