Cuenta política de pérdidas y ganancias

En términos políticos, hay entidades financieras ganadoras y perdedoras. A partir del 14 de marzo, La Caixa se reveló como la entidad ganadora de las elecciones. De forma inmediata, incluso antes de que se formara Gobierno, los máximos ejecutivos de Gas Natural propusieron a los nuevos representantes políticos -en este caso a un ministro de Economía en potencia, Miguel Sebastián, después superado por Pedro Solbes- la sustitución del presidente de Repsol, Alfonso Cortina, por un ejecutivo que representara los intereses del accionista con mayor porcentaje de capital (Caixa). Transcurrieron siete meses hasta que Alfonso Cortina entregó la presidencia a Antoni Brufau, el hombre de Gas Natural. La fórmula estereotipada mencionó con insistencia que La Caixa "había ajustado las cuentas en Repsol".

Endesa concita gran parte de los últimos movimientos accionariales, como un pararrayos de las tensiones en las empresas de servicio público

Desde marzo de 2004, La Caixa actúa como un instrumento para ajustar cuentas entre la propiedad y la dirección en las empresas privatizadas

En realidad, ese ajuste para hacer coincidir la propiedad con la dirección ejecutiva de Repsol fue un movimiento político. En primer lugar, porque nunca se hubiera producido con un Gobierno del Partido Popular. Ni La Caixa ni Gas Natural se hubieran atrevido a pedir sus derechos de propiedad con Rodrigo Rato en el Ministerio de Economía y Aznar en la presidencia del Gobierno. En segundo lugar, porque la causa que originó la decisión de sustituir a Cortina fue una reacción defensiva. Cortina pidió un informe jurídico para impugnar los acuerdos de reparto de consejeros en Gas Natural, alterados por la intervención de José Luis López de Silanes, consejero delegado de Gas Natural a propuesta de Repsol, que votó en contra de las instrucciones de la petrolera. López de Silanes, perdedor en tiempos de Cortina, es ganador en el mandato de Brufau y ocupa la presidencia de CLH.

Así que, con independencia de que las cajas -y La Caixa en particular- tengan motivos técnico-financieros para acrecentar sus participaciones industriales, el impulso que dispara de verdad la ocupación de las empresas es el poder; que no siempre se limita a los ámbitos empresariales. En el caso de la fallida OPA de Gas Natural sobre Iberdrola, detrás de los cálculos financieros de las empresas implicadas figuraba el interés político de CiU y PSC en crear una empresa catalana con poder en el conjunto de la economía española.

Ajuste de cuentas

Desde marzo de 2004, La Caixa viene actuando como si fuera el instrumento financiero para ajustar las cuentas entre propiedad y dirección en las grandes empresas públicas privatizadas. Mantiene una participación significativa en Telefónica y menos importante en Endesa. Pero el modelo de cambio elegido por el Gobierno socialista para ambas sociedades -si existe, que es dudoso- nada tiene que ver con la actuación centelleante en Repsol. Las participaciones accionariales no presentan una diferencia tan significativa a favor de Repsol suficiente para ejecutar un cambio drástico en los consejos. Se sigue más bien un procedimiento de pocos cambios de consejeros, espaciados en el tiempo, a la espera de que vayan venciendo los mandatos de presidentes y consejeros.

Si el raid de La Caixa sobre Repsol resultó un éxito completo, el intento de reforzar su posición en el Consejo de Administración de Endesa resultó un fiasco. La entidad financiera catalana, con el 5% del capital, solicitó un puesto en el consejo de Endesa. La petición sorprendió a los inversores, puesto que La Caixa había defendido siempre con ardor la tesis de que el capital invertido en Endesa era de consideración meramente financiera. Al solicitar un puesto en el consejo, Fornesa y su equipo pasaban a considerar tal participación como estratégica. La razón de fondo era que La Caixa pretende crear un gran conglomerado energético en España, y los pasos directos para conseguirlo -sobre Iberdrola o Endesa- resultaron frustrados durante las dos legislaturas del PP debido a la oposición del Gobierno. Aznar y Rato eran partidarios de la política de campeones empresariales nacionales siempre que nacionales se entendiese como madrileños.

No le fue difícil a Manuel Pizarro, presidente de Endesa, rechazar las pretensiones de La Caixa, articuladas con cierta torpeza. Desde la empresa eléctrica se argumentó que el consejo ya estaba formado, que se decide en la Junta de Accionistas y que La Caixa ya tenía (tiene) una participación energética en Gas Natural. Cerrada esta posibilidad, La Caixa -a través de Gas Natural- intentó otra operación de altos vuelos: una alianza estratégica con Endesa y Aguas de Barcelona para formar ese gran grupo energético que pretende la entidad financiera y que con tanto entusiasmo apoya la Generalitat, sea el Gobierno de CiU o del Partido Socialista.

La operación se examinó con cuidado. Durante meses un grupo de trabajo analizó las ventajas e inconvenientes de la operación. Los cuadernos indicaban considerables ventajas -el grupo resultante contaba con casi todas las energías presentes en el mercado- y la ausencia de un grupo accionarial poderoso facilitaba la integración patrimonial y económica. Existían inconvenientes, por supuesto. El principal era convencer a las autoridades de competencia de que no existía un dominio de mercado incompatible con la defensa de los intereses de los consumidores.

Entonces intervino la variable política. Los números estaban hechos; faltaba iniciar las negociaciones con la dirección de Endesa para concretar los términos de la alianza. Para dar ese paso, la costumbre -o la sumisión tradicional de las grandes empresas a las directrices de los gobiernos- exige que la Administración conceda su bendición. En este caso, Fornesa y sus ejecutivos -Brufau entre ellos- se encontraron con un problema insólito: las autoridades presentes ni sabían ni contestaban. Es una característica pintoresca de la Administración de Rodríguez Zapatero el que no exista un ministro o cargo señalado que se haga responsable de la política sobre las empresas (mal) privatizadas durante los gobiernos del Partido Popular. Ni el Ministerio de Economía, ni el ministro de Industria, ni la vicepresidencia política recogen las facultades o capacidad de decisión para sellar tales operaciones. La alianza estratégica fue muriendo por consunción.

Endesa concita gran parte de los movimientos accionariales de los últimos meses, como un pararrayos de las tensiones agrupadas en torno a las grandes empresas de servicios. Fracasada la petición de un consejero para Endesa e instalada la alianza estratégica en el limbo de las operaciones sin respaldo político, apareció otra caja de ahorros, Caja Madrid, de incontestable influencia del PP de la Comunidad de Madrid. Vista a distancia -no demasiada, porque los jaques terminaron en mayo-, un observador hubiera dicho que la caja madrileña gastaba dinero en aumentar su participación -del 5% al 9%- para proteger a Pizarro de las asechanzas de La Caixa filosocialista (o filosocialista catalana). Pues no. Las cajas, quizá en mayor proporción que los bancos debido a su dependencia política directa, juegan a estrategias de poder que en algunos casos son maniobras cortesanas. Ésta fue una de ellas.

Para asombro de los observadores, Manuel Pizarro se negó inicialmente a conceder la vicepresidencia de Endesa que reclamaba Caja Madrid -para su presidente Miguel Blesa- como compensación a su 9% de capital. Sin vicepresidencia, sin capacidad de decisión en el consejo, la compra de un 4% de Endesa se convierte en un negocio poco brillante. Las explicaciones de la negativa de Pizarro se resumen en dos: primera, el presidente de Endesa no aceptaba el mensajero de Esperanza Aguirre, presidenta de la comunidad autónoma; segunda, Pizarro intuye que Miguel Blesa pretende para sí la presidencia de Endesa. Quizá el resultado de las próximas elecciones autonómicas (octubre de 2007) no resulte tan claro para algunos cargos empresariales nombrados por el PP.