Simancas acusa a Aguirre de privatizar los servicios sociales

La política social que hace Esperanza Aguirre es la de la "profecía". Ésta fue la imagen que utilizó ayer el portavoz socialista en la Asamblea, Rafael Simancas, para arremeter contra la "deriva privatizadora" del Ejecutivo. "Los servicios públicos son peores, no se preocupa de mejorar sus recursos, se los dedica a la iniciativa privada y se asegura de que la profecía [los servicios públicos no funcionan] se cumple", afirmó.

Según Simancas, Aguirre está despilfarrando los impuestos de los madrileños, sin que ello suponga mejorar la calidad de los servicios, empeora las condiciones laborales de los empleados de los servicios sociales y supone "un serio riesgo para la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a la salud, educación o atención social", recalcó. Como ejemplo, el portavoz socialista destacó que los pacientes que han rechazado ser operados en centros privados aumentaron de 3.400 en junio del año pasado a 6.700 en octubre pasado.

El problema de privatizar, precisó después Simancas, es que las empresas ponen el criterio económico por encima del servicio público "y es la pescadilla que se muerde la cola".

Pero a la presidenta no le salieron las mismas cuentas. En su respuesta, Aguirre aseguró que los servicios públicos regionales han mejorado durante su mandato, y enumeró algunos logros: la Comunidad está construyendo ocho hospitales, 50 centros de salud y un colegio nuevo cada 15 días; ha puesto en marcha 80 centros de enseñanza bilingües y, según dijo, ha cuadruplicado las becas para familias de niños de hasta tres años. "Si quiere mejorar los servicios públicos, dígale a

[el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez] Zapatero que retire la LOE [Ley Orgánica de Educación], que es lo único que deteriora", espetó Aguirre a Simancas.

Derecho administrativo

La presidenta le acusó de confundir la titularidad de esos servicios - "que corresponde a la Administración pública", dijo- con el sistema de gestión, por lo que le recomendó que "estudie derecho administrativo". Al portavoz socialista no le gusta "que los ciudadanos elijan entre un centro público y una clínica privada, o entre un colegio público y otro concertado".

Las intervenciones fueron seguidas desde la tribuna por representantes de algunas asociaciones de sordos de la región, como la Federación de Personas Sordas de la Comunidad y el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, que contaron con un traductor del lenguaje de los signos que les transmitió el saludo de la presidenta de la Cámara.

Fue la prueba de que en la Cámara se debatía una proposición no de ley que les afecta directamente. A propuesta del PSOE, pero con un texto consensuado también por PP e IU, fue aprobada una iniciativa para apoyar el reconocimiento de la lengua de los signos, lo que incluye instar al Gobierno central a que agilice una ley que fomente la formación de los empleados públicos en su uso y que reserve puestos de trabajo para los sordos. También prevé reclamar al Ejecutivo de Zapatero dinero para llevar a cabo las propuestas.