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Justicia quiere que se mantenga una cárcel de preventivos en la ciudad de Barcelona

El Ayuntamiento rechaza que se construya una nueva prisión en los terrenos de la Modelo

El Departamento de Justicia de la Generalitat desea que la ciudad de Barcelona siga teniendo una gran cárcel de presos preventivos, bien sea en los terrenos que ahora ocupa la Modelo o en otro emplazamiento de la ciudad. Para que eso sea posible, habría que renegociar un convenio firmado en 2001 que preveía la sustitución de todas las prisiones de Barcelona y que en este término municipal no hubiera ninguna cárcel de preventivos. El consistorio está dispuesto a negociar, pero rechaza de plano que se construya una nueva prisión en la manzana donde se halla la Modelo.

El acuerdo suscrito el 15 de mayo de 2001 por el alcalde de Barcelona, Joan Clos, y el entonces conseller en cap Artur Mas, preveía que en 2005 estarían cerradas la cárcel Modelo de Barcelona, la de jóvenes de la Trinitat y la de mujeres de Wad-Ras, y que en esos terrenos se edificarían centros en régimen abierto, viviendas y equipamientos. La previsión era también que la gran cárcel de preventivos desaparecería y se le buscaría otra ubicación fuera de Barcelona.

Ha pasado el tiempo y la Generalitat, que es quien tiene las competencias, no hizo nada para cumplir un acuerdo que ahora el tripartito pretende renegociar. "El convenio se firmó cuando no teníamos la actual masificación. Ahora las necesidades son otras", aseguró ayer el consejero de Justicia, Josep Maria Vallès, durante la presentación del plan de equipamientos penitenciarios de Cataluña que prevé la construcción de 13 nuevas cárceles hasta 2010 con una capacidad para 6.500 presos (véase EL PAÍS de 12 de junio). Todas las ubicaciones están decididas y se mantiene el emplazamiento acordado en 2001 para los tres centros abiertos de Barcelona. Pero todavía no se sabe dónde se construirá la prisión de preventivos porque el Ayuntamiento y la Generalitat no se ponen de acuerdo. Diversas fuentes coinciden en que más que desacuerdo existen "profundas discrepancias", aunque Vallès negó ayer esa expresión categórica.

Barcelona y su entorno

"El Ayuntamiento está abierto a revisar el convenio anterior y situar el nuevo centro de preventivos en el ámbito de la conurbación de Barcelona", precisó ayer a EL PAÍS Ferran Mascarell, portavoz del consistorio. Lo que no está tan claro es qué se entiende por conurbación: el propio límite administrativo de Barcelona, las áreas urbanas colindantes o una extensión más amplia en el área metropolitana.

La posibilidad de situar la nueva cárcel en el límite estricto de la ciudad no ha sido, de entrada, rechazada de plano, pero fuentes municipales apuntan que el problema es encontrar un espacio adecuado.

Justicia, por su parte, pretende que la primera opción que se estudie sea la ciudad de Barcelona, argumentando que todas las grandes ciudades europeas tienen una gran cárcel de preventivos, y que si esa opción se demuestra inviable se busquen terrenos en la zona más limítrofe con Barcelona.Unas 400 personas se concentraron anoche ante el Ayuntamiento de Tàrrega (Urgell) para protestar por el acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno municipal y el Departamento de Justicia para construir en las afueras de esta ciudad la prisión que rechazó hace semanas la localidad de Estaràs (Segarra), informa Lluís Visa.

La concentración había sido convocada por dirigentes locales y comarcales de CiU y estuvo encabezada por el ex alcalde convergente de Tàrrega Frederic Gené, quien se dirigió a los manifestantes en la plaza Mayor y criticó la decisión municipal, así como la falta de información a la ciudadanía. Los concentrados recorrieron después unos metros para dirigirse a la sede del Consejo Comarcal de Urgell, donde se estaba celebrando una reunión del alcalde de Tàrrega, Joan Amézaga, con el consejo de alcaldes de la comarca, formado por 20 municipios, 16 de los cuales son de CiU. Amézaga escuchó las críticas de los alcaldes por el secretismo que había habido en las negociaciones con la Generalitat y el alcalde replicó que en estos casos debe imperar la discreción. Al finalizar esa reunión, Amézaga debería haber acudido al Ayuntamiento para reunirse con las entidades de Tàrrega, pero lo hizo en el Consejo Comarcal para evitar las iras de los manifestantes, que no paraban de corear consignas en contra de la cárel y reclamar la dimisión del alcalde.

El plan de prisiones de la Generalitat supondrá una inversión de 450 millones de euros y se financiará por el sistema de derecho de superficie, que consiste en pagar las obras en un plazo de entre 20 y 35 años, como se establezca en cada caso. Es un sistema similar al de un préstamo hipotecario, pues la Generalitat no recupera la titularidad del edificio hasta que transcurra ese tiempo y, mientras, abona anualmente una cantidad en concepto de alquiler.

El PSC criticaba con dureza ese sistema cuando estaba en la oposición y lo empleaba CiU, pero ayer el consejero Vallès defendió la bondad del procedimiento argumentando que la Administración no asumía ningún riesgo por defecto en las obras, desviaciones presupuestarios u otros imprevistos.

La construcción de las 13 prisiones que se hará en Cataluña en los próximos cinco años aborda el actual problema de la masificación, que se concreta en 8.312 presos y que, según las previsiones, en diciembre de 2010 serán 11.033. El Gobierno de CiU no había construido una cárcel desde 1991.

Felip Puig, portavoz parlamentario de CiU, cree que el plan de prisiones de la Generalitat responde a la "improvisación, propia del desgobierno y la incoherencias internas del tripartito". Puig asegura que no comparte ni el proceso ni el modelo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 29 de junio de 2005