La CNMV pone los consejos patas arriba

La presentación del proyecto de Código Buen Gobierno, esperado desde hace un par de años, ha caído como un jarro de agua fría entre las empresas cotizadas. A pesar de su carácter voluntario, el texto utiliza un tono imperativo que ha asustado a unas compañías que llevan años intentando subirse a este carro y que están muy lejos de cumplir las nuevas recomendaciones sobre consejeros independientes, presencia de mujeres en los consejos, transparencia en las retribuciones, funcionamiento de las comisiones o eliminación de blindajes. Algunas lo han calificado de intervencionista. El proyecto está en fase de debate público, por lo que es previsible que las empresas presionen para que desaparezcan las disposiciones más molestas. Si esto no ocurre, algunos auguran un "baile de sillas" en los consejos españoles.

El 94% de los consejeros independientes no se nombra de la forma que fija el nuevo texto, según el último estudio de Spencer Stuart

La historia del buen gobierno, o de cómo deben organizarse las firmas que cotizan en bolsa para respetar los intereses de todos los accionistas, incluidos los pequeños, se ha acelerado en los últimos años a golpe de escándalo. España también se ha apuntado a la tendencia y a pesar de haber llegado tarde -el primer código voluntario es de 1998-, reguladores y empresas han intentado ponerse en cabeza.

Tal vez ha sido esa premura la que ha provocado la confusión de los últimos tiempos. Cuatro años después de la aprobación del Código Olivencia, el de 1998, sólo ocho compañías decían cumplir sus 23 recomendaciones. Luego vino la quiebra de Enron, que manchó a las cotizadas de medio mundo y que en España tuvo como consecuencia el Informe Aldama, una nueva propuesta aprobada en 2003. Aunque ésta fue tachada de blanda e inconcreta, obligó a las empresas a elaborar un informe anual de buen gobierno y a enviarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Es decir, a retratarse ante el mercado.

De la confusión creada por la coexistencia de Olivencia y Aldama nace el nuevo texto, que refunde los anteriores y va aún más lejos. Elaborado como los anteriores por una comisión de expertos del sector público -Ministerio de Economía y de Justicia, CNMV y Banco de España- y privado -casi todos sabios y catedráticos- es un texto muy avanzado en ciertos aspectos, como la definición de consejero independiente o la exigencia de más consejeras.

El proyecto puede ser modificado en función de las propuestas que lleguen a la CNMV hasta el próximo 28 de febrero y es también voluntario para las empresas, pero llega en un momento muy diferente. Las firmas tendrán que incluir en su informe anual de buen gobierno si cumplen sus recomendaciones y, en caso contrario, explicar por qué. La mayoría intentarán seguirlas, coinciden los consultados, porque la presión del mercado es cada vez mayor y porque "las sociedades tienen miedo de que les señalen con el dedo".

Si el texto llega a marzo sin cambios, las cotizadas que quieran seguir ondeando la bandera del buen gobierno deberán cumplir 74 recomendaciones. Lo tendrán difícil. Por poner sólo un ejemplo, el código propone que los consejos tengan entre 7 y 15 miembros, suficientes para organizar las comisiones pero no tan grandes como para resultar ineficaces. Según los últimos datos de la CNMV, del ejercicio 2004, el 40% de las empresas del Ibex 35 incumple la condición.

- - Consejeros independientes. Se acabaron los falsos independientes, un reproche antiguo en los consejos españoles. El código establece 10 requisitos para que alguien pueda colgarse esta etiqueta. Además de los habituales relacionados con conflictos de interés, no se considerará independiente un consejero cruzado -los que intercambian dos compañías-, ni los que lleven más de 12 años como tales ni los que no hayan propuesto por la comisión de nombramientos.

Aunque el proyecto da distintos plazos para ello con el fin de no alterar de golpe la vida de los consejos, es razonable pensar que las empresas se apresurarán a cambiar la situación actual. Los independientes suponen el 35% de los consejeros españoles, según el último informe de Spencer Stuart, y su número ha crecido de forma espectacular desde 1998. Pero el 94% de ellos no ha sido elegido con un procedimiento claro liderado por la comisión de nombramientos.

Otra condición que hará sangre es la exigencia de nombrar un vicepresidente independiente si el presidente es ejecutivo, lo que afectaría a 22 de las 35 firmas del Ibex. El objetivo de esta recomendación es luchar contra la excesiva concentración de poder, un rasgo del mundo empresarial español.

El código promulga también que los independientes sean al menos un tercio del consejo, algo que cumplen en teoría, con una definición de independiente mucho más laxa, 24 empresas del Ibex. Y que sean mayoría en las comisiones.

- Mujeres. Es uno de los aspectos más novedosos. Además del proyecto español, sólo el código sueco incluye una recomendación para favorecer la presencia femenina en los consejos. El texto español aboga por que las compañías donde ésta sea "escasa o nula", explique por qué y corrija la situación. Aquí está todo por hacer. El 74,3% de las firmas del Ibex no tiene ni una sola consejera y en las que sí hay éstas son una clara minoría. FCC tiene el récord con cuatro mujeres de un total de 15 consejeros.

- Blindajes. El texto recomienda eliminar todas las limitaciones de voto y otras medidas anti-OPA. Es la primera vez que un código español incluye este tipo de recomendaciones dirigidas a proteger al pequeño accionista. Más del 75% de las firmas del Ibex sin accionista de control tiene estas barreras. El texto, que puede consultarse en la página de la CNMV (www.cnmv.es), incluye también recomendaciones sobre la composición y funcionamiento de las comisiones, la cotización de filiales -Telefónica es la gran afectada pues cotizan TPI y Móviles-, o sobre las situaciones en las que debe cesar un consejero, por ejemplo cuando tiene cuentas pendientes con la justicia. Sus resultados no empezarán a verse hasta el año que viene