La Junta espera tener rescatadas las competencias urbanísticas de Marbella en junio de 2006

La decisión de la Junta de retirar las competencias de planificación urbanística al Ayuntamiento de Marbella no admite marcha atrás y el procedimiento se iniciará nada más que el próximo lunes día 12 entre en vigor la ley que permite tal intervención. Así lo corroboró ayer el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, quien estimó que el procedimiento podrá estar completado en junio de 2006. El consejero transmitió un mensaje de tranquilidad a colectivos de Marbella, a los que aseguró que la intervención de la Junta garantiza "seguridad jurídica"

Unas 200 personas de organizaciones empresariales, políticas y vecinales asistieron a la reunión convocada por la Junta en las que Zarrías explicó que la intervención de las competencias es "el mejor instrumento" para devolver el orden y la legalidad urbanística a Marbella. Recordó que la Junta ha impugnado 209 licencias de obras concedidas por la actual alcaldesa, Marisol Yagüe, tantas como en 12 años anteriores de gobiernos del GIL, y que en 115 ocasiones ha conminado al consistorio a revocar licencias ilegales.

Admitió que se trata de una medida "singular" y "excepcional", pero también "valiente", y que el objetivo es la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que dote por fin al municipio de "unas reglas de juego claras" y que aporte "seguridad jurídica" a los inversores. "La Junta no viene a entrar como un elefante en una cacharrería, sino a dar una norma jurídica ya restituir la legalidad".

Entre los asistentes a la reunión figuraban destacados dirigentes empresariales como el presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, el del Centro de Iniciativas Turísticas (organización empresarial más representativa de la ciudad), Miguel Gómez; promotores como José Ávila Rojas, o la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella y San Pedro, Ana Más, y del Centro Histórico, Carola Herrero.

La mayoría de los intervinientes expresaron su desánimo por la actual situación de la ciudad y saludaron la decisión de la Junta, e incluso no pocos de ellos la consideraron insuficiente, como las asociaciones vecinales y ecologistas, que pidieron a la administración autonómica que intervenga también en la paralización de obras con suspensiones cautelares de los tribunales.

En su empeño de transmitir tranquilidad, Zarrías aseguró que la decisión de la Junta ha sido "muy meditada" y que cuenta con todas las garantías legales, recordó que la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo ya contó con informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía y que, no obstante, este órgano deberá emitir también un pronunciamiento específico sobre el rescate de competencias a Marbella previo a que el Parlamento Andaluz lo vote. El procedimiento se iniciará una vez entre en vigor la ley, y tras la apertura del expediente, la Junta dará audiencia al Ayuntamiento y a otras partes afectadas por la medida.

El consejero insistió en que en junio puede estar concluido el proceso pues dudó de la viabilidad de un posible recurso de constitucionalidad porque explicó que "lo que hace la Junta es rescatar unas competencias que le son propias y que están delegadas a los ayuntamientos".

La Junta de Andalucía tiene la competencia de aprobar los planes generales de ordenación urbana de todos los municipios andaluces, sin embargo, otras materias como la concesión de licencias o la disciplina urbanística están reservadas por la Ley de Bases de Régimen Local para los municipios.

Zarrías aseguró que las competencias urbanísticas no se devolverán al consistorio antes de las elecciones municipales de 2007 -la ley prevé un plazo máximo de cinco años-.

El consejero de la Presidencia volvió a insistir en que a la Junta no le temblará el pulso a la hora de rescatar competencias urbanísticas en otros municipios si se da la misma situación de incumplimiento a la legalidad que en Marbella. Aseguró que de momento la Junta no tiene decidida ninguna nueva intervención y que la Consejería de Obras Públicas está estudiando las actuaciones de "distintos ayuntamientos por si éstos estuvieran incumpliendo la normativa urbanística y hubiera que aplicar el mismo criterio". Zarrías eludió dar nombres concretos, aunque fuentes de la Junta han reconocido que Manilva y Almuñécar son dos de los municipios sobre los que se realiza esa "vigilancia especial".

"La Junta va a mantener tolerancia cero con los municipios que incumplan la ley y colaboración 100 con la inmensa mayoría de ayuntamientos que la cumplen", explicó Zarrías, quien puntualizó: "No se trata de una amenaza, la ley está para cumplirla".

El consejero defendió las bondades de la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo que entre en vigor el lunes, algunos de cuyos contenidos no gusta a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y aseguró que se trata de una regla de juego "muy necesaria para el desarrollo armónico de los municipios".