Convergència i Unió denuncia que el Gobierno catalán incumple el Pacto del Tinell en políticas sociales

El Pacto del Tinell establece que el tripartito catalán debía elaborar en el primer año de legislatura una ley para complementar económicamente las pensiones. Pues bien. Esta ley, de prestaciones económicas de asistencia social, fue aprobada en el último Consell Executiu de 2005 y, según la oposición de Convergència i Unió (CiU), queda muy lejos de los objetivos que se marcaron los tres partidos de izquierda en el Pacto del Tinell. Ayer, el portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, y el responsable de políticas sociales, Josep Lluís Clèries, realizaron un diagnóstico especialmente crítico de las actuaciones del Departamento de Bienestar Social y anunciaron que presentarán una enmienda a la totalidad contra esta ley y pusieron severas condiciones para dar su visto bueno a una segunda ley que la consejera Anna Simó considera emblemática de su mandato, la de Servicios Sociales.

Entre estas condiciones, CiU exige que la Ley de Servicios Sociales incluya una cartera detallada de las prestaciones a cargo de la Administración; que, temporalmente hasta la creación de las veguerías, los consejos comarcales y no las diputaciones asuman parte de estas competencias; la participación de las entidades de iniciativa social; la fijación de plazos concretos para el desarrollo de la ley; la libertad de elección del usario para ser atentido por la red pública o privada y la no supeditación a normas del Estado.

Puig quiso dar un "grito de alerta" porque, a juicio de la oposición nacionalista, la política de Anna Simó está muy por detrás de los objetivos que incluía el Plan de Acción Social del anterior Gobierno de CiU e incumple muchas de las promesas del tripartito. Por ejemplo, citó los mínimos incrementos de los complementos de pensiones y el endurecimiento de las condiciones para percibirlos ya que, afirmaron, a partir de ahora se negarán a las personas viudas que vivan con sus hijos.