Vecinos y entidades quieren que la nueva ordenanza municipal se someta a audiencia pública

Las voces de los representantes vecinales y asociaciones tan dispares como SOS Racisme, la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados, el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, y la Plataforma de las Trabajadoras Sexuales se unieron en un debate que mostró el lado más crítico sobre la nueva ordenanza municipal aprobada inicialmente por el Ayuntamiento de Barcelona y formularon una petición formal: que el texto, que calificaron de "represivo" y "moralista", se someta a una audiencia pública y se alargue el periodo de exposición y de presentación de alegaciones.

El tono empleado en la reunión no tuvo nada que ver con el de los concejales del Ayuntamiento de Barcelona en la aprobación inicial de la ordenanza. El debate celebrado el martes en el centro cívico de las Drassanes -que se quedó pequeño- mostró el lado más crítico y duro respecto a la normativa, que se encuentra ya en proceso de tramitación. El encuentro fue convocado por el Consell de Joventut de Barcelona, la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB) y otras entidades que conjuntamente presentarán alegaciones en el periodo de exposición pública del texto. Aunque, para empezar, plantearon que un conjunto de normas que afectan a todos los ciudadanos debe ser debatido "sin prisas". El debate puso en evidencia el malestar que la nueva ordenanza despierta entre no pocos colectivos que se sienten directamemente perjudicados -como los inmigrantes y las prostitutas- y entre los trabajadores sociales que atienden a personas en situación de exclusión social. Opinaron, por ejemplo, que la ordenanza quiere "ocultar" la realidad de exclusión y "sacar de la calle lo que no quieren ver", en expresión de Santiago Vidal, magistrado y presidente del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (DESC). Vidal se mostró muy crítico, por ejemplo, con el régimen sancionador previsto en el texto: "En no pocos artículos de daños en el espacio público se establece primero la sanción y, en segundo término, la reparación del daño de forma directa o con trabajos a la comunidad. Y debería ser al revés". Su voz, con ser crítica, no fue de las más duras que se oyeron el debate. Entre el público, varios jóvenes no dudaron en afirmar que la ordenanza casi "criminaliza" a los jóvenes, por ejemplo, cuando acota hasta la práctica de algunos juegos de calle. Clarisa Velloci, de la Plataforma de Trabajadoras Sexuales, opinó que lo regulado por la ordenanza en materia de prostitución "agravará la condición y situación de las trabajadoras sexuales en situación más delicada". Criticó también la prevista ayuda de los servicios sociales a las prostitutas que ejerzan en la calle. "Suena a redención. ¿Y qué harán con las que no quieren dejar la profesión?", se preguntó. Algunos participantes pidieron directamente el boicoteo de la normativa y recriminaron al Gobierno municipal que, siendo "de izquierdas", promueva una ordenanza que consideran "moralista" y que criminaliza a los más desfavorecidos. Ningún partido del tripartito municipal se libró de las críticas, incluida Iniciativa per Catalunya-Verds, que se abstuvo en la votación inicial de la ordenanza. Reproches que soportó allí mismo el regidor Ricard Gomà con cara de circunstancias.