El Consejo Consultivo avala el recurso a la derogación del trasvase del Ebro

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha emitido un dictamen favorable sobre el recurso de inconstitucionalidad que el Consell ha anunciado contra la Ley 11/2005, de 22 de junio, de modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Según el CJC es inconstitucional la disposición derogatoria de la Ley, que deroga varios preceptos de la Ley del PHN, entre ellos los relativos al trasvase del Ebro.

De acuerdo con el dictamen, es inconstitucional la disposición adicional décima de la Ley, que regula el Plan Integral de Protección del Delta del Ebro, el cual incide de una manera determinante en la regulación del régimen hídrico de toda la cuenca del Ebro, atribuyendo la aprobación de dicho plan, no al Gobierno de la Nación, como corresponde a una cuenca intercomunitaria, sino al Estado y a la Generalitat de Cataluña, previo mutuo acuerdo.

En relación con la disposición adicional décima, el CJC aprecia hasta tres motivos de inconstitucionalidad. En primer lugar, el dictamen refleja una arbitrariedad contraria al artículo 9.3 de la Constitución, por no estar justificado que el Delta del río Ebro deba contar con un régimen especial de protección que se configura como una excepción a la regulación general del régimen hídrico de las cuencas intercomunitarias.

Asimismo, se indica la vulneración del derecho de todas las comunidades autónomas de la cuenca del Ebro a participar, a través de la Confederación Hidrográfica, en la regulación de su régimen hídrico, derecho que el Tribunal Constitucional considera implícito en las competencias que confiere a las comunidades autónomas la Ley de Aguas.

Por último, el dictamen señala la alteración del orden constitucional de distribución de competencias, ya que compete al Estado, de forma irrenunciable la gestión de las cuencas intercomunitarias, y esta gestión incluye la fijación del régimen hídrico de la entera cuenca.

Por otro lado, el eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo pidió ayer a la Comisión Europea que explique si el cambio de trazado para el trasvase Júcar-Vinalopó que propugnan los ecologistas y que defiende la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, podría suponer la pérdida de los 80 millones de euros para cofinanciar la obra que se aprobaron por el Ejecutivo comunitario en diciembre de 2003. Para él, es necesario que se aclare si la modificación del proyecto podría ser susceptible de recibir una nueva ayuda y si para ello haría falta un nuevo estudio de viabilidad por parte de la UE similar al del proyecto original.