Contradicciones populares
Mientras la comisión gestora de Marbella no para de precintar edificaciones ilegales y hacer así cumplir la ley, en el PP se empeñan en mantener su discurso reclamando el anticipo de elecciones locales para resolver el problema político que se da en este ayuntamiento. Esta semana se debate en el Congreso su propuesta para hacer posible esta iniciativa, que ha sido rechazada por el Gobierno de la nación por considerarla legalmente inviable. En contra de las expectativas que, inicialmente, se planteaban, lo cierto es que dicha comisión, nada más constituirse, está ofreciendo resultados concretos de su trabajo, a pesar de la compleja realidad que se han tenido que encontrar en este consistorio. A lo que se ve, sin mucho ruido, están trabajando en el afán de aplicar soluciones inmediatas, no sólo a los vecinos, sino, también, a los propios empleados de este ayuntamiento andaluz.
En todo caso, lo de la insistencia del PP en reclamar el anticipo de las elecciones cuando ya hay una salida específica lo suficientemente encarrilada, no debe extrañar lo más mínimo. El espectro de su discurso es tan amplio que se permite el lujo de mantener una cosa y la contraria, si se tercia. Se puede comprobar cada día que pasa en torno a la reforma del Estatuto andaluz. Lo mismo te dice que el proyecto salido del Parlamento andaluz rebasa, ampliamente, los límites de lo que contempla nuestra Constitución que anuncia que no va a recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Asegura que no hace falta reforma alguna sino, más bien, un cambio de Gobierno, pero, a renglón seguido, para no quedarse fuera, se meten de lleno en el proceso. Pone en marcha una campaña contra esta iniciativa pero no se atreve a precisar si, finalmente, va a pedir el no cuando se someta a referéndum por parte de los andaluces.
Situados cómodamente en esa estrategia, el PP no tiene, incluso, remilgo alguno en pedir la retirada del texto en el Congreso, tal y como exige el presidente del partido, Mariano Rajoy, para el caso del Estatuto catalán. Javier Arenas no quiso ser menos, de ahí que pidiera lo mismo para el andaluz. Claro que, inmediatamente, se muestra dispuesto al diálogo, hasta la extenuación, en busca de un acuerdo con el PSOE. Pide afrontar las cosas con seriedad pero permite que aterricen, malamente, aquí sus dirigentes nacionales efectuando valoraciones que suenan a ofensa para los andaluces. Ha sucedido con Jaime Mayor Oreja, quien, fiel a su extremismo, no se le ocurre otra cosa que acusar a este proyecto de Estatuto andaluz de abrir la puerta al islamismo, y, también, más recientemente con María San Gil, quien piensa que lo de "realidad nacional" es de chirigota.
Así están las cosas, cuando despunta un Chaves dispuesto a la pelea para defender la gestión del Guadalquivir. Se las tendrá que ver con el Gobierno de Zapatero y, más en concreto, con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Y todo ello alentado por las encuestas internas que le dibujan un panorama esperanzador.
