Derecho de admisión

El jueves pasado, al cronista le impidieron hablar en la sala de exposiciones de la Diputación Provincial de Alicante, donde debía pronunciar unas palabras de presentación de la obra plástica de un artista, que así se lo había pedido y había aceptado, como el hecho de que en el catálogo se publicara un escrito suyo. El impedimento o la prohibición se la comunicaron a dicho artista, y no al interesado, pretextando, al parecer, que el cronista "los ponía a parir en sus artículos". ¿Estamos, pues, ante un caso flagrante de revanchismo institucional por ejercer la libertad de expresión y de crítica? Tal parece. Y sin embargo, el cronista no pretende implicar en tan mezquino asunto a una institución que es de todos los ciudadanos y, por supuesto, también de sus representantes políticos, elegidos y pertenecientes a diversos partidos, y que entre todos los ciudadanos igualmente la costean, incluyendo los salarios de las referidos representantes políticos, en su pasajera condición. Más bien tiene para sí que se trata de una previa censura inconstitucional -se han vulnerado ostensiblemente derechos y artículos fundamentales- ejercida por unos mendas autoritarios y nostálgicos, a quienes el cronista espera que se les siente la mano con rigor, en evitación de que, con su incivil conducta, concluyan impunemente convirtiendo la Diputación Provincial en un territorio de arbitrariedades y venganzas miserables y esperpénticas. Tan esperpénticas, recuerda el cronista, como el episodio aquel, sucedido durante la dictadura franquista: ocurrió que un modesto limpiabotas fue declarado, a redoble de tambor, persona non grata, por su sindicato vertical, y por denunciar, a través de este mismo cronista y en un diario que cumplía, aunque siempre a la greña, la inmundicia de su vivienda. Tanto clamor levantó el hecho, que el gobernador civil de entonces llamó al limpiabotas, llamó luego al cronista, y finalmente dejó sin efecto la grotesca declaración y terminó por facilitar al limpiabotas una vivienda más digna. Cuando menos, el gobernador de marras tuvo conciencia del desafortunado incidente y sentido del ridículo.

Al cronista le da cierto repelús que otros mendas puedan proceder, por lo bajines y con el arte del disimulo, utilizando métodos dictatoriales, que les lleve a degradar y privatizar una institución democrática, poniéndola al servicio de sus tristes vindictas. Es por eso que el cronista se disculpa ante sus lectores, por contarles una historia que, pese a sus apariencias, no es menor. El cronista tenía previsto escribir su columna dominical sobre al alcance de las presuntas e incesantes corrupciones inmobiliarias, y de los automóviles de lujo, que se gastan algunos. Pero ha reflexionado sobre este desatino y ha considerado que, con más frecuencia de lo que parece, también se comenten corrupciones éticas en el ejercicio provisional del cargo y en la función. Corrupciones que alientan descréditos, revanchas y atentados contra la dignidad y los derechos constitucionales de la persona. Por eso el cronista lo ha hecho aquí, convencido de que no se producirán más motivos que justifiquen que, en la entrada de la Diputación Provincial, se cuelgue un cartel que diga: "Se reserva el derecho de admisión", como si fuera un club de señoritos y caciques, o un antro de rufianes.