Consell y oposición confrontarán en el debate de la LUV dos modelos urbanísticos opuestos
El pleno discute las enmiendas a la totalidad presentadas por socialistas y EU-L'Entesa
Populares, socialistas y EU-L'Entesa confrontarán hoy en las Cortes Valencianas su modelo de urbanismo en la primera sesión de debate en torno al proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV). El consejero Rafael Blasco cierra con este texto el proceso de renovación legal emprendido esta legislatura, mientras los socialistas defenderán un proyecto alternativo que corrige los peores aspectos de la LRAU, en vigor. EU-L'Entesa pedirá la retirada del proyecto de LUV e insistirá en la necesidad de un cambio de política urbanística y de una moratoria.
Los tres grupos políticos reproducirán hoy un debate que se abrió a finales de verano con la oferta lanzada por el Consell al principal grupo de la oposición -el socialista- de pacto urbanístico. No hubo acuerdo y desde entonces la discusión sobre el modelo territorial de unos y otros se ha enconado.
Hoy el consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, autor del texto original, defenderá que la LUV ha sido respaldada por el CES y por el Consejo Jurídico Consultivo, adapta la legislación valenciana a las pautas de la Unión Europea y corrige "las desviaciones no deseadas" de la LRAU, en vigor. Según Blasco, la futura LUV "garantizará el desarrollo sostenible de la Comunidad en los próximos 25 años" y completa la renovación legislativa en materia urbanística emprendida por su departamento en 2003 y que ya se ha concretado con la aprobación de tres nuevas leyes: la de Ordenación del Territorio, la del Suelo no urbanizable y la de Vivienda.
El planteamiento socialista está en las antípodas. El diputado Adolf Sanmartín defenderá en la tribuna la enmienda a la totalidad acompañada de un texto alternativo, presentada por su grupo para atajar el crecimiento sin límites "alentado por las políticas depredadoras" del PP.
Sanmartín abogará por un urbanismo más transparente, "dirigido por los ayuntamientos y no por los promotores inmobiliarios" y donde la vivienda protegida no sea testimonial. El diputado, coordinador del área de Territorio en el grupo parlamentario, abundará en que es posible otro modelo de urbanismo, y citará como ejemplo la reciente iniciativa del Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero de comprar un centenar de parcelas del litoral valenciano para reforzar la protección de la costa.
El parlamentario Carles Arnal defenderá la enmienda a la totalidad al texto del Consell y exigirá su retirada. Este grupo ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de paralizar todos los PAI -Programas de Actuación Integrada- en trámite hasta que se apruebe la nueva ley urbanística.
El proyecto de LUV, aprobado en mayo pasado por el Consell, ha recibido tras su entrada en el Parlamento valenciano más de 800 enmiendas -más de 200 del PP-, de ahí la petición de retirada del texto de los dos grupos de la oposición. Hoy se debatirán exclusivamente las dos enmiendas a la totalidad presentadas por socialistas y EU-L'Entesa y en una semana comenzará el debate en comisión del voluminoso paquete de enmiendas.
Los límites al crecimiento
Los socialistas rechazan el texto original de la LUV, pero también las enmiendas presentadas a posteriori por el Grupo Popular. Entre otras críticas, ni el proyecto de ley ni las enmiendas favorecen la construcción de vivienda protegida. Además, el diseño territorial está, según el PSPV, más en manos de los gabinetes privados que antes y no hay criterios para los concursos de los PAI: "Se dice que ha de haber criterios, pero no se dice cuáles", dijo hace unos días el socialista Eugenio Burriel, secretario de Territorial del partido. Tampoco se recuperan las plusvalías para los ayuntamientos, y los propietarios afectados por un PAI "tendrán menos información que antes".
El proyecto de LUV consagra además, según el PSPV, el crecimiento urbanístico "ilimitado" y permite la no demolición de edificios multados por infracciones urbanísticas.
Esquerra Unida-L'Entesa ha presentado 360 enmiendas, en las que pide un aumento de las sanciones o reservar un 33% de cada PAI a vivienda protegida. Con sus enmiendas, este grupo busca aumentar las garantías y derechos de los pequeños propietarios; reducir las prerrogativas del agente urbanizador y aumentar la competencia y la transparencia en los procesos. También reclama el fin del crecimiento discontinuo de las ciudades, porque "el desarrollo urbanístico debe ir pegado a los centros urbanos y no de forma aislada".
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