Abrir las cárceles

Los asesinatos cometidos por presos de permiso o en libertad condicional alarman a la sociedad, que acentúa entonces su proclividad a la represión y al endurecimiento del Código Penal, y entristecen a los funcionarios de prisiones y profesionales comprometidos con la reeducación y reinserción social de los condenados. Las penas privativas de libertad deberán orientarse hacia ese fin, según el artículo 25.5 de la Constitución. "Los fracasos nos machacan", admite Matías Muñoz, director de Centro Penitenciario Madrid VI, con 1.668 internos en sus módulos. Los quebrantamientos de la ley machacan cuando son cruentos y espantosos porque debilitan la confianza de la sociedad en la rehabilitación de los delincuentes, y causan desesperanza entre los psicólogos, educadores y grupos que la intentan con una filosofía penitenciaria más innovadora. Pocos españoles conocen, sin embargo, que el mismo día en que un penado de permiso reincide, más de dos mil regresan al presidio sin haberlo hecho. Todos los salidos de Madrid VI, cerca de Aranjuez, con pases navideños volvieron a sus celdas, e igual ocurrió en la mayoría de las 77 cárceles repartidas por toda España, 11 gestionadas por la Generalitat. El pasado 11 de enero, 5.521 internos disfrutaban de libertad condicional.

"Llevo 17 años viviendo con ex presos y nunca se puede decir que alguien es irrecuperable"

El endurecimiento legislativo del año 2003, que limitó la libertad condicional, será atemperado

"Decir que un delincuente no tiene arreglo es como decir hace años que el cáncer no se cura"

Actuar para influir en la conducta de los delincuentes presos

Sólo cuatro o cinco psicólogos para prisiones con casi 1.700 internos

La mayoría delinque contra la propiedad y la salud pública

El preso es reinsertable si se habilitan los medios para ello

No obstante, el combate contra la reincidencia, superior al 40% en los promedios, y a favor de la rehabilitación ha sido escasamente fructífero porque no fueron erradicadas las causas que motivaron las conductas delictivas: la pobreza, el paro, la marginalidad, el machismo, la ausencia de valores, el analfabetismo, o la drogodependencia; también los vicios de la condición humana: desde la ambición desmedida al hedonismo extremo. "No es tanto que la sociedad tiene las prisiones que se merece, sino al revés: las prisiones tienen la sociedad que reflejan", indica Carlos García Valdés, catedrático de la Universidad de Alcalá, autor de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LO 1/1979), aprobada por unanimidad hace 27 años. Este destacado académico ha dirigido la comisión encargada de redactar el informe que inspirará, en buena medida, el anteproyecto de la nueva ley orgánica general en preparación, que parte de la relectura de la aprobada el 26 de septiembre del año 1979.

El texto está siendo tramitado en los distintos ministerios y recoge las necesidades de la nueva realidad social y penitenciaria en España. "Hay que ir al menos a una resocialización de mínimos. No le pido a usted (al preso) que acepte los valores sociales, sino que no cometa delitos", indica García Valdés. Ése el es propósito de la redefinición en marcha desde el año 2004, al producirse el cambio de Gobierno: menos rejas, más régimen abierto y más terapia. El tratamiento de la población reclusa desde un enfoque más integral que clínico será el eje fundamental del anteproyecto, que pretende adaptar el funcionamiento del sistema a la realidad española: dar carta de legalidad a las modificaciones que la propia evolución incorporó al régimen interno de las prisiones a través de reglamentos y circulares. Los Centros de Inserción Social, las Unidades Dependientes, o las Unidades de Madres, instituciones no recogidas en la LOGP de 1979, pasarán a formar parte del anteproyecto de ley. También entrará la orientación doctrinal y jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre reducir el castigo al trapicheo de drogas, y sobre visitas y cacheos. Previsiblemente, se mantendrá el cumplimiento íntegro de la condena.

El endurecimiento legislativo del 2003, implantó criterios restrictivos en la aprobación del tercer grado (trabajar fuera de la prisión y dormir en ella) y las libertades condicionales, y se ampliaron los tipos delictivos y las penas. Era más fácil entrar en la cárcel y mucho más difícil salir. Hoy están saturadas. El reto hacia un nuevo modelo es arduo porque la administración, además de otros imponderables, no puede atender con terapias diferenciadas a los 61.265 reclusos censados en noviembre del pasado año (casi un tercio extranjeros), cerca del doble que en 1990. Cerca de la mitad delinquió para costearse la adicción a las drogas. La severidad del Código Penal de 1995, que derogó la redención de pena por el trabajo, entre otras medidas, las reformas de hace tres años, el aumento de los delitos, y sobre el numeroso ingreso carcelario extranjeros a partir del año 2000, determinan que España sea el segundo país de la Unión Europea (UE) con más presos por habitante, 140 por cada 100.000 habitantes, detrás del Reino Unido.

El informe de la comisión de expertos cursado a Interior aligera el acceso al tercer grado, y a la libertad condicional, además de modificar el artículo de la ley, que exige el previo cumplimiento de las responsabilidades civiles y pecuniarias del delincuente con sus víctimas. Pocos presos hubieran salido de las cárceles de haberse llevado hasta sus últimas consecuencias esa exigencia. Los jueces de vigilancia interpretarán si el preso cumple con "la tendencia a satisfacer" esas responsabilidades mediante el pago a plazos u otras señales. "El tratamiento del preso se abordaría no sólo desde las ciencias de la conducta, sino desde el enfoque de todo lo que ayuda a la reinserción: desde el trabajo, la educación, las visitas, los permisos de salida", anticipa García Valdés.

Todo se dirige a evitar que la cárcel sea un elemento puramente punitivo, el castigo por el castigo, más un problema que una solución: el lugar donde la sociedad aparca y oculta sus propios fracasos. Pero la sociedad debe actuar y no sólo desde los poderes públicos. El éxito de la reinserción obliga a la convergencia de partidos, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, agrupaciones profesionales, y sindicatos de empresarios y trabajadores.

"Llevo 17 años viviendo en casa con gente que sale de la cárcel. No se puede decir nunca que alguien es irrecuperable", señala Juan Carlos Ríos, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia Comillas. "La gente se recupera cuando llega el momento y si le damos los medios para ello". Pero la sociedad no acoge bien a los excarcelados, siempre estigmatizados y siempre bajo sospecha.

El 48,8% de una muestra de 330 reincidió, según el último estudio de la Central Penitenciaria de Observación publicado hace cuatro años. El mismo comportamiento lo tuvo el 37,4% de los 1.555 sujetos estudiados por el Departamento de Justicia de la Generalitat en un informe divulgado en el año 2004. Otras fuentes aseguran que la reincidencia sobrepasa con mucho el 60%. Independientemente de la discusión sobre porcentajes, y sobre la diferencia entre reincidencia jurídica y reincidencia policial, "la reeducación y la reinserción es de interés de todos porque España no tiene cadena perpetua, ni pena de muerte como Estados Unidos. Esas personas vuelven a la sociedad. Hay que actuar para influir en sus vidas y producir cambios positivos", subraya Mercedes Gallizo, Directora General de Instituciones Penitenciarias. "Se están haciendo cosas importantes y se están produciendo cambios importantes, que con el paso del tiempo se van a ver más claramente. Estamos detectando que la reincidencia es menor entre los agresores sexuales que reciben tratamiento". La reincidencia pasó del 20% al 4% en algunos grupos de agresores con terapia.

Hacen falta medios para orientar a los internos dispuestos a la reinserción. "No es normal que en una prisión con casi 1.700 internos como la nuestra, con bastante gente pirada, tengamos cuatro psicólogos", lamenta un funcionario de una de las cuatro cárceles españolas visitadas.

Un estudio de la Generalitat considera que son necesarios un psicólogo por cada 120 plazas; un trabajador social por cada 60, un educador por cada 30 y un jurista por cada 120 plazas. El personal técnico de las prisiones representa entre el 10% y el 15% de las plantillas, y el resto, el 85% y el 90% son vigilantes. "Las plantillas tienen que ampliarse en todos los sentidos, pero además de ampliarse tienen que especializarse", pide José Ramón López, presidente de la Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP/Funcionarios de prisiones). "Y también tenemos que tener formación adecuada para las nuevas tendencias de la delincuencia".

La medida más sobresaliente del Gobierno fue aprobar una inversión de 1.647 euros para construir 11 cárceles, Unidades de Madres, y 30 centros de reinserción social entre los años 2006 y 2012. El objetivo es complementar las prisiones con fórmulas susceptibles de vaciar las celdas de aquellos internos con parte de la condena cumplida y ya encarrilados hacia la rehabilitación. La privación de libertad puede cumplirse en un régimen cerrado, con barrotes, cuando hay peligrosidad, pero también en los domicilios, sometido el reo al control de medios telemáticos u otras variantes, cuando el beneficiario no constituya un riesgo social.

"Hay una idea equivocada que identifica las alternativas a la prisión como no castigo o como no pena", dice Mercedes Gallizo. "Pero cuando ya has cumplido una parte de la condena y hay un proceso de reinserción favorable quizá hay que explorar otras opciones para combatir el problema que ha llevado al delito". La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la comunidad española con más presos, es más taxativa: no se necesitan más cárceles, sino más centros terapéuticos porque el 82% de los reclusos es drogodependiente, uno de cada tres sufre hepatitis C, el 15% tiene VIH y el número de enfermos mentales "es elevado y aumenta porque los juicios rápidos no consiguen detectarlos". La mayoría delinquió contra la propiedad y la salud pública. "Tratémosles como enfermos y bajará la reincidencia. La sociedad pide algún tipo de escarmiento, pero que sea un escarmiento eficaz", señala Valentín Aguilera, abogado, coordinador de prisiones de la asociación. "Con este tipo de delincuentes, y una reincidencia muy alta, el 73%, está claro que el sistema no produce resultados, no reinserta, es caótico".

La APDHA argumenta que es más barato construir más centros alternativos y menos cárceles. La cantidad destinada a la política penitenciaria para el año 2005, en los Presupuestos Generales del Estado, ascendió a 746.916.460 euros distribuidos de esta manera: el 86,82%, instalaciones, administración y vigilancia, y el 13,16%, programas de rehabilitación y reinserción. La cantidad anual que cuesta al Estado la plaza de persona presa en un centro penitenciario es de 12.659,60 euros, y cada nueva plaza en una cárcel moderna: 32.850 euros, según un estudio elaborado por la asociación. El coste por persona día en una cárcel es de 90 euros, mientras el coste por día en un programa de rehabilitación en una Comunidad Terapéutica es de 18 euros, de acuerdo con la APDHA. Suponiendo que esas cifras respondan a la realidad, rehabilitar a todos los presos con problemas de drogadicción costaría anualmente en España unos 309.310.879 euros entre programas de rehabilitación y comunidades terapéuticas. El coste anual que representan las personas presas al Estado oscila en torno a los 973.639.609 euros, según el informe.

Otros expertos sostienen que no hay tantos drogadictos en las cárceles como se dice porque el delincuente primario drogadicto de verdad no es encarcelado salvo si recibe una condena superior a los tres años. Lo cierto es que hace falta mayor atención. "Si la ley, como siempre, es magnífica en cuanto al tratamiento del drogadicto o al enfermo mental, tú la ves y dices: 'Madre mía que buena es la ley', pero después, en la práctica, no hay centros", agrega Aguilera. "Te encuentras un familiar que te dice ¿Dónde meto a mi hijo? Ah, si tienes dinero, si tienes capacidad económica...".

La masificación, la falta de espacio, condiciona el tratamiento y los trabajos de reeducación y de reinserción. Cada año ingresan en prisión entre 5.000 y 6.000 personas, que se suman a los miles y miles de españoles marcados por la droga a partir de los años ochenta: quedaron enganchados, deteriorados físicamente y son difícilmente acomodables en sociedad. Muchos no trabajaron nunca, no tienen el hábito, ni la disciplina del trabajo y de los horarios; tampoco la cultura del esfuerzo a la hora de conseguir el dinero. La actuación sobre ellos tiene que ser tan intensa que cada uno de ellos necesitaría cuatro profesionales. "Hoy en día la reincidencia se sitúa en torno al 60% o 70%. No se cultiva una cultura de reinserción, de curar a la gente", piensa Juan Miguel Cazalla, responsable de la UGT de prisiones. "Si tú condenas a una persona y lo tienes como en un almacén, y no lo curas, pues cuando salga, como no sabe hacer otra cosa, volverá a reincidir en el tema y delinquir".

Los teóricos tienden a simplificar las causas de la delincuencia, atribuyéndola al paro, a las drogas, a la mala educación, o las drogas, pero cada caso es diferente y con muchas variantes, según el forense Miguel Oros, profesor de la Escuela Judicial Española, ubicada en Barcelona, con una experiencia profesional de casi 30 años en el estudio de delincuentes. Estoy convencido de que hay dos tipos de personas que delinquen, las que nacen en una sociedad que los enferma 'sociópatas', y los que nacen ya con maldad, los psicópatas".

Fernando Sánchez Medina, de 37 años, que no pisaba la cárcel desde el año 1999, se había casado, tenía una hija y un trabajo de instalador, fue detenido a finales del pasado año como asesino de una familia de joyeros de Castelldefels. No es un psicópata, según Oros, sino uno de muchos sociópatas existentes en las cárceles: gente incapaz de integrarse en la sociedad en la que viven. "Cometen actos malvados no por la alteración de sus capacidades psicológicas, sino por otras causas, la mayoría tiene su origen patológico en la sociedad en la que viven y/o se desarrollan".

¿Son redimibles? "Depende del grado de enfermedad que padezcan, y del momento en que se haga el diagnóstico. Pero por definición, sí 'son redimibles' todos los casos", según el forense. Tal como decía muy bien el Magistrado Gerard Thomas: "Decir hoy día que un delincuente no tiene arreglo es como decir hace unos años que el cáncer no se curaba".

MAÑANA, CAPÍTULO 2: Los presos piden ayuda