El alcalde de Lanjarón posee parte del suelo que se recalificará como urbano

El alcalde de Lanjarón, José Rubio (PP), admitió ayer que, como publicó el sábado el periódico Granada hoy, es propietario de parte de los terrenos pendientes de recalificación para instalar un complejo turístico en la localidad. Rubio consideró lícita la situación y aseguró que es normal conseguir beneficios de una operación urbanística. "Así son las reglas del mercado", afirmó.

La operación urbanística de Lanjarón es sobre 57.416 metros cuadrados que ahora son para uso industrial y en los que se pretende construir un centro turístico. De ese suelo, 14.731 metros cuadrados son del alcalde. "El que yo tenga o no tenga una propiedad cerca o lejos de un terreno que es del Ayuntamiento, no importa nada", afirmó. "Ahora se ha vendido aquí un hotel viejo en 450 millones de pesetas (2,7 millones) y lo compraron por lo que lo compraran... Que han dado un pelotazo... mire usted, están dentro del mercado. Ha habido quien le de lo que han pedido y ya está. Fincas que no valían ni dos millones, están dando los ingleses, ocho, veinte, treinta... ¿eso son pelotazos?", añadió.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lanjarón, Encarnación Tito, dijo que "en el polígono industrial [pendiente de recalificación] están afectados metros del alcalde y ése es el problema, que están dentro del propio polígono, no colindantes".

Para la portavoz socialista, "al recalificar los terrenos, él también gana en la operación". "Ése es el problema que no es aceptable", añadió.

José Rubio asegura que esta actuación turística es importante para el pueblo, mientras los socialistas rechazan las recalificaciones. "Llevamos seis años solicitando suelo industrial, importantísimo para el desarrollo económico de Lanjarón; pidiendo soluciones para que los empresarios no tengan que marcharse del municipio y no se destruya empleo y la red industrial local; y esperando que aparezcan unos empresarios turísticos que nunca aparecen, es demasiado fuerte", dijo la portavoz socialista.

Comisión

La delegada de Gobierno de la Junta en Granada, Teresa Jiménez, recordó ayer al alcalde que "una recalificación no puede aprobarse por la fuerza, ya que el acuerdo del Ayuntamiento pleno debe pasar por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio". Jiménez es la presidenta de este último organismo. De esta forma, la Junta deberá, de producirse el acuerdo de recalificación de los terrenos, solicitar informes técnicos que avalen la operación. En cualquier caso, Jiménez aseguró que la titularidad de los terrenos no tiene por qué condicionar la resolución de los técnicos.

Tampoco será fácil el pleno para sacar adelante la propuesta de recalificación urbanística. El equipo de gobierno sólo cuenta con seis concejales. Como el alcalde tendría que ausentarse de la sesión, el gobierno quedaría con cinco votos y el PSOE con otros cinco. Todo dependería de quién ejercería en la sesión voto de calidad para solventar el desempate o de la posición del único concejal del Partido Andalucista.