Vuelve la calma, pero no la paz social

Un mes después de que la muerte de dos adolescentes en Clichy-sous-Bois (en la periferia parisiense), electrocutados cuando se escondieron dentro de un transformador huyendo de un control de policía, desencadenara una auténtica rebelión de las barriadas de las grandes ciudades francesas, la calma ha vuelto, pero no la paz social. Recién aprobada la ley que ampliaba hasta tres meses el estado de emergencia, ya nadie se acordaba del toque de queda. Las imágenes de coches ardiendo y edificios en llamas, de chavales encapuchados en pie de guerra, han desaparecido por completo de las pantallas de los televisores.

El brusco fin del suave otoño de 2005, el frío y la lluvia, también ha ayudado a calmar la tensa situación.

El elemento lúdico y mimético fue clave para que la ola de violencia se extendiera

Sobre las causas de esta revuelta, sin embargo, nadie acaba de ponerse de acuerdo. Tampoco sobre quienes eran los jóvenes incendiarios. ¿Delincuentes? ¿Islamistas? ¿Nihilistas? ¿Aburridos?... Con las cifras sobre la mesa, queda claro que no responden enteramente a ninguno de estos calificativos. El ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, el gran beneficiario político de esta crisis que en parte desencadenó él mismo con sus declaraciones ofensivas, ha insistido en dos trazos específicos que los definirían: extranjeros y en un 80% delincuentes "conocidos por la policía".

Según el último balance judicial, entre el 29 de octubre -dos días después del drama de Clichy-sous-Bois- y el 18 de noviembre, fecha en la que la policía anunció la vuelta a "una situación de normalidad" -en torno a un centenar de coches quemados por día-, se practicaron 3.101 detenciones relacionadas con la violencia urbana y se abrieron 135 sumarios. Un total de 562 adultos fueron encarcelados, y de ellos, 422 han sido ya condenados a penas de prisión firme, y 577 menores de edad comparecieron ante los tribunales de menores y 118 han ingresado en centros especiales.

Estos datos, sin embargo, no corroboran las tesis de Sarkozy. Según una investigación que el diario Le Monde hizo sobre el terreno, preguntando en cada uno de los juzgados, la mayor parte de estos menores no tenían ningún tipo de ficha policial, estaban escolarizados en centros de formación profesional o incluso realizaban estancias de aprendizaje y no procedían de familias especialmente desestructuradas, ni tampoco polígamas, como se apuntó desde un miembro del Gobierno. La proporción de quienes tenían antecedentes policiales, según este trabajo, es exactamente la inversa de la que pretende el ministro del Interior.

Los sociólogos han acuñado el término de la generación game-boy para explicar cómo el elemento lúdico y mimético fue clave para que la ola de violencia se extendiera imparable a todo el país, hasta el punto de que una de las noches más calientes ardieron 1.500 vehículos, amén de escuelas, gimnasios y comercios. Y también de cómo se apagó después con la misma velocidad con que se había propagado: la emulación de lo que veían por televisión bastaba, sin que existiera ninguna organización ni consigna. El fin de las imágenes -pactado o no- fue también el fin de la revuelta.

Lo que la crisis -circunscrita a determinados barrios o guetos de las periferias de las grandes concentraciones urbanas- ha puesto en evidencia es el gran fracaso del modelo francés de integración social al mostrar claramente la discriminación que sufren los franceses de origen inmigrante, especialmente los magrebíes y subsaharianos. Los franceses se han visto obligados a indagar en sus propios comportamientos sociales; las empresas, a contar cuántos no blancos tienen entre sus cuadros, y el Gobierno, a descubrir trágicamente que del total de 700 personas que componen los gabinetes ministeriales, sólo diez son de origen inmigrante.

Léon Bertrand, el ministro de Turismo, natural de la Guayana francesa, de padre criollo y madre amerindia, explicaba por televisión que, cuando tras entrar a formar parte del Gobierno visitó su lugar de origen, quienes le recibieron saludaron a su jefe de Gabinete, blanco, creyendo que era el ministro. Bertrand es de quienes creen que hay que aplicar la discriminación positiva para romper el modelo social que indica que sólo los franceses de origen o de origen europeo tienen posibilidad de subir en la jerarquía social en Francia.

También Sarkozy es favorable a estas medidas y algún que otro político en la izquierda, pero tanto en la derecha actualmente en el poder como en el seno del Partido Socialista prevalece el discurso que asegura que la discriminación positiva no es republicana porque señala a quienes se benefician de ello y crea resquemor entre quienes no lo hacen. Sin embargo, Chirac, que ha utilizado varias veces este argumento, se contradice luego públicamente cuando se reúne con los dirigentes de todas las cadenas de televisión para pedirles, básicamente, que potencien la presencia de miembros de las minorías en los informativos y los programas de mayor audiencia.

En lo que todos están de acuerdo es en que el problema de fondo no es otro que el desempleo, y más concretamente el que afecta a los jóvenes de estas minorías, que llega a situarse en el 40%. A efectos prácticos, el primer ministro, Dominique de Villepin, ha anunciado la presentación de una ley para la igualdad de oportunidades y Chirac presiona para que el año próximo ya funcione el servicio civil voluntario que reclutaría a estos jóvenes que se pierden antes de acabar su escolarización, al tiempo que se apruebe la posibilidad de establecer cursos de aprendizaje a partir de los 14 años, lo que significa romper el modelo educativo.