Un carné controvertido

El carné por puntos, en vigor desde ayer, somete a los conductores españoles a nuevas normas administrativas de tráfico, mucho más rigurosas que las anteriores, sobre todo porque a las multas y sanciones tradicionales se añade un sistema de pérdida de puntos que puede acabar en la retirada del permiso de conducir de un automovilista en plazos relativamente breves. El procedimiento, se supone que conocido a estas alturas por todos los ciudadanos, consiste en atribuir 12 puntos a cada conductor -ocho puntos a los novatos- e ir restando por cada infracción de tráfico detectada, desde un mínimo de dos puntos por vulneraciones veniales, hasta un máximo de seis puntos por tropelías tales como conducir con tasas elevadas de alcohol en sangre o circular en sentido contrario a lo establecido. Un auténtico punto y aparte para el tráfico en España. La dirección general del ramo insiste en que el carné por puntos ha reducido los accidentes de tráfico y su mortalidad en los países donde se ha aplicado, como en Francia o Italia, por ejemplo. Pero tal circunstancia no garantiza su eficacia en las carreteras españolas, por razones que conviene recordar.

El carné español por puntos suscita objeciones de diverso calado. Entre las menores puede citarse el exceso de celo que lleva a la retirada de puntos por infracciones que no son peligrosas para el tráfico -aparcamiento urbano en carriles-bus- y que probablemente se irán corrigiendo con el tiempo. Otras son de mayor alcance, como una cierta indefinición en el derecho a reclamar que debe asistir en todo momento a los sancionados. Y, por fin, no hay que olvidar que el éxito del sistema va a depender de la capacidad que tenga la Administración para gestionar su aplicación. De nada servirá una norma rigurosa, con la amenaza teórica de retirada del carné, si no hay medios -radares, agentes- para detectar las infracciones. El nuevo carné tiene que ganarse la credibilidad desde el primer momento. Tampoco servirá de mucho retirar carnés si no se controla uno de los efectos perversos de la nueva legislación, como el muy probable aumento del número de conductores que circulan sin él.

En la medida en que el carné por puntos puede reducir el número de accidentes y muertos en carretera, debe apoyarse desde todas las instituciones públicas. Pero tampoco hay que olvidar que el sistema implica colocar a los conductores españoles en un régimen de libertad vigilada. La contrapartida lógica a este régimen severo es que el Gobierno central y las autonomías reconozcan que la responsabilidad de los accidentes no está sólo en los conductores, ni se explican únicamente por la velocidad excesiva. Muchas carreteras nacionales y secundarias son infames, la señalización, incluidas autovías, es muy deficiente, y todavía perviven pasos a nivel peligrosos. El Estado tiene trabajo que hacer, además de descontar puntos.