Operación Calle 30: el río Manzanares

Cada vez resulta más patente en urbanismo la necesidad de explicar y publicitar de manera clara y comprensible a la ciudadanía los grandes cambios en la ciudad, que por otra parte se realizan con el aporte económico de sus impuestos.

La reciente exposición del concurso de ideas sobre el tratamiento que dar a los márgenes de la M-30 a su paso por el río Manzanares, debería abrir un nuevo periodo de debate ciudadano en la controvertida reforma de la M-30. Si hasta ahora esta reforma ha resultado tan polémica, incómoda y desafortunada en su desarrollo, ha sido por la precipitación en la forma de actuar, falta de consenso con el resto de fuerzas políticas madrileñas para abordar un proyecto de esta envergadura y falta de claridad en los objetivos de transformación urbanística que llevaba implícitos.

"Se debería abrir un nuevo periodo de debate ciudadano en la controvertida reforma"

"No queremos insistir más en el error de cómo se está gestionando la operación"

"Es una reforma como no se experimentaba desde la apertura de la Gran Vía"

Todos somos conscientes de que el proyecto de ingeniería del soterramiento del viario actual a su paso por el río, conlleva una reforma urbanística en gran escala como no experimentaba esta ciudad desde la apertura de la Gran Vía o la prolongación de la Castellana.

Estamos ante una apuesta de realización de una obra pública de una dimensión espectacular, que se ha justificado básicamente en razones de movilidad (incremento de capacidad para absorber tráfico, fluidez del mismo, reducir la siniestralidad, mejorar los enlaces, suprimir el efecto barrera), pero que entraña una modificación sustancial del modelo urbano en su conjunto, una regeneración del espacio público y por tanto de las plusvalías que conlleva toda inversión pública y muy especialmente en los márgenes del río.

Aunque se ha insistido reiteradamente ante el Ayuntamiento, desde distintas instancias profesionales y ciudadanas, que se debería haber actuado de otra forma, (es decir, primero desarrollar los documentos de planeamiento, abrir un amplio debate participativo y luego realizar las infraestructuras), ha llegado sin embargo la hora de profundizar en la dimensión urbanística del proyecto, teniendo que asumir además su componente de ingeniería urbana de las obras, como un hecho consumado y sus costes, y hacerlo de una forma ordenada, reglada, con garantías, sin prisas electorales, de tal forma que se puedan valorar en todos sus detalles las implicaciones de esta actuación.

En el momento actual el Ayuntamiento ha pedido a un grupo de reconocidos profesionales la aportación de sus mejores ideas, mediante un concurso entre arquitectos previamente seleccionados. Aunque se pueda pensar castizamente que lo que se persigue ahora es "vestir el muerto", en nuestra opinión estamos ante el comienzo de una nueva fase de esta operación urbanística. El Ayuntamiento se encuentra en condiciones de reflexionar internamente sobre el qué hacer y qué contenidos más adecuados proponer a los ciudadanos para el desarrollo de esta parte de la ciudad. Quizá, si Madrid hubiese obtenido la nominación para organizar los juegos de 2012, esta actuación se hubiera subsumido, en el contexto de otras grandes actuaciones transformadoras que le tenía reservado tal evento a esta ciudad y se hubieran diluido las graves responsabilidades que le corresponden en esta actuación al equipo de gobierno municipal, pero como no ha sido así, el Ayuntamiento se enfrenta a la necesidad de darle ahora unos contenidos concretos y valorar todo el alcance de sus implicaciones económicas que hasta ahora no lo ha hecho, más allá de la metáfora de la "alfombra verde".

La operación Calle-30 en el río Manzanares no consiste simplemente en soterrar el viario y darle un tratamiento verde a la superficie, sino hacer frente a una de las transformaciones urbanas más importante de la ciudad con todas sus consecuencias.

No existe transformación del espacio público de la ciudad que no entrañe plusvalías urbanísticas. Es más, no existe la posibilidad de elaborar ninguna figura de planeamiento que no justifique debidamente su relación costes/beneficios y por tanto el plan especial que estará elaborando el Ayuntamiento debería estar haciendo frente a estos contenidos.

Es curioso observar en las propuestas de los equipos invitados al concurso (curiosamente sólo en los equipos extranjeros) como incluyen entre sus sugerencias la inclusión de parcelas edificables, para poder compensar los espectaculares costes de esta operación. Parece obvio para estos profesionales, que están participando con relativa frecuencia en concursos por todo el mundo, que para hacer viables sus propuestas se necesita un soporte económico, que lógicamente debería de salir de la recalificación urbanística de los terrenos colindantes.

Por tanto, es necesario que el Ayuntamiento formule ya sus objetivos a este respecto. Si en la primera fase de esta operación (con el soterramiento del viario) se tienen comprometidos entre dos y tres mil millones de euros y se desconoce aún cuanto va a costar el tratamiento de la llamada cota cero, nos gustaría saber sí se está pensando en la recalificación urbanística, como instrumento recurrente en estos casos, para hacer frente a semejante desafío de inversión pública o parte de la misma.

Hemos visto cómo se modificaba la calificación de la ciudad deportiva del Real Madrid en el plan general para consentir la construcción de los cuatro rascacielos más altos de la ciudad, en aras a que la marca "Real Madrid" promociona la ciudad por todo el mundo.

Así mismo, la mayoría de las anteriores torres de la ciudad (torres de Valencia, del Retiro, de Azca, de plaza de Castilla) fueron fruto de operaciones de recalificación para compensar déficit de origen urbanístico. Es la práctica habitual que han utilizado todas las ciudades para hacer frente a sus reformas internas. Uno de los equipos extranjeros participantes en el concurso evaluaba la posibilidad de desarrollar dos millones de metros cuadrados de nueva edificabilidad y obtener un valor agregado de 1.000 millones de euros.

Si el Ayuntamiento piensa en recuperar parte de las plusvalías que genera la inversión pública que se está realizando, con edificabilidad lucrativa, debería explicitarlo ahora con luz y taquígrafos para conocimiento de la opinión pública. Por ejemplo, es evidente que el estadio del Atlético de Madrid ocupa una posición privilegiada en el contexto de la reforma del Manzanares y a su vez es un inconveniente para el desarrollo de la misma, si no se traslada. Parece como si el Ayuntamiento no quisiera mover ficha el primero, esperando mejorar las condiciones de la negociación, cuando ya ha creado todas las expectativas del mundo con la multimillonaria inversión pública que está realizando a su alrededor, sin contrapartidas previas.

¿No debería haberse acordado esto previamente antes de invertir en las obras? ¿Va a ser en el contexto de un futuro plan especial cuando se cierre la operación y con qué costes para la ciudad? ¿Todas las realizaciones posibles y oportunidades de transformación urbana de esta parte de la ciudad van a provenir exclusivamente de la inversión pública?

Por favor, no queremos insistir más en el error de cómo se está gestionado la operación Calle 30 en su conjunto, anteponiendo las obras a su planificación urbanística por razones electorales y de una eficacia mal entendida, pero parece imprescindible en esta nueva fase en la que hemos entrado abordarla con un planteamiento diferente. Ya no tiene arreglo el trazado de los nudos reformados que se podrían haber diseñado penalizando la accesibilidad de los mismos a la almendra central de la ciudad y haberlos complementado con aparcamientos disuasorios, ni la tala masiva de arbolado en las márgenes del río y de la avenida de Portugal, pero pedimos encarecidamente que se elaboren unas propuestas de Planeamiento Especial de Integración de la M-30 en la ciudad, que se expliciten y pormenoricen sus contenidos y sus costes y que se recabe el mayor consenso social para su aprobación, previa información y participación de la ciudadanía.

Hay que retomar un principio básico de la gestión pública urbanística. Un proyecto urbano que hipoteca durante 35 años a sus ciudadanos requiere necesariamente el acuerdo político de los partidos con representación municipal.

Esta iniciativa que arranca del compromiso electoral de una opción política no puede convertirse en un proyecto personalizado sino que tendría que haberse convertido en un proyecto de todos, que los ciudadanos lo hicieran suyo como propio, que lo entendieran y lo asumieran, aceptando incluso introducir modificaciones necesarias de la propuesta inicial para conseguirlo.

Esto no es una cuestión de pedirnos por Navidad como hace el alcalde ahora, comprensión y paciencia por las obras en curso, que también, ni apelar a la necesidad de la regeneración de las infraestructuras de la ciudad para afrontar los desafíos de su modernidad, sino de haber recabado previamente todo el consenso posible antes de iniciarlas y haber aceptado, como se ha pedido reiteradamente, una moratoria en su momento con el resto de opciones políticas para obtenerlo.

Si el alcalde considera que en esta actuación su programa electoral es un "contrato que ha establecido con los ciudadanos que le han votado" se ha olvidado de incorporar al consenso a los que no le han votado, ya que todos van a contribuir con sus impuestos durante nueve legislaturas a hacer realidad este proyecto.

Si no se ha hecho hasta ahora, hágase. Este año largo que falta hasta la próxima convocatoria electoral debería de emplearse por parte de todas las opciones políticas, en la definición de los contenidos de esta delicada y conflictiva operación urbanística, recabando la participación de los colectivos más activos y críticos con la misma para encontrar entre todos una salida al túnel en que nos han metido.

La ciudad es actualmente el organismo social más vivo. La capacidad de respuesta e intervención de los ciudadanos en la vida social de su entorno es uno de los activos más importantes para consolidar una ciudad equilibrada y cohesionada, en los problemas y en los proyectos de futuro. La construcción del espacio urbano, uno de los recursos más valorados de una sociedad culta, requiere otra forma de actuar.

Alfredo Villanueva y Fernando Fernández son arquitectos miembros de la Comisión de Trabajo de la M-30 del COAM.