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Editorial:

ETA contraprograma

El aparato político de ETA no está ocioso. La expectativa de una comunicación de Zapatero al Congreso para informar de su intención de autorizar el inicio del diálogo directo con la banda ha sido aprovechada por los encargados de redactar comunicados para hacerse presentes en los medios, marcando territorio.

En su nuevo escrito eligen como destinatario al Gobierno y la opinión pública española, del mismo modo que en el anterior se dirigían al Gobierno francés. En la parte, digamos, operativa del comunicado, ETA emplaza al Ejecutivo a garantizar que ni la Constitución ni el resto del ordenamiento jurídico serán obstáculos que limiten o condicionen la voluntad del Pueblo Vasco, con mayúsculas, y a poner los medios necesarios para garantizar que no habrá represión, es decir que no se producirán detenciones. Y dicen que existe un compromiso previo del Gobierno en tal sentido.

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Zapatero no consideró oportuno realizar ayer la comparecencia, pero su Gobierno sí respondió al emplazamiento negando la existencia de ese supuesto compromiso político y rechazando la exigencia de saltar por encima de la Constitución y la ley. Es difícil imaginar que cualquier gobierno democrático de no importa qué país pudiera responder de otra manera: que no va a perseguir delitos como la extorsión o que va a poner en suspenso la Constitución y la ley porque así lo exige una banda armada.

La retórica que despliegan para justificar lo perentorio de su emplazamiento es poco convincente. Afirman que a la opinión pública española se le están ocultando realidades como el genocidio lingüístico, la imposición de leyes extranjeras, los asesinatos policiales y parapoliciales, los estados de excepción... Se adivina un intento de recrear literariamente la continuidad del franquismo, a despecho de la realidad de un sistema de libertades y un régimen de autogobierno que refleja la pluralidad de una sociedad en la que no todos los ciudadanos son nacionalistas, y mucho menos independentistas. Y debe quedar claro que quien no ha respetado lo decidido mayoritariamente por el pueblo vasco ha sido ETA, lo que convierte en absurdo su emplazamiento a que el Gobierno se comprometa a respetar la voluntad de los vascos.

Frente a ese patetismo retórico, lo que la opinión pública española, incluyendo la vasca, tiene ahora mismo ante los ojos no es ningún genocidio lingüístico sino la imagen de Txapote, pistola en mano, asesinando a sangre fría a un joven concejal de Ermua arrodillado y con las manos atadas. Y la estudiada indiferencia de ese pistolero en los juicios celebrados estos días.

El comunicado reafirma la voluntad de ETA de mantener el alto el fuego permanente, y aunque no incluye una amenaza expresa, sí rechaza cualquier solución que no pase por darles la razón. Es por ello más necesario que nunca que todas las fuerzas democráticas, empezando por las nacionalistas, contribuyan a deslegitimar sin matizaciones las pretensiones impositivas de los terroristas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de junio de 2006