Evitar peleas y hurtos
Jueces dictan órdenes de alejamiento de tiendas y centros comerciales contra jóvenes
La violencia y los comportamientos antisociales de los jóvenes han suscitado reacciones muy diversas. Los colegios e institutos intentan atajar como pueden el acoso escolar, los padres educan o maleducan en el peor de los casos a los adolescentes, que a veces resultan ingobernables, y la policía toma cartas en los asuntos más feos. Ahora ha sido el turno de los centros comerciales que la sociedad frecuenta cada vez más (sus ventas crecieron un 8,4% en Andalucía durante abril). Estos centros consideran que no tienen por qué seguir soportando que pandillas de jóvenes descontrolados provoquen peleas con consecuencias negativas para la imagen del centro y la pérdida de clientes que acarrea. A los centros comerciales se les sumaron en 2004 ciertas tiendas y comercios que veían cómo sus negocios eran visitados por cleptómanos, que sin ningún pudor regresaban para robar más y más artículos. Cansados, decidieron pedir poner tierra de por medio.
Desde el año pasado en Málaga estos negocios solicitaron a los jueces que dictaran contra estos jóvenes la prohibición de acudir a sus negocios. Y fueron escuchados. "Yo mismo dicté dos órdenes el año pasado. Una contra un joven por causar lesiones y otra contra una chica que cometía hurtos de manera continuada en una tienda". El juez decano de Málaga, Manuel Caballero Bonald, ejemplifica las decisiones tomadas por los jueces para mantener alejados a estos jóvenes, nunca menores de edad, alejados de la tentación de reincidir. "Entiendo que sí son efectivas, porque estos negocios suelen tener un servicio de vigilancia eficaz cuyo procedimiento habitual es avisar a la policía", comenta. Caballero Bonald avisa de la imposición de estas medidas, que él considera debe ser excepcional. "No se pueden dictar con carácter generalizado, sino sólo por la alteración de orden público o hurtos, pero sólo cuando son muy reiterados, cuando lo que es falta se convierte en delito por la reiteración", aclara.
El centro comercial Plaza Mayor, a las afueras de Málaga, recibe unos seis millones y medio de visitas anuales y combina la oferta diurna de cines y tiendas con la nocturna de bares y discotecas, cuyo cierre se prolonga de madrugada. Ante las peleas y la gravedad que éstas alcanzaron el año pasado, sus responsables solicitaron diez órdenes de alejamiento para estos jóvenes violentos, de las cuales cuatro están ahora en proceso de instrucción por la demora habitual que los procesos judiciales conllevan. Algunas de estas reyertas fueron filmadas por las cámaras del centro comercial y los informativos de las televisiones le dieron cobertura nacional.
"Queríamos que dejaran de dañar la imagen del centro". Su gerente, Rafael Perea, lo tiene claro: "Desde que el nivel de delitos creció, vimos que la medida podría disuadir a otros jóvenes. Nos interesa el efecto práctico por el que esos jóvenes deciden no reincidir en los incidentes graves cometidos". De cara a que sus demandas ante los jueces tengan más peso, Perea dice que el argumento de las grabaciones resulta decisivo: "El comportamiento conflictivo y antisocial está perfectamente acreditado por nuestras 70 cámaras de grabación continua", dice satisfecho.
"Para los hurtos no nos planteamos solicitar el alejamiento, por la sencilla razón de que la incidencia es relativa, y el perjudicado es cada negocio". Perea cuenta que la imagen de vulnerabilidad del centro no queda afectada en el caso de los hurtos, y sí la del negocio, que es quien debería reaccionar ante las pérdidas que los pequeños pero constantes robos les producen.
El abogado que representa al centro comercial, Juan Fernández, explica que las medidas que han solicitado están contempladas en el artículo 96 del código penal como medidas de seguridad referidas a la "prohibición de acudir a determinados lugares". "Durante el año pasado solicitamos alrededor de una decena, cuyo perfil habitual eran altercados y peleas de fin de semana", afirma Fernández.
Dependiendo de las sentencias que recaigan sobre los inculpados en las reyertas, el juez estimará conveniente que además de cárcel, o como mal menor y para evitar la reincidencia, estas órdenes de alejamiento deban ser cumplidas por los jóvenes. Será entonces cuando los guardas de seguridad deberán memorizar las caras de ciertos jóvenes conflictivos. Avisarán a la policía para que los agentes acudan raudos ante la infracción de estas medidas y estos jóvenes eviten considerarlo un reto para jugar al escondite con los guardas de seguridad.
Irene no puede dejarlo
"No puedes insistir mucho en las mismas tiendas porque se fijan en ti. Va por rachas, como todo, pero de momento no lo dejo, no puedo". Irene empezó a robar en los supermercados con 16 años, pero pronto se dio cuenta de "lo fácil que era" y ahora entra y sale de las tiendas mientras acaricia el cuter para llevarse una media de 200 euros a la semana en ropa.
En su ciudad, Granada, acostumbra a robar sola para concentrarse, ser sigilosa y no despertar las habituales sospechas que provocan estas "caras travesuras" para los grandes almacenes. Irene sabe que la regla número uno al entrar en un establecimiento es fijarse en el número de cámaras y dependientes, situar bien los probadores y localizar un hueco donde dejar las placas después de separarlas de sus prendas. A pesar de todas sus precauciones la han detenido en un par de ocasiones, pero fue un mal trago breve. Acudió a un juicio rápido, confesó su culpabilidad y nunca llegaron a avisar a sus padres.
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