El calendario de Yagüe sobre el PGOU no prevé aprobarlo este año

El documento de avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Marbella (PGOU) lejos de servir para limar discrepancias entre el Ayuntamiento y la Junta ha agrandado la fisura entre ambas administraciones, que de nuevo ofrecen posturas irreconciliables. El equipo de gobierno que preside Marisol Yagüe se niega a aprobar el documento en pleno, como exige Obras Públicas, y quiere introducir modificaciones sustanciales antes.

El periodo de información pública previo que va a abrir la alcaldesa retrasará la aprobación inicial del nuevo planeamiento hasta el próximo año, según han admitido fuentes municipales.

El avance del PGOU redactado por el urbanista Manuel González Fustegueras debía ser el instrumento que aclarara un nuevo panorama de seguridad jurídica y legalidad urbanística en el municipio, después de 14 años de una política municipal que ha vulnerado leyes autonómicas y el propio PGOU vigente, que se mantiene sin revisar desde 1986.

Para la Consejería de Obras Públicas, la prioridad máxima es que Marbella se dote cuanto antes de un planeamiento urbanístico y entiende que para ello el Ayuntamiento debería llevar ya a pleno la aprobación inicial del documento de avance. A partir de entonces se abriría el preceptivo periodo de información pública y presentación de alegaciones, una vez estudiadas y atendidas las que se consideraran pertinentes, se produciría la aprobación provisional, también en pleno, y por último la aprobación definitiva que compete a Obras Públicas. Considerando que la Junta ya ha avalado el documento de avance, lo que reduciría sensiblemente este último trámite, la Junta entiende que en unos seis meses Marbella podría tener en vigor su nuevo PGOU.

La mayoría de los colectivos con representación en la Mesa de Participación sobre el PGOU pidió a Yagüe en la sesión del 29 de junio que se lleve a pleno el documento de avance. Pero eso no es lo que quiere el equipo de gobierno, que alegando que no existe suficiente representatividad en dicha mesa, creada en virtud del convenio de colaboración suscrito en enero de 2004 entre el Ayuntamiento y la Junta para la revisión del PGOU, ha constituido otro foro alternativo, la mesa social, donde las posturas están más divididas. Dentro del Ayuntamiento, sólo el PSOE apoya la aprobación inmediata del avance del PGOU, mientras que el PP se ha alineado con las tesis del equipo de gobierno y la amalgama de grupos mixtos del Consistorio.

El equipo de gobierno quiere sacar a información pública el plan antes de aprobarlo e introducirle modificaciones, y argumenta que no hay obligatoriedad legal de aprobar en pleno el documento de avance, y que lo habitual en todos los ayuntamientos es que la junta de gobierno le dé el visto bueno y someterlo a un proceso de diálogo con los colectivos sociales antes de la primera aprobación en pleno. Según las previsiones, el documento estaría en información pública entre julio y septiembre. Después habría un periodo de no menos de dos meses para estudiar las alegaciones y modificar el documento, que en el mejor de los casos no podría aprobarse hasta los primeros meses de 2006.

Bajo las aparentes cuestiones de forma existe una importante discrepancia de Yagüe con el documento elaborado por González Fustegueras. La alcaldesa ha dicho en alguna ocasión que le encanta el avance y que es un plan tan idílico que es imposible de ejecutar. El equipo de gobierno discrepa de los mecanismos para la legalización del 85% de las 30.000 viviendas irregulares construidas durante los mandatos del Grupo Independiente Liberal, y entiende que dejar un 15% excluido es una "discriminación que no tiene justificación".