Capitalismo de casino

El urbanismo está fuera de control en buena parte del litoral mediterráneo español. Hace tiempo que se han rebasado todos los límites de lo razonable en la gestión de nuestros recursos y que estamos instalados en un modelo de crecimiento tan insostenible como irresponsable. Las cosas han llegado hasta tal punto que incluso somos objeto de seguimiento específico por instituciones europeas. Preocupa hasta qué punto el modelo de crecimiento disperso y de ocupación desordenada y depredadora del territorio en áreas litorales y en algunos espacios rurales más interiores, se aleja totalmente de las directrices europeas que apuestan por nuevas formas de gobernanza democrática y por la gestión prudente del territorio y de los recursos. También preocupan las formas, por cuanto las evidencias dejan pocas dudas acerca de la existencia de colusión de intereses, de confusión entre público y privado, de tráfico de influencias, de utilización ilícita de información privilegiada para especular, de falta de transparencia, de corrupción en definitiva. Nunca se ha hablado tanto de corrupción difusa en relación con el urbanismo desde el inicio de la transición democrática y nunca hubo tanta espesa opacidad en los procesos de toma de decisiones relacionados con la urbanización.

Es como si se hubiera producido una cierta vuelta al pasado, como si cada vez nos alejásemos más del código de buenas prácticas en el gobierno del territorio, para adentrarnos en el terreno intransitable, por antidemocrático, de la "mala política", del "capitalismo de casino". Aquel en el que grandes proyectos que modifican sustancialmente los usos del suelo en centenares de municipios responden a acuerdos previos, legitimados legalmente a posteriori, entre promotores y representantes políticos locales o regionales en conversaciones privadas. Aquel en el que los intereses generales son orillados o ignorados. Aquel en el que el territorio es entendido tan sólo como activo financiero y como recurso explotable y no como referente identitario y cultural, como bien público, como espacio de solidaridad y como legado. Aquel en el que prevalece el corto plazo del ciclo político de cuarenta y ocho meses que media entre cada convocatoria electoral. Aquel en el que la discrecionalidad prevalece sobre la seguridad y la participación democrática de todos los actores implicados y afectados. Aquel en el que son los gabinetes de las empresas promotoras los que realmente van dando forma a los procesos de urbanización. Aquel en el que la política territorial sigue al dinero, y no al revés, como debe ocurrir en democracia. Aquel en el que el territorio se consume a grandes bocados dispersos, con el resultado final de centenares de actuaciones tan incoherentes e irracionales como insostenibles. Aquel en el que se insiste en crecimiento y no en desarrollo, en cantidad y no en calidad.

Se habla mucho y mal, con toda razón, de la Comunidad Valenciana. El propio Parlamento Europeo sin duda va a contribuir al mejor conocimiento de unas malas prácticas territoriales que en los últimos años vienen desarrollándose en esa Comunidad Autónoma a causa de la aplicación abusiva de la legislación vigente. Pero esta resolución, sin efectos jurídicos pero con gran impacto político y mediático, debiera servir para abrir el debate en profundidad acerca de las dinámicas territoriales y urbanísticas que están teniendo lugar en gran parte del litoral mediterráneo español y de la forma de encauzarlas. Porque el proceso trasciende el marco geográfico y legal específico de la Comunidad Valenciana para extenderse por los espacios litorales e incluso de interior del conjunto de los espacios litorales y prelitorales mediterráneos.

En unos casos, como el valenciano, la combinación de la figura del agente urbanizador contenida en la ley -aunque pensada inicialmente para suelo urbanizable- con la legislación estatal del Gobierno de Aznar sobre medidas liberalizadoras en materia de suelo, ha resultado letal para el territorio. La actitud permisiva de un gobierno regional que ha dimitido voluntariamente de sus obligaciones de coordinación y de elaboración de Planes Territoriales de ámbito supramunicipal, unido a la posibilidad de promover de forma indiscriminada procesos de urbanización en suelo rústico al margen de los Planes de Ordenación Urbana municipal, ha desencadenado un proceso, en buena parte irreversible, de incalculables consecuencias. Muchos ayuntamientos, sin distinción alguna de color político, pugnan por presentar decenas de iniciativas que van desde la irracionalidad al puro dislate. Casi la totalidad de estos proyectos de urbanización, que pueden suponer la construcción de casi un millón de nuevas viviendas, se realiza al margen de los Planes Generales. En ocasiones, aunque no esté agotado el suelo programado en el Plan o aunque el Plan General haya sido aprobado hace escasos seis meses. Y algunos suponen duplicar o triplicar su población actual. En otros casos, y esto resulta más difícil de explicar si cabe, es el propio gobierno regional el que participa en la promoción mediante la creación de sociedades mixtas con empresas privadas. En todos los casos, del objetivo inicial de la legislación de 1994 que pretendía que el suelo urbanizable no quedara inmovilizado por sus propietarios, ha devenido en que ahora el suelo está monopolizado en manos de un número reducido de agentes urbanizadores que especulan, controlan el proceso y el ritmo de urbanización y condicionan y distorsionan extraordinariamente la vida política local y regional. Entre esos escasos agentes urbanizadores, dos de los más importantes son las dos Cajas de Ahorros regionales que también han preferido deslizarse por la senda cómoda pero sin futuro de la especulación.

Pero en el litoral de Murcia las cosas no son muy diferentes. Con otras normas, como las Directrices y el Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, se promueven actuaciones de urbanización masiva, como Marina de Cope, que suponen la urbanización en suelo rústico de más de dos mil hectáreas en el litoral suroccidental de la región. De hecho, la tasa de urbanización reciente en el litoral de Murcia es todavía superior a la de la Comunidad Valenciana. Por último, la historia de la ordenación de los espacios litorales del mediterráneo andaluz evidencia un rotundo fracaso del gobierno regional en este campo. Después de más de diez años de vigencia de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía, el Gobierno regional no ha querido o no ha podido dar contenido pleno a los Planes de Ordenación Territorial de ámbito subregional. Una renuncia política tan clamorosa como inexplicable después de décadas de gobierno progresista, dado que la escala regional está habilitada para ejercer plenamente la facultad de ordenación del territorio en niveles plurimunicipales al amparo de la aplicación del principio de coordinación, tal y como el propio Tribunal Constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones.

Las cosas se pueden hacer de otra manera. Incluso se pueden hacer razonablemente bien. Sólo se requiere voluntad política para promover un desarrollo territorial más sostenible. Sugiero al lector una aproximación al conocimiento de los principios inspiradores y al desarrollo de los Planes Territoriales impulsados por el actual gobierno de la Generalitat de Cataluña, en especial el proceso de elaboración y aplicación del Plan de Ordenación de la Zona Costera, al Plan Territorial Insular de Menorca o al Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria, para comprobarlo.

Hay que insistir en esa dirección. Las actuales dinámicas territoriales comprometen el bienestar colectivo y condicionan el de futuras generaciones. Generaciones que no pueden votar, porque no han nacido. Lo cual nos conduce de forma insoslayable al debate sobre el concepto de democracia insuficiente. Porque en materia de política territorial la mayoría aritmética en parlamentos y ayuntamientos no es suficiente. Carecen de la legitimidad moral necesaria. Por eso el gobierno del territorio tiene que situarse en el centro del debate como objetivo político estratégico. Entendiendo por político, ciudadano. Es decir, una cuestión que compete a todos y no solamente a políticos o a expertos.

Mientras tanto, mientras en la escala regional no se disponga de Modelos Territoriales consensuados, mientras no se disponga de Planes Territoriales subregionales del estilo de los que aconsejan hace tiempo las autoridades europeas y el sentido común, mientras no se resuelva de otra manera la financiación de los ayuntamientos (y probablemente de los partidos), hay que hacer posible que avance el debate ciudadano, exigiendo en cada nivel, en especial en la escala local, más prudencia, más responsabilidad, otras prácticas y otra forma de gobernar. Y en este punto el papel de los medios de comunicación, como demuestra la historia del medio ambiente en Europa, es esencial. Hasta que seamos capaces de situar este problema como un problema de la mayoría. Hasta que seamos capaces de consolidar otra cultura del territorio.

Joan Romero es catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Valencia y coordinador junto a Miquel Alberola del libro Los límites del territorio.