El tripartito catalán incluirá la financiación en el Estatuto pese al rechazo del Gobierno

El Gobierno tripartito catalán está decidido a mantener su propuesta de financiación autonómica en el articulado del nuevo Estatuto pese al rechazo que provoca en el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Durante la reunión que celebraron el domingo por la noche el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el líder de Esquerra Republicana, Josep Lluís Carod, este último apostó por mantener su modelo de financiación tal como lo acordó el tripartito a finales de abril. Ni Maragall ni los representantes del PSC en la reunión, entre ellos el ministro de Industria, José Montilla, discreparon de Carod.

Carod se compromete a que el articulado no desborde el marco constitucional

Convergència descarta un acuerdo con los partidos de izquierda sobre financiación

Llegada la última semana de los trabajos de la ponencia que redacta el nuevo Estatuto, los ponentes de los cinco grupos parlamentarios deben acordar qué modelo de financiación incluyen en el texto final. Comprobada la práctica imposibilidad de llegar a un acuerdo con la oposición de Convergència i Unió en este punto, el PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya han decidido que la propuesta de la izquierda sea la que conste en el Estatuto. La reunión que celebraron Pasqual Maragall y Josep Lluís Carod Rovira el pasado domingo permitió ratificar esta decisión, impulsada por Carod y que no generó objeciones por parte de ninguno de los representantes socialistas. Entre los miembros del PSC que acompañaron a Maragall en la reunión se encontraban el primer secretario del partido, José Montilla, y su portavoz en el Parlamento de Cataluña, Miquel Iceta.

El consejero de Relaciones institucionales, Joan Saura, defendió ayer esta decisión al asegurar que la fórmula del tripartito para la financiación "no es una propuesta de modelo propio" para Cataluña, sino "un conjunto de principios de máximos".

La propuesta catalana apuesta por crear una agencia tributaria propia consorciada o asociada con la del Estado que recaude todos los impuestos, para después traspasar al Estado un máximo del 50% de los ingresos del IVA, el IRPF y los impuestos especiales, y establece un mecanismo de solidaridad.

El Gobierno central y el PSOE consideran que esta propuesta es demasiado concreta y la interpretan como la demanda de un sistema de financiación diferenciado para la Generalitat. El secretario de organización del PSOE, José Blanco, recordaba ayer en este periódico: "Una propuesta del Estatutoo de Cataluña que llegue al Congreso con un sistema de financiación propio tendría muchas dificultades para ser aprobada".

También el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el vicepresidente económico, Pedro Solbes, rechazaron la demanda catalana poco después de hacerse pública por considerar que perjudicaba a la solidaridad interterritorial y quebraba el sistema fiscal.

Los representantes del tripartito en la ponencia del Estatuto celebraron ayer una maratoniana reunión con el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, para fijar una postura unitaria en el tramo final de las negociaciones con el resto de los partidos. Durante un receso de la sesión de trabajo, Saura avanzó que los tres partidos actuarán "como un bloque" para redactar el informe final de la ponencia y que asumirán el máximo número posible de recomendaciones del Instituto de Estudios Autonómicos, que asesora a la ponencia parlamentaria en la reforma, para garantizar el ajuste del texto a la Constitución. Concretamente, ayer Carod Rovira reiteró que todo el articulado del Estatuto no superará el marco constitucional. "Esquerra no tiene la intención de proponer cuestiones que desborden la Constitución, pero tampoco aceptará que el texto quede por debajo de las posibilidades reales que ésta ofrece", proclamó.

Fuentes próximas al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, aseguraron que ya hay acuerdo en más de 50 de las 60 materias del título de competencias. Sin embargo, por la tarde seguían sin consensuarse las competencias en materia de inmigración y cultura. Tampoco había acuerdo sobre el mecanismo para blindar las competencias exclusivas de la Generalitat y evitar así que puedan ser recortadas por leyes orgánicas del Gobierno central.

Los republicanos presentaron en la reunión con Pasqual Maragall diferentes fórmulas para sortear las posibles inconstitucionalidades que el Instituto de Estudios Autonómicos ha hallado en el borrador. Entre estas vías, Esquerra apuesta por la utilización del artículo 150.2 de la Constitución, que prevé la cesión a las autonomías de competencias reservadas en principio al Estado. Este artículo se usaría para permitir al Gobierno catalán tener competencias ejecutivas, que no normativas, en materias como seguridad privada, loterías y apuestas del Estado en Cataluña o matriculación de vehículos. El traspaso de estas competencias podría hacerse mediante una ley que acompañara al Estatuto. Fuentes republicanas señalaron ayer que el PSC no ve impedimento para que se emplee esta salida.

ERC defiende estas herramientas para evitar a toda costa una rebaja en el techo competencial que se ha marcado el tripartito. Sobre esta posible rebaja alertó también el jefe de la oposición, el convergente Artur Mas, quien reclamó a Esquerra Republicana que mantenga sus reivindiaciones iniciales en materia de autogobierno y haga caso omiso de las "presiones" de sus socios del tripartito, en especial de los socialistas catalanes. Mas insistió en el compromiso de CiU con la reforma Estatutoaria, aunque se mostró pesimista respecto a un posible acuerdo en materia de financiación. Todo apunta a que los nacionalistas mantendrán su propuesta en forma de enmiendas, que entienden mucho más "ambiciosa" y adecuada al texto constitucional.