Scotland Yard investiga la 'venta' de cargos a donantes laboristas
Scotland Yard confirmó anoche que se dispone a investigar tres denuncias presentadas contra el Partido Laborista por su supuesta práctica ilegal de otorgar determinados honores, como el de ser miembro de la Cámara de los Lores, a cambio de generosas donaciones al partido. Tanto el primer ministro, Tony Blair, como el Partido Laborista han negado la práctica de esa venta de cargos. En la última tanda de nuevos lores propuesta por el primer ministro, cuatro de los 11 habían donado fondos al Partido Laborista o le habían concedido préstamos a muy bajo interés en vísperas de las elecciones generales del año pasado. El partido ha confirmado la recepción de 14 millones de libras (20 millones de euros) a través de estos préstamos, una cantidad que casi cubre los gastos de la campaña electoral.
La policía confirmó que había recibido tres denuncias por este asunto. Una de ellas ha sido presentada por Angus MacNeil, diputado en los Comunes del Partido Nacional Escocés (SNP en sus siglas en inglés), que se ha dirigido al jefe de la Policía Metropolitana, sir Ian Blair, para que investigue por qué todos los donantes que han otorgado más de un millón de libras (casi 1,5 millones de euros) al Partido Laborista han sido nombrados lores o han recibido algún título nobiliario.
La tormenta política desatada por las supuestas irregularidades que rodean las finanzas del Partido Laborista, unido a la rebeldía de numerosos diputados laboristas en la tramitación de leyes clave, ha debilitado el liderazgo de Blair. Varias publicaciones normalmente próximas al primer ministro, como The Guardian, The Economist y, con más matices, Financial Times, han llegado a sugerir la conveniencia de que dé paso a Gordon Brown este verano.
Charles Clarke, ministro del Interior y uno de los ministros más fieles a Blair, descartó ayer esa posibilidad y aseguró que el primer ministro se mantendrá en el poder hasta 2008. Las próximas elecciones generales están previstas para dentro de algo más de tres años, en la primavera de 2009, aunque legalmente podrían retrasarse hasta 2010.
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