Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra
COLUMNA

Terrorismo

Se presentan las conclusiones de las asociaciones de víctimas del terrorismo decantadas en el transcurso de la celebración del III Congreso Internacional de Terrorismo como firmes posiciones a tener en cuenta por el Gobierno español, ahora que, según parece deducirse de algunos detalles, resulta evidente que no sólo había intención de negociar desde hace muchos meses sino que ya puede referirse el presidente Rodríguez a que no estamos todavía en la fase de proyecto.

La estratégica declaración del presidente del Gobierno en vísperas de la apertura del Congreso señalando que quizás estemos razonablemente cerca de alguna novedad, es cierto, habría creado en los detractores de cualquier negociación o de alguna negociación que implique cesiones impropias del Estado democrático, una alarma que, de inmediato, se ha trasladado a las asociaciones, que, quizás por ello, han centrado sus declaraciones de estos días en reiterar su negativa a la estrategia de la negociación directa o indirecta con ETA.

Discursos oficiales y declaraciones han abundado en criticar -sin conocer exactamente cuáles son las acciones del Gobierno- la mera intención de hablar sobre el tema con el entorno político de ETA, o con las fuerzas políticas que representan al nacionalismo democrático vasco, enfatizando que para las víctimas cualquier cesión ante los terroristas constituye un vilipendio de su dignidad, y una abdicación de la legitimidad democrática que permite al Estado perseguir con todos los medios constitucionales a su alcance a los actores del terror, a sus cómplices, a quienes le complementan, e incluso, a quienes les comprenden, entienden, o simplemente desean que la salida al conflicto se produzca mediante una combinación de generosidad, firmeza y sentido de la historia.

Es lógico que quienes representan a las víctimas se ubiquen en la posición irreductible que se deduce del aluvión de declaraciones recogidas en Valencia estos días, pero no es menos evidente que en la solución de conflictos tan graves como el que nos aqueja desde hace varias décadas, si la convicción de que sólo cabía la solución represiva hubiera gozado de la unanimidad que habría sido menester, las alusiones a salidas negociadas no habrían tenido ningún predicamento. Y no es eso lo que ha ocurrido, pues el propio pacto por las libertades y contra el terrorismo que en su día suscribieron los dos grandes partidos, de entrada, ya no contó con la unanimidad que pretendía pues fuerzas políticas significativas como IU, PNV, CiU, y otras se vieron excluidas incluso por el lenguaje empleado en el texto.

Pero si lógica y digna es la posición de las víctimas, y no unánime la salida exclusivamente represiva del terrorismo etarra, todavía hay que añadir un tercer factor que viene a reordenar los argumentarios y los propios umbrales de lo que es y no es negociable: el dato de que en otros episodios contemporáneos de terrorismos ligados a causas nacionalistas con audiencia social, después de agotar el espacio de las cárceles para ubicar a los presos, una vez comprobado que criminalizar también las siglas políticas paralelas de las organizaciones armadas no facilitaba políticas de represión sin matices (no se puede encarcelar a todos los militantes políticos independentistas, ni mucho menos a los simpatizantes, ni a los votantes,...), se ha buscado otras vías donde el desarme previo llevó a sofisticados, imaginativos y arriesgados pactos para devolver la paz civil.

Vicent.franch@eresmas.net

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 15 de febrero de 2006