Camps menosprecia en las Cortes las críticas por la corrupción tras estallar el caso de Terra Mítica

El presidente del Consell, Francisco Camps, eludió ayer el debate planteado por la oposición sobre las medidas que piensa adoptar para atajar la corrupción. Camps evitó hablar en las Cortes de cuestiones espinosas como el caso Ivex o la denuncia interpuesta por la Fiscalía contra Terra Mítica por participar en una supuesta trama de facturas falsas, que se hizo pública el miércoles. Por el contrario, primero intentó volver a reavivar la polémica sobre el valenciano y, finalmente, optó por deslegitimar las críticas de la oposición con referencias al pasado.

Ribó: "Estamos viviendo la etapa de más corrupción en este país"

Pla insta al jefe del Consell a no amparar con su pasividad casos como el del Ivex

Presidencia está convencida de que azuzar el conflicto lingüístico sigue dando réditos electorales y permite desviar el foco de atención de otros temas más incómodos. Así que el portavoz popular, Serafín Castellano, abrió las intervenciones parlamentarias con una soflama anticatalanista -tanto que arrancó los aplausos emocionados y solitarios del diputado del PP y defensor del secesionismo lingüístico Rafael Ferraro y las subsiguientes carcajadas de decenas de diputados en el hemiciclo- para preguntar a Camps cómo valoraba su propia intervención en valenciano en el Comité de las Regiones de la UE. Respuesta que el jefe del Consell aprovechó para atizar a los socialistas y al Gobierno central y apuntarse un nuevo hecho "histórico".

Y de ahí se pasó a los portavoces de la oposición, el socialista Joan Ignasi Pla y Joan Ribó, de Esquerra Unida-L'Entesa, más interesados en saber si Camps está dispuesto a tomar cartas para esclarecer el caso Ivex y atajar las sombras de corrupción que se ciernen sobre el PP.

Pla expresó su extrañeza por el hecho de que Camps no tenga "ni una sombra de duda" en la gestión del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) cuando la Agencia Tributaria tiene abierto un expediente y un juzgado de Valencia investiga la denuncia interpuesta por los socialistas. "Sea valiente y no se escape. Acepte la creación de una comisión de investigación [parlamentaria] sobre el Ivex y persónese como parte en la querella del Grupo Socialista. Si no, continuará amparando la corrupción con su pasividad", sentenció Pla.

La respuesta de Camps fue de aluvión. Primero volvió a sacar el tema del valenciano, luego acusó a los socialistas de quitar el agua a la Comunidad Valenciana e intentar convertir la misma en un "lodazal". Tras asegurar que el problema de la corrupción preocupaba al 47% de los valencianos en 1994 y ahora sólo preocupa a un 0,4% de los mismos, Camps no dudó en arremeter contra el ministro de Industria, José Montilla, el propio Pla -a quien instó a querellarse contra el portavoz socialista de Orihuela, por decir que el secretario general del PSPV había ido a este municipio a pasar el platillo, tal y como el Consell ha decidido hacer contra el ex delegado del Ivex en Miami, José Marquina- y el portavoz de la ejecutiva del PSPV, Manuel Mata, por presentar en rueda de prensa el mapa de la corrupción del PP que han elaborado los socialistas. Para rematar hizo una descripción publicitaria de lo que representa el Ivex para la economía valenciana.

Con Joan Ribó, el presidente de la Generalitat cambió ligeramente su estrategia. Primero se hizo el desentendido y luego optó por la descalificación personal para rebatir los argumentos.

Ribó hizo una primera intervención sin ningún tipo de adornos: "Estamos viviendo la etapa de más corrupción de este país desde la llegada de la democracia". Y a partir de ahí relató el rosario de casos que arrastra el PP: la condena al ex consejero Luis Fernando Cartagena, la dimisión de José Emilio Cervera como consejero de Sanidad, el caso Fabra, las relaciones del alcalde de Orihuela con los promotores locales y los beneficios millonarios obtenidos por el alcalde de Torrevieja con la compra de terrenos. Relación a la que añadió la denuncia contra Terra Mítica en una trama de denuncias falsas y el caso Ivex, que permitió a Ribó hacer un paralelismo entre las trabas que puso el ex consejero Diego Such a la oposición para obtener información y las que pone ahora el titular de Educación, Alejandro Font de Mora, para conocer la gestión de Ciegsa, empresa de la Generalitat que construye y repara centros educativos.

"Perdone, pero no sé qué pregunta me ha hecho. Diga exactamente de qué estamos hablando y dé las pruebas y ya tomaremos nota de lo que nos está diciendo", respondió Camps a la primera intervención de Ribó.

El dirigente de Esquerra Unida, tras recordar que todos los diputados tenían la pregunta por escrito, volvió a la carga. "¿Qué medidas va a adoptar para atajar la corrupción? Le pedimos que asuma su responsabilidad. Hay casos de verdad", dijo Ribó, que bajó de la tribuna para entregar al presidente de la Generalitat una copia del código ético del PP "por si lo ha perdido". Para el portavoz de EU-L'Entesa, el presidente de la Diputación de Castellón es un caso claro sobre el cual el PP tendría que tomar medidas de cumplir el código ético que se impuso.

En este punto, Camps optó por descalificar a Ribó en base a una sentencia absolutoria para el entonces consejero de Sanidad José Emilio Cervera, que archivó unas actuaciones promovidas por EU tras considerar que no había base para la denuncia y calificar de demagógica la actitud de esa formación. "Su actitud es demagógica, temeraria y reprochable", enfatizó Camps, que espetó al portavoz: "No se ha atrevido a decir en qué y dónde acusa a nuestra Administración, porque no hay nada". Para Camps, Cervera "dejó por honestidad su cargo de consejero de Sanidad", mientras que Ribó no ha pedido disculpas tras perseguirlo "con la delación y la inquisición".

"Tengo confianza en dos cosas, la honorabilidad de todos mis compañeros y que los jueces le seguirán poniendo a usted donde le corresponde", sentenció el jefe del Consell.

Posteriormente, en los pasillos de las Cortes, el PSPV reclamó a la Generalitat que se persone en la causa abierta contra Terra Mítica para defender el dinero de todos los valencianos, mientras que el consejero de Economía, Gerardo Camps, pedía "prudencia" a la oposición porque la denuncia no ha sido todavía ni admitida a trámite.Varios consejeros de Terra Mítica expresaron ayer su "preocupación" por la denuncia de la fiscalía sobre el presunto fraude fiscal -facturas que no obedecen a la realidad emitidas por trabajos y servicios no realizados ni prestados- en la gestión del parque durante 2000 y 2001, y mostraron su "incertidumbre" por el desconocimiento de las tres personas del consejo de administración que el ministerio público ha propuesto imputar.

"Es evidente que el hecho de desconocer quiénes son los denunciados nos genera mucha preocupación, aunque, por otro lado, sabemos que, en el supuesto de que exista alguna irregularidad, ninguno de los consejeros se dedicaba al detalle de contratas y facturas con los proveedores del parque", declaró ayer a este periódico un consejero que pidió anonimato.

También dos accionistas minoritarios del parque aseguraron estar "muy preocupados" por la investigación judicial. "Podemos llegar a asumir que el parque tenga pérdidas los primeros años, pero nunca toleraremos que se cometan fraudes", dijo un pequeño accionista que, igualmente, prefirió no identificarse.

Los máximos responsables de Terra Mítica durante los dos años en los que supuestamente se produjo el fraude eran Luis Esteban (presidente) y Miguel Navarro (director general). El responsable de las contratas en esos ejercicios era Justo Valverde, un cuñado de Eduardo Zaplana. El hecho de que la denuncia no haya llegado aún a los interesados desencadenó ayer un cúmulo de especulaciones sobre el nombre de las personas denunciadas. Terra Mítica volvió a pedir ayer que no se juegue con el nombre de los responsables y ex responsables del parque con juicios paralelos.

El Juzgado de Instrucción número tres de Valencia abrirá las diligencias previas sobre la denuncia de la Fiscalía contra 17 empresas, entre ellas Terra Mítica Parque Temático de Benidorm SA, y 25 de sus titulares, que actuaron supuestamente en connivencia para defraudar a la Hacienda Pública a través de unas facturas que no obedecen a la realidad, ya que se emitieron por trabajos y servicios no realizados ni prestados, informa Lydia Garrido. Las empresas utilizaron estas facturas para disminuir su tributación en el Impuesto de Sociedades y en el IVA, al incluir en las declaraciones correspondientes a los citados años gastos y cuotas "total o parcialmente inexistentes", según la fiscalía.

Las 70 cajas con documentación del expediente, remitido a finales del pasado mes de junio por la Agencia Tributaria a la Fiscalía, se trasladaron ayer al juzgado, del que es titular el magistrado Francisco de Asís Silla Sanchis (anteriormente en Primera Instancia número 11, también de Valencia).

Por parte del ministerio público la Fiscalía, el asunto seguirá en manos de la fiscal Carmen García Cerdá, adscrita a delitos económicos, que conoció del asunto prácticamente desde el principio de manos del coordinador del área y que es quien preparó la denuncia presentada. En ella, solicita que el juzgado llame a declarar en calidad de imputados a 25 responsables de las empresas que componen lo que la propia fiscalía ha calificado de "trama organizada". Entre esas personas se encuentran, según la Fiscalía, tres consejeros de Terra Mítica y los empresarios Vicente Conesa, Antonio Vicente Moreno Carpio y José Luis Rubio Sánchez. Algunos de los representantes legales de las personas cuya imputación solicita la Fiscalía expresaron ayer su protesta por no haberles sido aún trasladado oficialmente el contenido de la denuncia y la supuesta responsabilidad que en los hechos les atribuye el ministerio público.