Cumplir los plazos

Es muy improbable que la renovación del Consejo del Poder Judicial, prevista para noviembre, ahorre a los ciudadanos la consabida y desagradable refriega entre socialistas y populares, visto el clima de crispación que domina la legislatura. Pero, el menos, los ciudadanos tienen derecho a exigir que esa refriega dure lo imprescindible, de modo que el Parlamento cumpla su tarea en el plazo legalmente previsto. El proceso electivo se ha puesto en marcha oficialmente con la preceptiva comunicación del presidente del Consejo al Congreso y al Senado. En los seis meses que restan hasta la finalización del mandato del actual Consejo, los grupos parlamentarios están emplazados a configurar una mayoría de tres quintos -210 diputados en el Congreso- , constitucionalmente exigible para la elección de los 20 vocales que integran la institución.

También las asociaciones judiciales y los jueces no asociados están emplazados a proponer en estos seis meses al Congreso y al Senado 36 candidatos a las 12 vocalías atribuidas al cuerpo judicial, de los que saldrán los vocales finalmente elegidos por las Cámaras. La renovación del Consejo tendría que suponer una ocasión para reforzar el prestigio de una institución básica para el equilibrio entre poderes en una democracia, y que, sin embargo, es escasamente apreciada por la sociedad y por los propios jueces, que le otorgan una nota de 2,7 sobre 10 en una reciente encuesta.

Para ello, sería necesario que las cualidades profesionales y humanas de los candidatos primaran sobre sus afinidades de partido y que el presidente elegido ejerciera la función de intermediación propia de un órgano colegiado que funciona por el sistema de mayorías y minorías. Es decir, sería necesario elegir un Consejo muy distinto del que viene funcionando desde noviembre de 2001, dedicado una buena parte de su tiempo a hacer informes por su cuenta contra el actual Gobierno, en un uso alternativo y espurio de su verdadera función constitucional.