Más de 10.000 familias catalanas sufren asedio inmobiliario para que abandonen sus casas

Más de 10.000 familias catalanas sufren mobbing inmobiliario, según estima la Generalitat. Para proteger a los que sean coaccionados para abandonar su vivienda, el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, anunció ayer que su departamento podrá imponer multas de hasta 900.000 euros a los acosadores, de acuerdo con el régimen sancionador que prevé el proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, aprobado esta semana por el Consell Executiu. El Gobierno creará, además, el Observatorio de la Vivienda para canalizar las denuncias.

"Seguro que nos quedamos cortos", apostilló Baltasar tras cifrar en 10.000 los inquilinos acosados, durante una jornada organizada por la Secretaría de Vivienda y la Universidad de Barcelona. Por ello, la ley de vivienda, que deberá ser aprobada por el Parlament, contiene varias medidas para luchar contra estas prácticas.

Los municipios podrán señalar las áreas donde crean que la actividad y la especulación inmobiliarias puedan expulsar a los vecinos. En estas zonas, las administraciones podrán ejercer el derecho de tanteo y retracto, es decir, tendrán siempre la primera opción en las operaciones de compraventa de los inmuebles. Además, la ley prevé que los afectados por asedio inmobiliario puedan obtener una vivienda de protección oficial.

"La falta de instrumentos civiles a menudo coloca a los arrendatarios afectados en indefensión", aseguró Baltasar. Entre las prácticas más corrientes, el consejero citó "abandonar la vivienda, cortar los suministros, promover conflictos entre vecinos y actos incívicos, y generar humedades, peste, incendios o ruidos". La Administración catalana quiere combatir estos abusos con la creación de un organismo, el Observatorio de la Vivienda, que canalice las denuncias de los ciudadanos y con un régimen sancionador que va de los 3.000 a los 900.000 euros para los casos más graves.

El perfil de personas acosadas se corresponde a ancianos que siguen pagando alquileres antiguos al seguir sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. "Tenemos un ejemplo de una mujer que reside en el Eixample y paga poco de alquiler. Todos los vecinos de su finca han ido muriendo o dejando sus viviendas. Y ella está sufriendo mobbing para que deje su casa", señaló la adjunta al Síndic de Greuges, Laura Díez.

Dada la avanzada edad de los asediados, muy pocos saben dónde pueden acudir para denunciarlo. Eso explica, por ejemplo, que el acoso no figurara en 2005 en la lista de las 700 quejas sobre vivienda que recibió el Síndic de Greuges, o que la Oficina Municipal de Información al Consumidor registrara 74 casos de mobbing, el 44% menos que en 2004.

Anuncio del 'síndic'

Díez también denunció que "no hay una buena gestión de los pisos de protección oficial", lo cual supone que haya viviendas sociales vacías. El consejero delegado de la empresa pública de vivienda Adigsa, Miquel Bonilla, lo admitió, pero puntualizó que eso se debe a que la normativa es muy "engorrosa" y "hace inoperante que las adjudicaciones se efectúen con rapidez".

El síndic anunció que este año entregará al Parlament un informe monográfico sobre la vivienda. Ayer ya emitió un comunicado con recomendaciones a las administraciones para combatir el asedio. Entre otras medidas, les reclamó que garanticen el realojo de la gente desahuciada, que lleguen a pactos con las compañías de servicios básicos para evitar mecanismos de acoso como el corte de los suministros y que impulsen líneas más ágiles de ayudas al alquiler y una red de pisos de inclusión.