El Consell carga contra el Gobierno por divulgar los efectos del urbanismo

El pleno del Consell reunido ayer hizo una nueva declaración institucional para quejarse del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Según el Ejecutivo popular, el reciente informe elaborado por un organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, en el que se alerta de los efectos del urbanismo salvaje en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana "obedece a una clara intención política de perjudicar".

Según el Consell, el Gobierno está "divulgando a través de distintos departamentos y entidades" informaciones con las que "está intentando causar unos importantes perjuicios a la imagen de calidad de nuestros servicios así como también a las opciones de desarrollo que los valencianos y el resto de ciudadanos españoles y europeos tienen de la Comunidad Valenciana". El delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, achacó la declaración del Ejecutivo de Camps "a la falta de gestión y a la puesta en práctica de la estrategia del victimismo"

Rambla evita opinar sobre la decisión del PP aragonés de apoyar el blindaje del río Ebro

Para el Consell el origen de las aviesas intenciones del Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero está en la derogación del trasvase del Ebro. "Pedimos al Gobierno de la Nación que cese todos los ataques llevados a cabo y la reconsideración de la ejecución del trasvase de agua del Ebro, así como también la finalización del trasvase Júcar-Vinalopó como ya estaba construyéndose".

En esta consideración de ataques el Consell no incluye la decisión del PP de Aragón de apoyar el blindaje del caudal del río Ebro en la reforma estatutaria para impedir trasvases a la Comunidad Valenciana. El portavoz del Consell, Vicente Rambla argumentó: "Nosotros nos tenemos que preocupar de los intereses de los valencianos y no hablar de las negociaciones que se están llevando a cabo en otro lado". Un criterio que contrasta con la actitud mantenida por el Consell en el caso de la reforma catalana, contra la que Camps ha hecho campaña. Rambla, tras ser interpelado hasta tres veces por la actitud del PP de Aragón, indicó que el PP es coherente en la defensa del trasvase y que esa es la filosofía que defiende no sólo en la Comunidad Valenciana, sino a nivel nacional.

La referencia del pleno del Consell también sirvió a su portavoz Vicente Rambla para criticar a la secretaría de Estado de Comunicación por querer controlar las acreditaciones de los medios de comunicación en los actos en los que intervendrán el Papa, los Reyes y el presidente del Gobierno los próximos 8 y 9 de julio.

Rambla acusó al Gobierno de haber roto de manera unilateral el acuerdo para que fuese la Fundación del Encuentro Mundial de las Familias -integrada por el Arzobispado y las Administraciones gobernadas por el PP- quien regulase las acreditaciones de los medios de comunicación. "Si tuvieran interés en la visita del Papa haríamos una acreditación conjunta. Esperemos que recapacite la Secretaría de Estado de Comunicación", dijo Rambla. La seguridad de los dos jefes de Estado -el Rey y el Papa- y del jefe de Gobierno es competencia del Ejecutivo central.

Por otra parte, el Consell aprobó ayer un crédito de cinco millones de euros para adecuar el antiguo hospital Gran Vía de Castellón para la recepción de enfermos mentales, así como la autorización de la emisión de deuda pública prevista en los presupuestos de la Generalitat de 2006.

En la referencia de los asuntos tratados por el Ejecutivo que preside Camps, también compareció el consejero de Empresa, Justo Nieto, para anunciar la aprobación de dos anteproyectos de ley. El referido a la coordinación del sistema valenciano de ciencia e innovación y el sistema de títulos y acreditaciones propias del sistema universitario valenciano.