La Audiencia juzga por segunda vez a los amotinados en Fontcalent

Los reos procesados por el motín de la prisión de Fontcalent regresan hoy al banquillo de los acusados para ser juzgados por segunda vez en tres años por la cruenta revuelta carcelaria de noviembre de 1990, que costó la vida a un interno. La repetición del juicio obedece a una sentencia del Tribunal Supremo que consideró ilegal la declaración mediante videoconferencia de los 19 reclusos juzgados.

La segunda entrega de la vista oral se hará a la vieja usanza, o sea, con todas las partes en el mismo espacio: el salón de actos del palacio de justicia de Benalúa. En el escenario del juicio y sus alrededores, sobre todo el itinerario entre la cárcel y la sala de vistas, se ha desplegado un detallado sistema de seguridad, ya que entre los 13 reos protagonistas del segundo juicio permanecen los calificados como muy peligrosos, entre ellos los cabecillas del motín.

Tres lustros después de la cruenta revuelta carcelaria que desencadenaron una veintena de presos del módulo 2 de la prisión de Fontcalent el 12 de noviembre de 1990, los cabecillas del motín, Antonio Cortés Escobedo y Manuel Pinteño, junto a otros 11 internos, regresan al banquillo de los acusados. Entre otros delitos, los procesados, están acusados de la muerte a navajazos de un interno argelino.

El primer juicio por estos hechos, celebrado entre octubre y diciembre de 2002, resultó estéril (salvo para siete de los 19 juzgados). El tribunal, la sección 1ª de la Audiencia de Alicante, condenó a 12 de los procesados a un total de 763 años de cárcel y declaró al Estado, garante de la seguridad en recinto penitenciario, responsable civil subsidiario. Inicialmente estaban imputados 22 reclusos, aunque dos murieron antes de la celebración de la vista y a otro no se le juzgó por su delicado estado de salud.

El inicio de aquella vista oral estuvo acompañado de una decisión pionera en el ámbito de la judicatura española. En aras de garantizar la seguridad del juicio, dada la alta peligrosidad de los imputados, el presidente del tribunal, el magistrado Vicente Magro, acordó que estos declararán por el sistema de videoconferencia, es decir, desde un lugar diferente (en una sala de la cárcel de Fontcalent) al del tribunal y resto de las partes (en los juzgados de Benalúa). Magro subrayó que el sistema estaba "motivado, argumentado y avalado por una circular de la Fiscalía General del Estado".

Enrique Botella, abogado del primer acusado (el preso Antonio Cortés, condenado a 138 años de cárcel) consideró que el sistema de videoconferencia mediante el cual se tomó declaración a los procesados no garantizaba sus derechos fundamentales y recurrió la sentencia al Tribunal Supremo. En su recurso de casación, el letrado esgrimió que el sistema vulneró los principios jurídicos de inmediación (posibilidad de hablar cara a cara con los procesados y observar sus reacciones en las diferentes fases de la vista), contradicción (poder aceptar una conformidad) y publicidad de las actuaciones judiciales (a la sala de Fontcalent donde estaban los presos no se autorizó la entrada de publico).

El alto tribunal asumió las tesis de la defensa y anuló el juicio. Para el Supremo "existen medios más que suficientes para neutralizar el peligro sin suprimir los derechos fundamentales". La repetición de la vista oral no afecta a los siete procesados que resultaron absueltos en el juicio de 2002. Por tanto, los imputados ahora serán 12 (diez encarcelados y dos en libertad), más otro recluso, el convaleciente con motivo de la primera vista, y, ahora, en búsqueda y captura.