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La familia del muerto en Roquetas pide cárcel para dos de los agentes

El abogado de la acusación alega la alarma social creada por la paliza en el cuartel

El abogado de la familia de Juan Martínez Galdeano, el agricultor fallecido el 24 de julio en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería), presentó ayer un recurso contra el auto de la juez Estefanía López con el que decretó libertad para los nueve guardias civiles imputados por esta muerte. La familia, al igual que el fiscal, pide prisión provisional para el teniente José Manuel Rivas y para el agente J. A. Moreno.

La acusación particular esgrime hasta cinco delitos diferentes para plantear el recurso contra el auto de la juez instructora del llamado caso Roquetas: homicidio, lesiones, trato degradante, falsedad en documento público y un posible delito de encubrimiento en la conducta de "todos" los implicados. El abogado de la familia de la víctima, José Ramón Cantalejo, también incluye en su recurso las declaraciones en el Congreso que hizo el pasado día 11 el ministro del Interior, José Antonio Alonso, en las que puso de manifiesto que el teniente Rivas ocultó pruebas a sus superiores.

A diferencia de la fiscalía, la acusación particular también esgrime la alarma social para avalar su petición de encarcelamiento. "En el presente caso encontramos patente la alarma social generada, ya que la ciudadanía en general se pregunta si los mismos hechos realizados por sujetos no adscritos a la Guardia Civil no les hubieran llevado a la situación de prisión". El escrito añade que la "impresión general" es que se habría decretado la prisión, "lo que genera alarma dada la evidente diferencia de trato".

Tanto el recurso presentado el viernes por la fiscalía como el entregado ayer en el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Roquetas de Mar coinciden en subrayar las lesiones, el homicidio y el trato degradante como tres posibles infracciones penales. En ese sentido, el Ministerio Fiscal determina en su escrito la "extralimitación en el empleo de la fuerza legítima". La fiscalía considera que ha habido un presunto de delito de lesiones, "agravadas por el uso de medios o instrumentos peligrosos" de los previstos en el artículo 148.1 del Código Penal, que establece una pena máxima de cinco años de prisión.

Influir en otros acusados

El ministerio público quiere "asegurar" las pruebas aún pendientes, por lo que solicita la prisión de dos de los imputados y, "especialmente", la del teniente Rivas. En ese sentido, menciona la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la necesidad de atenerse a la capacidad de un imputado "para influir" sobre el resto. "El riesgo que se apunta ya se ha manifestado en las declaraciones de los imputados, cuya llamativa homogeneidad entre sí sólo es comparable a su absoluta incompatibilidad con los hechos hasta el momento averiguados y, asimismo, en la ocultación de datos de trascendencia en la investigación", dice el fiscal jefe en el recurso presentado el viernes pasado.

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La acusación particular lo define en su recurso como "una clara posición de encubrimiento en la conducta de todos los implicados". Dado el período estival y de vacaciones en los tribunales, los recursos de apelación podrían resolverse a partir del mes de septiembre.

Por otro lado, el estudio histopatológico de los tejidos de la víctima no ha establecido ninguna conclusión, según el abogado de la defensa, Gustavo Arduán, si bien describe una congestión cardiaca de la víctima. "No sabemos en qué grado. Una congestión cardiaca puede ser grave o leve. El informe no lo especifica y será necesario el estudio conjunto de todas las pruebas para poderlo determinar. Las conclusiones se establecerán en un informe posterior", agregó la defensa.

Hasta el día de hoy, según la defensa, no se ha dado ninguna circunstancia ni ningún elemento nuevo de prueba "que venga a desvirtuar el contenido del auto" firmado por la juez Estefanía López el pasado 8 de agosto.

El abogado de la acusación particular, en nombre de la familia, anunció, por su parte, la petición de un informe forense independiente. "No estamos de acuerdo con las conclusiones porque dejan muchas cosas en el aire que interesa en aras a la verdad que se descubran. Las conclusiones no determinan y dejan vías muertas", dijo el letrado.

El abogado José Ramón Cantalejo atiende a los medios en Roquetas.
El abogado José Ramón Cantalejo atiende a los medios en Roquetas.EFE

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