Dos cortocircuitos del mercado eléctrico

Aunque la OPA de Gas Natural sobre Endesa, congelada ahora por el nervio obstruccionista de los directivos de la compañía eléctrica y sus aliados políticos del PP, ha relegado al olvido la reforma del mercado eléctrico, el Ministerio de Industria tendrá que enfrentarse bien pronto a dos consecuencias indeseables de ese mercado eléctrico degradado que construyeron los equipos económicos de Aznar para simular una racionalización de los ingresos y los costes de las compañías. El primero de estos desperfectos es el llamado déficit de tarifa, que superará muy probablemente al finalizar el año los 3.600 millones de euros; quizá se aproxime a los 3.800 millones, según los cálculos de analistas privados que todavía no se asustan al acercarse al mareante agujero negro creado por las compañías eléctricas y sus empresas vinculadas.

En el cálculo del déficit de tarifa debería incluirse solamente el aumento de los costes reales, es decir, el encarecimiento del precio del combustible

El segundo es qué hacer con los Costes de Transición a la Competencia (CTC), reconocidos por Rodrigo Rato y Josep Piqué, responsables de Economía e Industria en el primer Gobierno de Aznar como una generosa contribución a las compañías eléctricas con cargo a los bolsillos de los consumidores. Según el informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) elaborado durante el mandato de Pedro Meroño, a 31 de diciembre de 2004 quedaban unos 3.800 millones de euros por amortizar en concepto de CTC, después de corregir la amortización nominal según la cual faltarían unos 8.500 millones de euros con los resultados de explotación superiores a lo previsto en el cálculo inicial en 1997. No parece que la mencionada OPA vaya a corregir estas dos graves disfunciones del mercado. El Gobierno tendrá que decidir sobre ambas bolas de nieve, si quiere evitar sus consecuencias sobre las tarifas a partir de 2006.

El déficit de tarifa -es decir, los ingresos por tarifa son insuficientes para retribuir los costes reconocidos de las eléctricas- es un efecto lógico de la deficiente construcción del mal llamado mercado eléctrico de generación, en el que los precios vienen fijados por las decisiones de las grandes eléctricas y sus compañías vinculadas. Ansiosos por trasladar a sus votantes la idea de que la gestión del PP abarataba el recibo de la luz, los gobiernos del PP construyeron la ficción de que bajaban las tarifas, pero se cuidaron mucho de explicar que lo que las compañías eléctricas no percibían vía tarifa lo recibían vía CTC; y que, además, se ponía en marcha el agujero negro creciente del déficit tarifario, admitido sin más examen ni limitación por los gobiernos del PP, primero, y, ahora, del PSOE. En el estrambótico mercadillo eléctrico que regula el precio final del kilovatio de generación, el cálculo de las tarifas para este año se hizo sobre un coste estimado del megavatio de unos 36 euros; y el precio actual supera los 50. En el cálculo del déficit de tarifa deberían incluirse solamente el aumento de los costes reales -básicamente, el encarecimiento del precio del combustible-. El Gobierno no debería aceptar el aumento de los costes de estructura que las empresas incorporan -hasta el momento, sin oposición alguna- en el cómputo final del déficit. Tecnologías como el agua o la nuclear, cuyos precios no se han visto afectados por la subida de los combustibles fósiles, se benefician de que el esquema actual de retribución paga el precio marginal del mercado fijado por las centrales térmicas convencionales y ciclos combinados.

Si José Montilla quiere ordenar la tarifa eléctrica de forma inteligible para los consumidores y para los inversores, debería cerrar de una vez por todas la embarazosa situación creada por los CTC, el mercadillo eléctrico de generación y el déficit tarifario. Sin mercado real (es decir, sin un mercado no manipulado) no hay posibilidad real de calcular el precio del kilovatio producido. Las opciones que explora el Gobierno para racionalizar la situación son:

- Reconocer solamente los aumentos de costes reales en el cálculo del déficit tarifario. Recalcular los CTC pendientes, explorando a fondo el último informe de la CNE, que sugería que, después de que el resultado real de explotación superara la previsión de resultados que sirvieron de base al cálculo de CTC, la cantidad máxima pendiente de pagar a las empresas es de 3.800 millones de euros como máximo.

- Si se admite el pago del déficit tarifario, se haría a cuenta de los CTC. Como las cantidades son parecidas, una solución correcta sería cancelar los CTC con el pago del déficit y acabar de una vez con las perturbaciones de la tarifa. Contraindicación: la Endesa resultante que quedaría en manos de GN -si triunfa la OPA- sufriría una merma importante de ingresos.

- Si el Gobierno pretende seguir fijando las tarifas, es necesario establecer un mecanismo fiable para calcular los costes. El mercado actualmente en funcionamiento no lo es. Para formar un mercado eficiente ayudaría que GN culminara con éxito la OPA sobre Endesa -en la operación está implícito un intercambio de activos-, aunque, desde luego, no sería suficiente. Probablemente será necesario poner en marcha nuevos intercambios de activos con otros agentes distintos.

- El Libro Blanco de Ignacio Pérez Arriaga sugiere la aplicación de subastas virtuales, contratos a largo plazo y otras limitaciones para perfeccionar el mercado. Es dudoso que la estructura actual del Ministerio de Industria sea capaz de articular disposiciones legales complejas para poner en marcha tales limitaciones del mercado, complejas y de difícil gestión.

- Supuesta la ausencia de mercado, las posibilidades van desde la fijación de tarifas en función de los resultados de las compañías hasta fijar un procedimiento de fijación de precios forward al principio de cada trimestre.

- Quizá la opción más coherente con el mercado -y con la comprobación de que el Gobierno carece de instrumentos para fijar correctamente las tarifas- es la de liberalizar el precio de la electricidad. Esa hipótesis requeriría, al menos, un pacto implícito con los agentes energéticos -no sería posible con la estructura actual de mercado-, que incluiría la eliminación del riesgo regulatorio a cambio de una competencia efectiva, y la separación total de la propiedad de generación, por un lado, transporte y distribución.