Camps apoya el modelo urbanístico de Blasco y arropa al consejero tras la censura europea
El presidente del Consell acude a la consejería, que augura un nuevo ciclo en el crecimiento
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El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, mostró ayer su apoyo explícito al modelo de crecimiento urbanístico impulsado por el consejero Rafael Blasco con una reunión de casi dos horas en la sede de Territorio y Vivienda. Blasco, en una comparecencia posterior rodeado de su equipo, defendió que las nuevas leyes aprobadas por el PP garantizarán un desarrollo sostenible del territorio y, frente a la censura europea al urbanismo valenciano, sacó pecho y aseguró: "La Comunidad Valenciana liderará en 2006 el modelo urbanístico más sostenible de España".
Con su visita a la consejería, Camps expresó públicamente su respaldo a Blasco tras la tormenta política desatada por la censura al boom urbanístico valenciano en el Parlamento Europeo y las advertencias de Bruselas de que la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV), aprobada en diciembre, mantiene deficiencias de la derogada LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística), al amparo de la cual se han presentado en los últimos años multitud de planes de recalificación de suelo y cuya aplicación ha provocado miles de quejas de ciudadanos. Camps reiteró su intención de comparecer en el Parlamento Europeo para explicar el urbanismo valenciano, según comentó el consejero.
Arropado en su línea de trabajo, Blasco sólo admitió que el fuerte desarrollo urbanístico ha causado algunos "efectos no deseados" y se han producido errores, pero defendió "en términos generales" un modelo de crecimiento que atribuyó a la pujanza de la construcción, la creación de empleo, y la llegada de un flujo migratorio atraído por la calidad de vida en la Comunidad Valenciana. "La presión urbanística es importante, pero no tan exagerada como se ha querido ver", dijo el consejero, quien, sin embargo, anunció que la aprobación de la LUV, de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP) y la Ley de Suelo no Urbanizable configuran un "marco jurídico innovador" que asegurará un desarrollo sostenible. Se cierra un ciclo fundamentado en la LRAU aprobada por los socialistas -a los que Blasco insiste en atribuir un desarrollo que se ha producido con el Consell del PP- que "no se va a repetir" y se da paso a un "modelo completo, integrado y coherente de ordenación del territorio" que marcará el crecimiento de la próxima década. El consejero se comprometió a aprobar en tres meses los reglamentos de la LOTPP, que exige la cesión equivalente de suelo protegido por recalificado, y de la LUV.
Ante las críticas de la oposición y las objeciones de la Comisión Europea, que consideró que el proyecto de la LUV tampoco cumplía las directivas, Blasco insistió en desviar hacia el Gobierno central la reconvención de Bruselas por la transposición de las normas de contratos públicos y valoración del suelo. Según el consejero, la LUV cumple "al 100%" las recomendaciones europeas. El responsable de Territorio restó importancia a la presentación de PAI para acogerse a la LRAU hasta la entrada en vigor de la LUV el 31 de enero -"no van a romper los criterios de sostenibilidad"- y subrayó que los aprueban los municipios.
El PSPV vio "insólito" el apoyo de Camps a Blasco tras "el mayor varapalo de la historia" al urbanismo de una Administración.
Suelo urbanizado y falta de agua
"No hay ninguna presión urbanística desaforada", aseguró ayer el consejero, quien se apoyó en que "sólo el 3,9%" del territorio valenciano está urbanizado. Sin embargo, la consejería cifró en un 5% el suelo sellado o urbanizado en un mapa de usos en enero de 2004. Un mapa que reveló que el terreno urbanizado creció un 60% entre 1990 y 2000, con una presión creciente en el litoral. Blasco resaltó que 137 kilómetros de costa están protegidos (de 446) y auguró para la próxima década un aumento del suelo urbanizado hasta el 6% o 7%. "No creo que sea descabellado", dijo Blasco, quien negó que en los últimos años se haya producido una "avalancha de PAI", ya que en esta legislatura se han recalificado 2.000 hectáreas, "menos que la laguna de agua de L'Albufera"; lo que contrapuso a 40.000 hectáreas protegidas en las Hoces del Cabriel o Serra Gelada. La consejería calculó hace poco en otras 5.500 las hectáreas de PAI en tramitación.
Ante las decenas de informes negativos de las confederaciones hidrográficas del Júcar y el Segura por la falta de agua para futuros planes urbanísticos, Blasco insistió en que no autorizará actuaciones sin garantía de recursos. Sobre la preocupación del sector turístico frente a los efectos de la urbanización masiva de la costa, el consejero dijo que es "un atisbo de peligro" que está "perfectamente controlado".
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