Las cartas sobre la mesa

El próximo viernes los cuatro grupos del Parlamento andaluz (PSOE, PP, IU y PA) darán un penúltimo vistazo a un informe de los letrados en el que se recogerá el borrador de texto articulado de los acuerdos sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. El documento no es definitivo ni prejuzga la posición definitiva de cada partido, pero supone un empujón significativo a los trabajos de la ponencia. El calendario acordado por todos es que a finales de diciembre haya registrada una proposición de ley de reforma, a ser posible con la firma de los cuatro, de manera que en 2006 el texto entre para su discusión en las Cortes y en 2007 se pueda celebrar el referéndum de aprobación.

Los partidos han intensificado los contactos bilaterales. Éstos serán más frecuentes a partir de primeros de octubre, cuando debatan los asuntos en los que hay discrepancias. Ya no valdrán las posiciones ambiguas y será necesario poner las cartas boca arriba, aunque en el largo debate en comisión aún habrá tiempo para la transacción, el consenso y la sorpresa. En esa fase los grupos tendrán que votar -el sistema de mayoría aún no está establecido-, sin renunciar, en ningún caso, a que figuren sus posiciones discrepantes.

La clave está en saber en qué asuntos el PSOE se queda solo en su defensa. Sobre el papel aparecen dos temas que dan mucho juego político y periodístico: la limitación de mandatos del presidente de la Junta y la convocatoria separada de comicios autonómicos. También habrá que esperar hasta dónde va llegar el PSOE en la financiación de los ayuntamientos, tema capital para PP e IU.

Los ponentes consultados creen que uno de los escollos básicos se centrarán en las competencias, aparcadas a la espera de lo que pasa en Cataluña. Lo que hay hasta el momento es una relación de 56 materias (exclusivas, compartidas y delegadas). PSOE, IU y PA, con distinta intensidad, quieren blindar las competencias exclusivas a fin de evitar que la legislación básica estatal invada o "desapodere" el Estatuto, como afirman los socialistas.

En principio, el PSOE está dispuesto a estudiar en la reforma la utilización del artículo 150.2 de la Constitución, que permite la delegación de competencias a las comunidades mediante ley orgánica, un camino que IU y PA defienden abiertamente y al que se opone el PP. Esta vía ha sido desestimada por el Consejo Asesor de las Autonomías -en el que hay dos ex presidentes del Tribunal Constitucional- nombrado por el Gobierno andaluz, aunque el órgano encargado de visar la legalidad del proyecto de ley de reforma es el Consejo Consultivo. En principio, los socialistas creen que debe volcarse en el Estatuto aquellas sentencias del Tribunal Constitucional a favor de las comunidades en los conflictos competenciales (los relativos a medio ambiente con los parques nacionales, por ejemplo).

La denominación de la comunidad -nación o nacionalidad-, la ampliación de derechos sociales -la eutanasia-, el carácter público y el laicismo de la educación o la creación de una Agencia Tributaria propia separan también a los grupos, que tampoco se ponen de acuerdo sobre el nivel de participación de la comunidad en aquellas decisiones políticas adoptadas en el ámbito estatal que afecten a los derechos e intereses de los andaluces.

Otra de las dudas de los partidos no se refiere a los contenidos, sino en conocer la posición exacta del Partido Andalucista, el único de los cuatro que no ha llevado texto escritos a la ponencia a la espera de la presentación de una redacción "propia" del Estatuto. La posición más que estatutaria, estatuaria del PA, provoca desconcierto en el resto de los grupos, que se preguntan cuándo va poner un texto sobre la mesa.