Los del común

Vivimos en un país donde la solidaridad se convierte en derechos, estos en privilegios y de ahí en exigencias. Si el gobierno presta alguna ayuda el destinatario reclama la cuantía y las formas de la misma. No se trata de un acto de ciudadanía, no de una reclamación como usuario, sino de una exigencia por la cual se pretende sacarle al Estado todo lo que se pueda. Lo mismo se engaña a Hacienda en el IRPF que en el IVA que se buscan todo tipo de artimañas para utilizar el dinero y las ayudas públicas en el propio beneficio. Del Estado del Bienestar a la picaresca.

Los beneficiarios de Viviendas de Protección Oficial (VPO), que han recibido importantes recursos públicos para adquirir su vivienda, pretenden ahora que la Junta de Andalucía les permita revender para obtener beneficios. La administración les concedió ayudas para una vivienda por un baremo de necesidad y ahora quieren beneficiarse del incremente en los precios. Baste una visita a la página web (www.vpoandalucia.org ) de la asociación que reclama facilidades en la desclasificación para entender su objetivo: allí ponen el ejemplo del que se compró una casa de renta libre y ahora obtiene beneficios y el que la tiene de protección oficial y no puede tenerlos. Cuando necesitaron del Estado, obtuvieron importantes ayudas (de 6.000 a 8.000 euros más la bonificación de los préstamos) y ahora ven la posibilidad de sacar ventaja. Todo muy carpetovetónico, muy español, muy de "lo quiere con IVA o sin IVA". Primero me compro la casa con parte de dinero público y ahora la vendo y gano.

Es preciso comprender también que la legislación reserva suelo para VPO. Que se construyen promociones en zonas céntricas de las ciudades: el Plan Renfe de Córdoba, la antigua fábrica de Cruzcampo de Sevilla o los terrenos ociosos de astilleros de Cádiz. Gracias al impulso público, no se han mandado las VPO a los guetos del extrarradio, sino que se ha hecho un urbanismo integrador, creando barrios con diferentes grupos sociales. Ahora, una vez que los Ayuntamientos reservaron suelo y la Junta de Andalucía dio dinero, se quiere hacer negocio y se usa la falacia de que muchos necesitan viviendas mayores. ¿Será que la natalidad aumenta sin que nadie se dé cuenta?.

Veo normal, aunque oportunista, que Javier Arenas los apoye. No cabía esperar otra cosa. No sé muy bien si la retroactividad de la nueva Ley de Medidas de la Vivienda Protegida es constitucional o no. Ya se verá llegado el caso. Es cierto que la Constitución impone la irretroactividad de las normas restrictivas de derechos, pero este caso es una garantía de que no se hace un uso perverso de la actuación pública. No es menos cierto que si se atenúa la ley para atender alguna petición, la Junta daría sensación de improvisación, porque se ha cambiado con anterioridad. Es mejor, por seguridad jurídica, tener las garantías sobre los efectos de las normas antes de su aprobación. Aunque la postura de la Junta sea la de atender las demandas de algunos ciudadanos, no siempre los que más gritan llevan razón ni representan a la mayoría. Y perjudicaría a quienes necesitan una vivienda pero no se han beneficiado de una VPO.

El objetivo debe mantenerse: evitar la especulación con viviendas protegidas. Estas viviendas son para personas cuyos ingresos no sobrepasen en 5,5 veces el salario mínimo interprofesional con destino preferente a colectivos con problemas como víctimas del terrorismo, víctimas de la violencia sexista, jóvenes, familias monoparentales, etcétera. Debe ser para primera vivienda y no se pueden beneficiar quienes ya tuvieran otra, pero basta con observar las barriadas de VPO de reciente construcción para darse cuenta de la cantidad de viviendas vacías objeto de picaresca, mientras muchas familias siguen con problemas para adquirir la suya. Por eso es normal que se establezcan medidas de control para evitar engaños, tales como el derecho de tanteo y retracto para la Junta, la necesidad de que las empresas de gas , electricidad y teléfono comuniquen cambios en la titularidad de los contratos, medidas de control para registradores y notarios, que los compradores de una VPO usada reúnan también los requisitos necesarios de renta y circunstancias familiares y que el precio siga tasado . En los últimos 12 años se han construido en Andalucía 200.000 VPO y para este año hay previsiones para otras 30.000 .No se trata de quitarle la vivienda a los que se han beneficiado de las ayudas, sino evitar el negocio con medios públicos y el fraude. Nadie debe lucrarse con el dinero de todos. No puede ser verdad el dicho "lo del común, lo del ningún".