El Ayuntamiento de Sevilla aprueba el PGOU que supondrá la ocupación del 90% del suelo
La oposición vota en contra y acusa a PSOE e IU de plegarse al interés de la Junta y el Estado
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Los 17 votos que suman PSOE e IU en el Ayuntamiento de Sevilla bastaron ayer para aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el rechazo de los 16 concejales de PP y PA. En un debate que se prolongó durante casi tres horas, los socios de gobierno defendieron la "rigurosidad" y el "rostro humano" del plan que hará que la ciudad se extienda sobre el 90% de su término municipal (141 millones de metros cuadrados). La oposición acusó al PSOE de plegarse a los requerimientos de la Junta y el Gobierno y de "crear expectativas que sabe que no va a cumplir".
El debate de aprobación provisional del nuevo PGOU, uno de los más esperados del mandato, resultó menos tenso de lo esperado. Las posiciones estaban fijadas desde hace meses y ayer sólo tocaba recopilarlas antes de someter a votación el plan que ordena el suelo urbano de la ciudad hasta el 2016.
El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y la portavoz de IU, Paula Garvín, coincidieron en resaltar el lado "humano" del plan: zonas verdes, defensa de los intereses generales frente a los particulares y apuesta por la vivienda protegida. El delegado de Urbanismo, el socialista Emilio Carrillo, fue el encargado de desgranar las bondades del nuevo PGOU. Según el edil, el plan cumple con todas sus "responsabilidades": define un "modelo de ciudad"; hace de "ejemplo" para otras ciudades andaluzas al ser el primero que se aprueba bajo los parámetros de la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía; sustituye al PGOU de 1987, que se agotó con la Expo 92; e impulsa la "segunda modernización" de la ciudad después de la muestra universal. La gran diferencia, según Carrillo, es que la Expo fue un "proyecto de Estado" mientras que la transformación que ahora empieza se "liderará" desde la ciudad.
Carrillo fue también el encargado de argumentar con números el cumplimiento de los grandes objetivos: el primero, introducir mejoras en la ciudad ya consolidada, para la que el PGOU contempla 58 centros deportivos, 55 sociales y 10 centros de salud; 10 comisarías y 3,6 millones de metros cuadrados para usos educativos. El segundo reto, según el gobierno, era diseñar la accesibilidad desde el área metropolitana, uno de los aspectos más criticados por la oposición. Para el PP y el PA, dos de los grandes fallos del gobierno han sido no concertar el PGOU con los municipios limítrofes y no cerrar con la Junta y el Gobierno la financiación de las grandes infraestructuras. Según Carrillo, existe un "pacto institucional" con el Gobierno autonómico y con el central para afrontar las inversiones. "Comprenderán que no vamos a mantener en el documento unas infraestructuras si no tenemos totalmente garantizado que la Junta no nos va a decir que no dentro de dos meses", señaló Carrillo.
Como tercer gran objetivo, apuntó el crecimiento urbano de Sevilla hasta agotar casi todo su suelo. La ciudad ocupa hoy el 62% de los 141 millones de metros cuadrados de su término municipal. El nuevo PGOU ordena otros 38 millones de metros cuadrados y deja libre apenas un 10% de suelo, en su mayoría, terrenos "inhábiles".
Entusiastas y detractores
El agotamiento del término municipal tiene entusiastas y detractores. Entre los primeros, el gobierno, que defiende el uso "sostenible" que se le ha dado a los nuevos espacios urbanos: 14 millones de metros para zonas verdes y equipamiento público, 13 para espacios productivos y tecnológicos, 16 para viarios e infraestructuras y 15 millones de metros cuadrados para construir 58.724 viviendas, el 41,24% de ellas (24.219), de VPO.
Para el portavoz del PP, Jaime Raynaud, desde que PSOE e IU suscribieron su pacto de gobierno, han invertido "demasiados" esfuerzos en pactar con propietarios de suelos en vez de concertar las inversiones con las otras administraciones.
El portavoz del PA, Agustín Villar, criticó la ausencia de un modelo metropolitano, falta de solución para los problemas de tráfico, excesivo número de viviendas y demasiadas "negociaciones bajo la mesa" con propietarios de suelo.
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