La ley estatal prohíbe todas las campañas publicitarias de autobombo

La ley estatal de Publicidad Institucional, aprobada por unanimidad el pasado día 13 por el Congreso de los Diputados, prohíbe de manera tajante las campañas de publicidad que tengan como finalidad destacar "los logros de gestión o los objetivos alcanzados" por la Administración del Estado, una norma que deben cumplir también las comunidades autónomas al aprobarse una enmienda de IU que le da rango de "legislación básica".

Esta norma del Congreso, que aún debe pasar el filtro del Senado, supera en este aspecto a la ley andaluza de Publicidad Institucional, la cual establece una limitación temporal para la contratación de las llamadas campaña de autobombo, es decir, de propaganda encubierta de la Administración andaluza.

La norma autonómica prohíbe "informar, con carácter general, sobre los proyectos y resultados de la gestión pública", desde el día de la publicación de cualquier convocatoria electoral hasta el día de la votación, mientras que la ley estatal, con una redacción más contundente, extiende esta prohibición a toda la legislatura.

Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía estudiarán la ley del Congreso una vez que esté definitivamente aprobada y será entonces cuando dictaminen si hay una invasión de las competencias autonómicas, como creen algunos grupos minoritarios del Congreso. Fuentes de los servicios jurídicos indicaron que la normativa estatal "complementa" la andaluza, aunque admitieron también que es "más amplia" respecto a las prohibiciones.

"La aprobación de la normativa nacional no va a modificar un ápice la nuestra", afirmó ayer en Jaén el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, quien sostuvo que la ley andaluza "es más avanzada" que la estatal.

IU pide información

La portavoz de IU, Concha Caballero, coincidió con Zarrías en que respecto "al control de las campañas institucionales" es más avanzada la ley autonómica, pero en cuanto a la redacción de lo que es la actividad publicitaria de la Administración es "más ambigua". "Acordamos cuando se aprobó la ley que iban a cambiar los usos y costumbres del Gobierno andaluz y que iba a haber un giro en esta materia", afirmó.

A juicio de Caballero, en la actualidad "hay una profusión exagerada de publicidad institucional, sin que sea informativa, sino propaganda", por lo que el próximo lunes pedirá la comparecencia de Zarrías "sobre el cumplimiento de la ley andaluza".

La reforma de la ley de Publicidad Institucional se aprobó el pasado mes de marzo dentro del paquete legislativo de impulso democrática. La principal novedad es la de hacer públicas la adjudicación de los contratos superiores a 30.000 euros con una periodicidad cuatrimestral, así como las ayudas y convenios suscritos por la Junta y las Administraciones locales con los medios de comunicación.