Bono se atribuye un éxito diplomático con Filipinas que Moratinos logró en septiembre

El ministro de Defensa, José Bono, anunció ayer que había logrado algo que su compañero de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ya había conseguido hacía dos meses. Bono divulgó en Manila que la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal, se había comprometido ante él a no ejecutar la pena de muerte impuesta al hispano-filipino Francisco Larrañaga ni ninguna otra mientras ella esté en el poder. Ese compromiso lo obtuvo Moratinos el 21 de septiembre de su homólogo filipino y de Macapagal, y así lo comunicó en el Senado el 5 de octubre. De hecho, hay un proceso en Filipinas para abolir la pena capital.

Macapagal Arroyo y Bono estuvieron ayer reunidos en el Palacio de Malacañang. A la salida del encuentro, delante de las cámaras de televisión, el ministro agarró un teléfono y se puso en contacto con la familia de Larrañaga para contarles que la presidenta le había autorizado a darles la noticia. "Le llamo para comunicarle que su hijo no será ejecutado", les dijo ante toda la prensa reunida en el palacio presidencial. Larrañaga, de 27 años e hijo del ex pelotari vasco Manuel Larrañaga y de la filipina Margarita González, está condenado a muerte con otros cinco jóvenes filipinos por el secuestro, violación y asesinato de dos hermanas ocurrido en la ciudad de Cebú en 1997. El condenado siempre ha proclamado su inocencia, así como que en el juicio hubo irregularidades.

Bono dedicó luego parte de su tiempo a conceder entrevistas a medios de comunicación españoles. "Me ha dicho que mientras ella sea presidenta no se ejecutará la sentencia de muerte y ha añadido que además hará lo que pueda por este muchacho", explicó en una entrevista a la cadena SER y en otra a RNE. El Ministerio de Defensa difundió una nota de prensa con la nueva, que fue divulgada por todos los medios de comunicación.

"No hay novedad"

Sin embargo, horas más tarde, el Ministerio de Asuntos Exteriores se puso de nuevo en contacto con la familia para aclararles que "no hay ninguna novedad" en la posición sobre este caso de la presidenta filipina respecto al compromiso ya anunciado el pasado septiembre. Fuentes de este ministerio explicaron que el titular de Exteriores filipino, Alberto Rómulo, ya explicó en septiembre en Nueva York a Moratinos que Macapagal se había comprometido a que durante su mandato no se iba a ejecutar a ningún condenado a muerte. Esta noticia fue transmitida a la familia de Francisco Larrañaga.

Moratinos, además, ya informó de ello en el Pleno del Senado del pasado 5 de octubre a preguntas del senador del PNV Iñaki Anasagasti, miembro de una comisión parlamentaria que ya intercedió por la suerte del hispano-filipino durante una visita a dicho país girada en abril, en la que incluso se reunió con Francisco Larrañaga y sus padres. "Hemos tenido ocasión de escuchar por parte del ministro de Asuntos Exteriores y también de la presidenta Macapagal que durante su periodo no habrá ejecuciones de muerte; incluso están tratando de iniciar un proceso de presentación de un proyecto de ley de abolición de la pena de muerte en Filipinas", dijo textualmente Moratinos en el Senado, durante una sesión en la que no fue interpelado el ministro Bono. "Quiero que sepa", añadió, "que este Gobierno y este ministerio se dedica diariamente a mejorar la situación del señor Larrañaga", tal y como figura en la página 2955 del Diario de Sesiones número 55 de la Cámara Alta. Moratinos citó todas las instancias españolas que han venido luchando por la vida del español desde que fue detenido, en septiembre de 1997.

El aplazamiento de la ejecución hasta el final del mandato de Macapagal, previsto para 2010, no satisface plenamente a la familia, que lucha por el indulto o por la reapertura total del caso. Una vez agotado todo el proceso judicial (incluido el recurso al Tribunal Supremo de Filipinas) y salvo reapertura tras recientes y sorprendentes revelaciones de un policía, sólo queda lograr la gracia presidencial. "No hay ningún compromiso de una resolución inmediata en el tema de la libertad y el indulto total de Paco", declaró el abogado del condenado en España, Javier Viada, a Europa Press. Viada admitió la "auténtica y loable preocupación" del Gobierno por este caso y valoró que se aproveche "cualquier ocasión" para pedir la clemencia presidencial.