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Los socialistas recurrirán ante los tribunales el proceso de concesión de licencias televisivas

Los alcaldes presentarán mociones en sus plenos para solicitar la nulidad del proceso

Los alcaldes socialistas van a luchar contra la reciente adjudicación de los canales de televisión local del Gobierno regional. Pedro Castro, alcalde de Getafe, Manuel Robles, de Fuenlabrada, y Jesús Dionisio, de Aranjuez, anunciaron ayer que piensan presentar en septiembre un recurso contencioso-administrativo para que el proceso sea declarado nulo. Estos regidores, y todos los que tiene el PSOE en Madrid, han firmado un manifiesto de protesta por esta adjudicación y elevarán mociones a sus respectivos plenos para que las licencias otorgadas no tengan validez.

El viernes 5 de agosto, el Gobierno de Esperanza Aguirre hizo público el resultado del concurso para la adjudicación de canales de la futura televisión digital terrestre al sector privado. Se repartían 30 licencias para las 10 demarcaciones en que se dividió la Comunidad, y todas cayeron en manos de grupos afines al PP.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, obtuvo 10, una por demarcación, por lo que podrá montar un canal autonómico. La Iglesia Católica consiguió cinco. Uniprex (Antena 3-Onda Cero), cuatro. Federico Jiménez-Losantos (periodista de la Cope, controlada por la Conferencia Episcopal), cuatro. José Frade (Canal 7), tres. Blas Herrero (Kiss TV Digital), dos. Homo Virtualis (grupo Intereconomía), una y Unedisa (editora de El Mundo), otra. Ni Localia (gestionada por PRISA) ni Tele 5-Grupo Zeta obtuvieron licencias.

El grupo socialista lleva dos semanas mostrando su descontento con las adjudicaciones, que ayer fueron calificadas de "antidemocráticas", "prepotentes" y "arrogantes".

Castro, Robles y Dionisio anunciaron ayer medidas concretas. En rueda de prensa informaron de su intención de presentar en septiembre un recurso contencioso-administrativo para que las concesiones sean declaradas nulas. También se van a presentar en los plenos de los Ayuntamientos mociones contra el proceso de adjudicación.

Las reivindicaciones socialistas se basan en dos frentes, expuestos en el manifiesto firmado. Por un lado, se habla de una "posible ilegalidad" al "incumplir sus propias normas planteadas en el pliego de condiciones del concurso de adjudicación", según explicó Robles. Esto se traduce, dicen los socialistas, en que las licencias tendrán vigencia por un decenio cuando anunciaron que serían cinco años y que han otorgado licencias "en todas las demarcaciones a una misma empresa, constituyendo así de hecho un canal autonómico privado, prohibido por ley".

"Incumplimiento de la ley"

Por otro lado, existe "un grave incumplimiento de la ley" por parte del Gobierno por no haber consultado ni convocado al Consejo Audiovisual de la Comunidad "como establece la ley", según el PSOE. El Gobierno regional ya afirmó que no es obligatoria esta consulta.

Robles, que es vicepresidente de la Federación Regional de Municipios, lamentó que el Gobierno haya dejado de lado a los municipios. "Nos han obviado y ninguneado", se quejó. "No se ha tenido en cuenta a los Ayuntamientos, y éstos van a tener que gestionar uno de los canales".

Castro, alcalde de Getafe, apoyó el razonamiento de su compañero con cifras: "Los municipios del sur de la región suman 1,5 millones de habitantes, dos veces la población de localidades como Valencia o Sevilla. ¿Alguien se imagina una adjudicación en estas comunidades sin contar con esas ciudades?", se preguntó. Castro se unió a esta queja y recordó que son los Ayuntamientos quienes ponen "el territorio y el dinero".

Otro de los puntos que más perjudicados se van a ver es, según coincidieron los alcaldes, el desarrollo tecnológico de la Comunidad. "Es una oportunidad para el consenso", explicó Dionisio, regidor de Aranjuez. "Esperamos llegar a un acuerdo para dar el salto tecnológico".

Finalmente, los socialistas propusieron la creación de una plataforma social creada ad hoc y compuesta por universidades, sindicatos, medios de comunicación y expertos. Esta plataforma sería consultiva y tendría entre sus objetivos conseguir "el mayor consenso entre la sociedad".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de agosto de 2005