Los agentes sociales piden al tripartito que ponga en orden los órganos asesores

Empresarios y sindicatos se sientan en alrededor de un centenar de instituciones, entes, organismos y agencias que dependen de la Generalitat, pese a que en Cataluña dicha participación no está regulada. La retribución tampoco. Los agentes sociales exigen al Gobierno catalán, que lleva elaborando la futura ley de participación institucional desde que se inició la legislatura, que racionalice los entes y que aclare sus "retornos económicos".

Patronos y sindicatos coinciden en dos grandes capítulos: racionalización y financiación. Fomento del Trabajo se queja de un exceso de representación. "No tenemos gente para estar en tantos sitios", clama el secretario general de la patronal, Joan Pujol. Pimec admite tener "colapsos" en determinados momentos.

CTESC, SOC, Cidem, Copca, Servicio Catalán de la Salud, Consejo Catalán de la Formación Profesional, mesas locales de formación, de empleo... la lista es interminable. El sector público catalán es una maraña enorme formada, amén de por sus 16 departamentos, por un conjunto de instituciones, algunas de las cuales "se crean por capricho de un consejero", denuncia el dirigente de Fomento. Muchos de ellos están además descentralizados territorialmente hasta el ámbito local, especialmente los vinculados a la enseñanza y el empleo, recuerda Comisiones Obreras. "Nosotros tenemos a 500 movilizadas", explica el jefe del área pública del sindicato, Joan Carles Gallego.

"Está muy bien que participemos en todos los ámbitos de formación, en los que tienen que ver con la industria, el medio ambiente, nos gustaría estar mucho más en las universidades, pero... ¿en el ICASS [Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales]?", insiste Pujol.

UGT no comparte el parecer de Fomento; Eva Granados, secretaria de Política Institucional del sindicato, afirma: "Estamos donde tenemos que estar, en los espacios donde se delibera sobre cuestiones de política social. Y si se crean más instituciones, adelante". Forma parte del sistema democrático, es un derecho reconocido por la Constitución, recuerdan los sindicatos.

Granados apuesta, sin embargo, por la calidad antes que por la cantidad. La ley no tiene que enumerar todos los ámbitos de participación, sino establecer unos criterios, y luego se puede racionalizar". El ámbito del empleo y la formación es uno de los casos más claros: conviven hasta una decena de entes distintos. "Se podrían sintetizar en un gran organismo potente", señala.

Joan Pujol apunta otra clave del interés de los agentes por la futura ley: "Trabajamos mucho y no cubrimos gastos". Ambas partes reclaman que se regule el "retorno" o "reconocimiento" económico de su participación. ¿Cómo?: en función de su representatividad, algo mucho más fácil de establecer para los sindicatos -que llevan a cabo elecciones- que para los empresarios y la ONG, que también participan en ámbitos de colaboración social.

Más dinero

Gallego reclama que el reparto de recursos en este campo -inmigración, normalización lingüística- sea "transparente" para evitar posibles sospechas de "clientelismo".

Los criterios para definir la retribución de los sindicatos, sin embargo, está levantando acusaciones, especialmente por los detractores del bisindicalismo. Las dos centrales mayoritarias se escudan en la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS): la representatividad se alcanza con el 10% en toda España y con el 15% en el ámbito autonómico. La USOC, que ve en el modelo vigente una manera encubierta de mejorar la financiación de Comisiones Obreras y UGT, exige que se les tenga en cuenta, al tener el 10% de la representatividad en algunos territorios y sectores, como ocurre en el Ebro y en los ámbitos sanitario y docente.

La secretaria general del sindicato, Antònia Gil, denuncia el sistema de financiación de las centrales por parte del Ejecutivo catalán, que concede tres millones de euros anuales a las dos mayoritarias y reparte 266.515 euros entre todas, según reza en el Presupuesto de la Generalitat. Gil aboga por que las ayudas se distribuyan en función del número de delegados.