El modelo antiterrorista francés

Enfrentada a atentados islamistas desde muy temprano (todo empezó a mediados de los años ochenta), Francia ha vivido debates intensos sobre los recortes a la libertad que un país democrático puede soportar como precio a su seguridad. La solución ha consistido en organizar un sistema de "justicia preventiva", en expresión de Irène Stoller, la persona que encabezó la fiscalía antiterrorista del país vecino hasta hace tres años.

En conversación mantenida el martes pasado, Stoller confirmó que el dispositivo judicial del antiterrorismo francés permite "detener a las personas antes de que cometan el delito, lo cual ha servido para impedir el paso a la acción de muchas redes terroristas". Que todo sea legal: no hay más que ver el empeño de París para sacar a siete franceses presos del Ejército estadounidense en Guantánamo, que fueron repatriados hace un año, seis de los cuales se vieron recluidos legalmente en cuanto pisaron el suelo patrio. Uno de ellos acaba de ser puesto en libertad tras 11 meses de cárcel preventiva.

La ley en la que descansa esa concentración de esfuerzos fue promulgada cuando nadie soñaba con Bin Laden como agitador de una guerra santa globalizada

En virtud de las detenciones 'preventivas', cientos de personas son arrestadas cada año; los sospechosos permanecen hasta 96 horas en poder de la policía

Una sola fiscalía

La clave de la opción gala es la concentración de las informaciones y de las decisiones en una fiscalía antiterrorista, que trabaja con una unidad policial (la División Nacional Antiterrorista) y con el Servicio de Contraespionaje, ambos autorizados a practicar detenciones. La ley en la que descansa esa concentración de tareas fue promulgada tres lustros antes del 11 de septiembre de 2001, cuando nadie había pensado en Osama Bin Laden como agitador de una guerra santa globalizada. Otra pata del sistema es la aplicación del tipo penal de la "asociación de malhechores con fines terroristas" a investigaciones sin apenas pruebas materiales.

"La estructura se creó como consecuencia de los atentados sufridos en Francia a mediados de los años ochenta, respaldados por el régimen iraní", explica Irène Stoller. "La diferencia es grande respecto al sistema legal británico, donde no existe una estructura judicial centralizada". Jubilada en la actualidad, Stoller todavía se subleva contra el Reino Unido, que ha denegado a la justicia francesa la extradición de Rachid Ramda, acusado de ser el cerebro y financiero de un gran atentado contra la estación ferroviaria de Saint Michel (en pleno centro de París), que provocó ocho muertos y 150 heridos en 1995. "Dicen que lo van a entregar, pero a día de hoy (por el martes pasado) no me consta que lo hayan hecho, !casi diez años después de pedírselo!", se queja la ex jefa de la fiscalía antiterrorista. Se refiere a la segunda oleada de bombas islamistas en París, que afectó a las estaciones de Saint Michel (1995) y de Port Royal (1996), encargadas por los Grupos Islámicos Armados (GIA) argelinos.

En virtud de las detenciones "preventivas", cientos de personas son arrestadas cada año; los sospechosos de terrorismo permanecen hasta 96 horas en poder de la policía, antes de ver a un magistrado. Lo cual no evita la elaboración de sumarios formales, pero la lentitud de la instrucción mantiene al sospechoso en prisión provisional durante mucho tiempo. El trabajo de la fiscalía y de la policía antiterrorista está controlado por cinco jueces de instrucción, entre ellos Jean-Louis Bruguière, siempre en medio de las investigaciones más espectaculares, y Laurence Le Vert, esta última especializada en ETA (muy conocida por el juez español Baltasar Garzón) y que, a diferencia de Bruguière, representa la discreción personificada.

Cierto: la implantación de una "justicia preventiva" en plena "patria de las libertades" ha provocado controversias. Pero no se aprecia una gran oposición pública a que se identifique y neutralice a simples sospechosos, en un país que tiene entre 5 y 6 millones de musulmanes. El servicio policial de Investigaciones Generales acaba de informar al ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, sobre un mínimo de 1.600 "conversos" al islam en territorio francés: jóvenes, hombres en el 80% de los casos, un tercio sin empleo: una de cada 10 conversiones se produce en prisión, pero el resto coincide con los suburbios donde viven las poblaciones inmigrantes peor integradas. Entre tres y cinco franceses se estima que han muerto ya en Irak, implicados en la lucha contra el ocupante estadounidense.

El precio de la seguridad

Sin embargo, la conciencia francesa sobre el problema islamista es muy anterior a Irak y al 11-S. La mayoría de la opinión pública se muestra benevolente respecto a la ampliación de poderes de la policía si esto es el precio de la seguridad interior, por más que asociaciones de defensa de los derechos humanos y parte de los intelectuales lo denuncien como propio de un Estado de excepción.

En fecha ya tan alejada como el otoño de 2000, una encuesta de Amnistía Internacional descubrió que uno de cada cuatro franceses consideraba tolerable la tortura "en ciertos casos", y a un 27% le parecía justificado dar de bofetadas a un detenido, en caso de "interrogatorios difíciles". Poco después, el general Paul Aussaresses reveló el uso sistemático de la tortura por los franceses durante la guerra de la independencia de Argelia. El Gobierno de izquierda que rigió el país vecino hasta mayo de 2002, encabezado por Lionel Jospin, sufrió incluso manifestaciones callejeras de policías por haber promulgado garantías legales para los detenidos, entre ellas la asistencia de abogado desde la primera hora de la retención policial -medida que fue derogada por el actual Ejecutivo de derechas-.

En conversaciones con colaboradores del presidente francés, Jacques Chirac, a lo largo de los últimos años, la explicación sobre los equilibrios entre seguridad y libertad terminaba desembocando en la confianza de la población en el dispositivo antiterrorista, al que se atribuye haber abortado un atentado de los GIA contra el Estadio de Francia en 1998, con motivo del Mundial de fútbol; otro atentado contra la catedral de Estrasburgo, en la Navidad de 2000; una intentona contra intereses estadounidenses en París, en otoño de 2001 (en la época de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono), y otra en el metro de París, durante una de las últimas navidades, esta última revelada por el juez Bruguière en persona, a quien se considera cercano a Chirac.

Al dispositivo judicial se añade el derroche de medios públicos cada vez que surge una alarma interior o se teme el contagio de grandes atentados (11-S en Estados Unidos, 11-M en Madrid). El objetivo perseguido es disuadir por la exhibición de fuerza. Los uniformes azules de la policía y los verde oliva de los militares se mezclan en patrullas conjuntas por aeropuertos, estaciones y otros lugares estratégicos; lo corriente es que una patrulla policial esté constituida por tres agentes, y en París, de noche, se despliegan hasta de cinco en cinco. Ningún Gobierno francés repara en gastos. Los efectivos de policía y gendarmería a su disposición (unas 250.000 personas) superan largamente los que suman la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas en España, lo cual no es proporcional a la diferencia de población (62 millones de franceses, 43 millones de españoles).

Plan Vigipirate

Cada vez que salta la alarma se activa el llamado Plan Vigipirate, que funciona como una maquinaria implacable de identificación y retención de sospechosos. Incluye medidas tales como tapar todas las papeleras de las ciudades y sustituirlas por sacos de plástico, incluso la prohibición de excursiones escolares si éstas han de utilizar el metro. La asociación de jueces progresistas y los colegios de abogados han protestado vivamente contra el último artefacto añadido al arsenal de medidas legales, que permite introducir micrófonos o cámaras de grabación en oficinas, coches y otros lugares privados, sobrepasando así la clásica escucha telefónica.

El restablecimiento de los controles en las fronteras interiores, anunciado el miércoles, es una medida reclamada por la extrema derecha desde hace años para frenar la inmigración, pese a que el mismo Sarkozy echó en cara al ultraderechista Jean-Marie Le Pen la inutilidad de restablecer "la línea Maginot", durante un debate hace un par de años. A juicio de la ex fiscal Stoller, "lo que realmente falta es una verdadera cooperación internacional. No se trata sólo del intercambio de datos, sino de una armonización de las legislaciones y de los procedimientos de investigación a escala europea".