La policía descubre actos "sospechosos" en ocho sociedades que quieren escriturar 152 fincas

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la policía considera por lo menos "sospechoso" que los responsables de las sociedades que están intentado escriturar 152 parcelas en Ciempozuelos hayan usado sólo dos notarios para la operación y que tales sociedades se hayan comprado y vendido entre sí las fincas "en la misma fecha y con números de protocolo consecutivos". Así figura en un informe que consta en las diligencias que ha abierto el juez de Valdemoro que investiga un presunto intento de macroestafa en Ciempozuelos que afectaría a 92 personas y a 152 parcelas; entre ellas, tres del Ayuntamiento de Ciempozuelos, cuatro de la Comunidad y cuatro del arzobispado.

Propietarios de suelo de Ciempozuelos han presentado una denuncia en la que afirman que varias personas han constituido, en connivencia, una maraña de ocho sociedades que pretenden inscribir en el Registro de Valdemoro un millón de metros cuadrados de suelo (suma de las 152 parcelas) amparándose en "lagunas" legales y cuyo fin es arrebatar esos terrenos a sus legítimos dueños, ignorantes de la operación, según los afectados.

Según el informe policial, el citado millón de metros cuadrados forma parte de los cuatro millones de metros cuadrados de suelo que se van a beneficiar del nuevo plan de ordenación urbana que acomete el Ayuntamiento de Ciempozuelos. Todo este terreno va a dejar de ser rústico y su valor aumentará hasta rondar, según los afectados, los 35 millones de euros. El informe policial concluye: "Por lo que se ha podido saber, se sospecha que todo parece corresponder a una práctica urdida [por estas sociedades] con la finalidad de inscribir en el Registro de la Propiedad fincas a nombre de terceros sin el conocimiento de los verdaderos propietarios. Para lograrlo, se han realizado sucesivas ventas entre sociedades que pertenecen al mismo grupo de personas, y todo ello con el objetivo de esconder el origen de la venta y aprovecharse de la existencia de lagunas legales".

Este intento de estafa se investiga en el Juzgado 2 de Valdemoro merced a una denuncia de los propietarios de terrenos afectados ante la Fiscalía de Madrid, que dirige Manuel Moix, la cual se adhirió a ella y la elevó al juez. Los denunciados son Eva N. B., administradora única de la sociedad limitada Proyectos Wiener, SIPI-Sire y Morgazo, SL; Luis M. T., administrador único de Proyectos Shadow To Do, SL; Ángel P. V., de Promociones Snaring, SL, y Ángel P. L., de Mad City, SL, y Silo 04, SL. Todas estas sociedades tienen el mismo domicilio, en el paseo de la Castellana, 210.

Tras interponerse la denuncia en mayo, el juez ordenó al registro que bloquease la inscripción de nuevos titulares de estas 152 fincas. Según la denuncia, tales empresas se han "inventado los títulos" y mediante "artificios" legales pretenden inscribirlas como propias en el Registro de Valdemoro basándose en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria.

Según el informe policial, los responsables de las ocho sociedades supuestamente implicadas en este intento de estafa han presentado en el Registro de la Propiedad de Valdemoro un total de "14 escrituras", y de ellas "se deduce que las ventas" de estas fincas "se han realizado de una forma cruzada entre las diferentes sociedades intervinientes en la operación". La policía destaca en su informe que todas estas operaciones se han efectuado en un mismo despacho notarial situado en Leganés y a cuyo frente hay dos notarios. La finalidad del magistrado es evitar que cualquier persona que compre alguna de estas fincas a la maraña de sociedades que ahora pretende registrarlas como propias pueda alegar luego que es comprador de buena fe. Uno de los notarios ha explicado que todo se ha hecho dentro de la legalidad y que hay documentación que acredita la licitud de las compraventas.

Documentación insuficiente

Antes de que el juez ordenase el bloqueo del registro de estas 152 fincas, el registrador de Valdemoro también se había negado a inscribir las escrituras que llevaron los dueños de las sociedades. El registrador entendió que faltaba documentación que acreditase la compra de las parcelas a sus dueños originarios. Esta negativa llevó a los responsables de las sociedades a recurrir esa decisión ante la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia.

Gran parte de las fincas que pretenden inscribir estas sociedades son inmatriculadas (no están inscritas en el Registro de la Propiedad). En zonas rurales se dan muchos casos como éstos, aunque ello no significa que las fincas carezcan de propietario. Para registrar una finca carente de escritura o no inscrita, existen dos procedimientos. El más rápido es el que, según los denunciantes, están empleando los denunciados. La finca no inscrita debe ser objeto de compraventa en dos ocasiones. Al notario le basta esta condición para hacer una tercera escritura e inscribirla en el registro. Según los denunciantes, se han utilizado estas ocho sociedades para comprarse y venderse entre ellas dos veces parte de las fincas en litigio.

Ángel P. -quien acudió a la notaría para escriturar las 152 parcelas- mantiene que dispone de los títulos de las fincas, que todo es legal y que las mismas se adquirieron "en lotes de herencias" a vecinos de Ciempozuelos.