Regar

La reciente decisión del gobierno estatal concediendo la mitad de los hectómetros cúbicos que los regantes de Murcia (y de Alacant) le habían pedido para hacer frente a la sequía que se está viviendo, actualiza el asunto fundamental que subyace en el contencioso entre escasez y necesidad en materia de aguas. Del mismo modo que el crecimiento exponencial del parque de vehículos a motor no se corresponde con el número de nuevos kilómetros de asfalto puestos al servicio de los primeros, y el Estado se ve obligado a endurecer las sanciones por infracciones al tiempo que potencia tímidamente las restricciones en el uso de los vehículos, la combinación entre la sequía y el aumento vertiginoso del consumo de agua llevan a plantearse los tradicionales problemas que envuelven el uso de las aguas de acuerdo con nuevos parámetros estratégicos. La polémica decisión gubernamental (porque no cubre la demanda de agua suficiente), que puede implicar la ruina de una parte de los cultivos afectados, recuerda a lo que podríamos llamar táctica de combate, es decir, a sacrificar una parte de los efectivos para alcanzar la posición; sin embargo, aunque en apariencia pueda parecer lo anterior, responde a otros usos políticos, de los que el gobierno ha venido dando cumplida muestra desde su investidura: hacerlo de acuerdo con compromisos políticos y no con técnicos o de largo alcance. Un año después de la derogación del transvase del Ebre, el gobierno se encuentra con la angustia de la huerta murciana (y alacantina) sometida al capricho de los gobernantes de Castilla-La Mancha, que apelan a los términos de combate y guerra para referirse a su equivocado concepto de la propiedad del agua, y confían más en la presencia de Bono en el gobierno que en el título que puedan ostentar para impedir ceder agua de los embalses procedentes del Tajo, en situaciones de emergencia como la presente. De haber mantenido el PHN en su integridad, no cediendo al chantaje al alimón de los socialistas aragoneses y de ERC, el gobierno habría retenido todo el potencial que es menester para aplicar la competencia que en última instancia le da la Ley de Aguas para actuar en beneficio del interés general, pero habiendo sucumbido de entrada ante un chantaje político cuya cobertura técnica, medioambiental y de oportunidad cada día que pasa se demuestra con menor entidad, ahora no encuentra el espacio pertinente para actuar con contundencia, y se limita a una actuación salomónica que muestra su endeble fuerza política. Algunas voces autorizadas señalan que este gesto de decretar hectómetros cúbicos del Tajo para atajar la inminente ruina de las huertas murcianas significa además un cambio de actitud del gobierno hacia la denostada solución del transvase que recogía el PHN, y que, por ello, no será de extrañar que en breve reconsidere la supresión del transvase del Ebre. No obstante, y a la vista de los problemas que está generando aquí el transvase Xúquer-Vinalopó, quizás conviene explicar que ningún federalismo (por asimétrico que se quiera) es hoy por hoy marco idóneo para resolver la conflictividad que crece en el entorno del uso del agua. Con el transvase de los excedentes del Ebre sería más sencillo transvasar los del Xúquer al Vinalopó; y con el del Ródano a cuencas del sur de los Pirineos, asunto resuelto. La competencia estatal que recoge el art. 149 de la CE, y que despliegan tanto la Ley de Aguas como el PHN habría de ser administrada sin complejos ni chantajes, ni simples reglas de aritmética política.