A la espera de las nuevas prisiones

Aún no se conoce el emplazamiento exacto y el tamaño de las dos prisiones que el Gobierno tiene previsto construir en la Comunidad Valenciana pero la polémica está ya servida. Abogados, sindicatos profesionales, técnicos que trabajan en las cárceles existentes han discutido la previsión. Y, a esas críticas, se suman la de grupos de vecinos pertenecientes a municipios del sur de la provincia de Alicante y del norte de Castellón en contra de la ubicación de las penitenciarias en sus términos municipales. Algunos han llegado a decir que no quieren ser Picassent, un nombre que entienden ha pasado estar directamente relacionado con una cárcel y después a una localidad y no al revés.

Los centros penitenciarios soportan un 59% más de reclusos de lo previsto

Lo cierto es que la directora de prisiones, Mercedes Gallizo, ha reconocido públicamente la saturación de las prisiones españolas y un plan que hasta 2008 ampliarán el mapa actual en siete más, además de las dos ya previstas para la Comunidad Valenciana, una en Castellón y otra en Alicante. A ese reconocimiento se han ido sumando sucesivamente las críticas de distintos colectivos profesionales sobre la saturación existente, la inviabilidad de la situación actual y la insuficiencia de lo planificado, máxime si no acompaña de dotaciones personales y materiales importantes.

El sindicato Acaip ha cuantificado en más de un 20% el aumento de la población reclusa en las prisiones valencianas en los tres últimos años. Y en ese incremento hay escenarios que entiende la asociación de funcionarios como dramática. En la cárcel de Picassent, el hacinamiento, según sus datos, es de casi el 200%. Esa cárcel concentra el 42,69% de los reclusos del territorio valenciano. Pero además, en Picassent se concentra un importante número de población de reclusos clasificados de muy peligrosos. Los funcionarios han denunciado imposibilidad de controlar la situación, trabajar en situación de riesgo físico y sanitario, concentración excesiva de presos en celdas mínimas (lo que consideran que también afecta a la actitud de los reclusos). Para los funcionarios, según Acaip, la correspondencia entre funcionario y reclusos sobre los que tiene que ejercer vigilancia está, como media, triplicada. De ellos responsabilizan a la Administración y con ello explican las tensiones, agresiones y episodios de riesgo detectados en los últimos años, especialmente en los dos últimos. Por ejemplo, en Picassent, en lo que va de años han resultado agredidos por los reclusos más de una docena de funcionarios. La insuficiencia de efectivos afecta, dicen, a los traslados entre la prisión y los juzgados, entre la prisión y el hospital. Y prueba de ello son también incidentes denunciados en lo que va de año, en los que se encuentran varios intentos de fuga.

La población reclusa es fundamentalmente masculina. Su crecimiento, mientras la femenina se ha estancado, está en más del 33% desde 1997. El número de preventivos por delito de sangre ha crecido igualmente de forma importante. La Ley General de Penitenciaría fija un recluso por celda y hay muchos módulos, en Fontcalent y en Picassent que tiene hasta tres en diez metros cuadrados, la medida de las 38.000 celdas existentes en los 77 centros penitenciarios repartidos por el territorio español. "Si ese modelo es el que la Administración considera como bueno, si además de más plazas, más edificios, no cuenta con más efectivos, más funcionarios, más recursos, para no repetir errores como los que acumulamos y evitar episodios como los que hemos registrado en los últimos tres años, será un fracaso", apunta Acaip.

Francisco del Real, presidente del Consejo Valenciano de la Abogacía, respaldó el pasado jueves esas críticas de Acaip, que con matices también sostienen los sindicatos CC OO y UGT, al calificar de insuficiente la previsión de dos centro penitenciarios para la Comunidad Valenciana. Según Real, hay que tener en cuenta factores como las exigencias que marca la aplicación de la legislación penal vigente (y con ellos se refería a los preventivos entre otras cosas), el escenario delictivo y sus particulares características (en referencia, explicó, a la posibilidad de convivencia real dentro de las prisiones para crear espacios en los que de forma efectiva se pueda trabajar en la rehabilitación y no en la creación de guetos). A su juicio, las dotaciones son importantes pero la saturación es un riesgo que no parece descartado ni superado con la planificación -que habilitará para finales de 2007 una nueva prisión en Albocàsser (Castellón) para la que ya se ha preparado, por ejemplo, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castellón, hasta ahora territorio dependiente de Valencia- porque se trabaja con datos sin perspectiva necesaria.

Los datos de plantillas están aún por determinar. CSI-CSIF considera que al menos debe incrementarse el personal en 8.000 funcionarios, con especial atención a quienes intervienen en las áreas de reeducación. Los contingentes se perfilan como uno de los caballos de batalla en los próximos meses.